Por su participación en el atentado de California 47. 
 Carmen López Anguita, acusada de nueve asesinatos y 32 delitos de lesiones     
 
 Ya.    05/06/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

Carmen López Anguita, acusada de nueve asesinatos y 32 delitos de lesiones

Por su participación en el atentado de California 47

Dos procesados pendientes de juicio en el sumario por el atentado a la cafetería California 47 de Madrid

fueron juzgados ayer ante la Audiencia Nacional.

Se trata de los supuestos miembros de la organización GRAPO María del Carmen López Anguita y de

Ernesto Fernández Portillo. El ministerio fiscal acusa a la primera de autoría material de nueve delitos de

asesinato, 22 de lesiones graves, 10 de lesiones menos graves, 29 faltas de lesiones y uno de estragos, y al

segundo de complicidad en un delito de estragos.

Los restantes encartados —José María Sánchez Casas, Alfonso Rodríguez García, Juan Manuel Pérez

Hernández y Mercedes Herranz Arcones, miembros de los GRAPO— fueron juzgados por aquella

Magistratura y posteriormente condenados, a excepción de Herranz Arcones, el 1 de julio del año pasado.

El atentado de California 47 se produjo en la tarde del 26 de mayo de 1979. Entre sus fatales

consecuencias cabe citar la muerte de nueve personas y heridas de diversa consideración de otras 60, ade-

más del derrumbamiento del establecimiento, con unos daños tasados en casi 34 millones de pesetas.

Minutos antes de la explosión los agresores dieron un aviso telefónico de la inminencia de la misma, que

no surtió efectos en cuanto a la localización y desactivación del explosivo.

En el juicio oral de ayer, los procesados fueron expulsados de la sala por desacato. Sostiene el ministerio

público en sus conclusiones provisionales, elevadas a definitivas, que López Anguita colocó un explosivo

de gran potencia —seis kilos de amonita con un temporizador regulable— en el interior de un pequeño

armario que había debajo del lavabo, en el servicio de señoras del establecimiento. En aquella ocasión,

según el fiscal, acompañaba a la procesada Alfonso Rodríguez García, ya inculpado en estos hechos,

según sentencia.

Respecto a la llamada Telefónica, el fiscal se ciñó en su informe a la existencia del concurso existente

entre la colocación del explosivo y los daños ocasiones por la explosión.

En cuanto a Fernández Portillo, el fiscal modificó sus conclusiones, si bien en principio le responsabilizó

de loa delitos ya referidos a la procesada López Anguita —con petición de penas privativas de libertad de

doscientos cincuenta años—; en el juicio de ayer redujo su calificación a la de complicidad en un delito

de estragos, con petición de penas de tres años de presidio menor.

La actuación del procesado consistió, según la acusación pública, en haber ayudado supuestamente a Juan

Manuel Pérez Hernández en la preparación de material explosivo. En el juicio anterior el tribunal

absolvió a Herranz Arcones, acusada de lo mismo, por falta de pruebas.

Los abogados solicitaron la absolución de sus defendidos por falta de medios probatorios, y el de López

Anguita insistió en la tesis defendida en el juicio de los otros procesados, de achacar el atentado de

California 47 a la ultraderecha y no a la organización GRAPO.

PRESUNTA MILITANTE DEL GRAPO JUZGADA POR LA MUERTE DE UN POLICÍA

NACIONAL.— La presunta militante del GRAPO Dolores López Guillen fue juzgada ante la Audiencia

Nacional como autora por conspiración de dos delitos de atentado, el primero de ellos con resultado de

muerte, contra los policías nacionales Simón Cambronero Castejón y Fernando Falcón Romero, por

hechos ocurridos en Barcelona el 8 de febrero de 1979.

Según las conclusiones del ministerio público, la procesada pertenecía al grupo ejecutor de la acción,

formado por Francisco Martín Valero y otros ya fallecidos. En días anteriores al de autos, según el fiscal,

Sánchez Casas ordenó a éstos realizar una acción contra miembros de la Policía Nacional y al propio

tiempo apoderarse de sus armas. Los atentados ocurrieron en febrero de 1979, cuando los policías

referidos prestaban servicio de vigilancia a un camión de reparto de gas butano en la confluencia de las

calles Pejadas y Espronceda, de Barcelona, y los miembros del grupo —ya fallecidos— se acercaron a

ellos e inesperadamente, y con ánimo inequívoco de matar, dispararon sus arma». El señor Cambronero

murió poco después y su compañero resultó herido de gravedad. En el juicio declaró uno de los testigos

presénciales, que dijo haber visto «a dos personas y a una mujer» y haber reconocido a Martín Valero.

El fiscal solicita pena privativa de libertad para la procesada de seis años y seis meses por los atentados.

La defensa pidió la absolución por falta de pruebas y aludió al valor de acusación, no de prueba, de los

atestados policiales.

 

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