Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   Legalidad, reforma y elecciones     
 
 ABC.    25/09/1976.  Página: 4. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

ABC. SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE DE 1976. PAG. 4,

APUNTE POLITICO

LEGALIDAD, REFORMA Y ELECCIONES

Estoy leyendo estos días todo cuanto puedo conseguir llegue a mis manos sobre el Proyecto de Ley de Reforma Constitucional que está en estos momentos en el Consejo Nacional. Uno de los artículos más interesantes es el que ha publicado recientemente don José María Gil Robles con el título de «Ante el anuncio de Cortes Constituyentes». Me voy a permitir, con todo respeto, alguna consideración.

Lo primero que sorprende en este trabajo que, según su autor ha sido hecho tras «un estudio que permite ya esbozar una primera opinión con suficientes elementos de juicio», es que el articulista, abogado en ejercicio y catedrático .jubilado de Derecho Político, arrecie en sus críticas pretendiendo —;nada menos!— que con este texto el Gobierno «reniega de un sistema político que, durante cuarenta años se ha apoyado en las ficciones de la democracia orgánica y del partido único».

Curiosamente esta es la crítica que los grupos más ultraderechistas del Régimen de Franco vienen a hacer al proyecto Suárez. Y hay que decir, una vez más, que el texto no supone ningún tipo de repudio, en bloque, del sistema anterior: supone, por el contrario, explicitar y desarrollar uno de sus fundamentos esenciales: la apelación al pueblo por vía de referéndum. Si el pueblo quiere, con sus votos, pasar de un sistema a otro, así se hará y no en otro caso.

Por más vueltas que se le dé, doctrinalmente hablando, el camino escogido por el presidente Suárez es irreprochable desde la legalidad vigente. Que es desde donde debe actuarse. En efecto, las Leyes Fundamentales del Reino, son, en su conjunto, la verdadera Constitución española.

Entre esas Leyes Fundamentales, y con carácter de tal, está vigente en España desde el 22 de octubre de 1945 —¡hace más de treinta años!— la Ley del Referéndum Nacional, dictada «con el fin de garantizar a la Nación contra el desvío, que la historia política de los pueblos viene registrando, de que en los asuntos de mayor trascendencia o interés público, la voluntad da la Nación pueda ser suplantada por el juicio subjetivo de sus mandatarios». Referéndum que es preceptivo, según el artículo definió de la Ley de Sucesión para «derogar o modificar» cualquier Ley Fundamental. Derogación o modificación que exige previamente el acuerdo mayoritario —cualificado: dos tercios— de las Cortes del Reino.

Si el Gabinete Suárez no quería situarse en la más clara de las ilegalidades, era obligado que las reformas que pretende establecer siguieran el camino marcado por nuestra Constitución. Y eso es lo que ha hecho porque ni podía, ni quería, ni debía hacer otra cosa,

(Prescindo aquí del tema de que los

Por José María RUIZ GALLARDON

Principios del Movimiento son permanentes e inalterables. Porque es claro que ese argumento no lo puede esgrimir el señor Gil Robles, quien precisamente lo que desea es que dejen de serlo.)

Tenemos, pues, que el camino escogido es el único válido y que será el pueblo quien decida si quiere o no esta reforma. Archidemocrático todo. Consciente de ello, el señor Gil Robles, traslada su aparato político a una petición que comparto en todo: la importancia de las normas electorales y la imparcialidad gubernamental en el proceso electoral.

Y porque comparto ampliamente ambos deseos, me parece muy prematuro «prejuzgar» que el Gobierno vaya a proponer unas normas electorales trucadas o vaya a volcar indebidamente sus influencias para que la balanza de las urnas se incline a favor de una u otra opción. Muy prematuro y posiblemente injusto. Sobre todo si, por meras sospechas, se apunta a la posibilidad de un abstencionismo para el caso de que no se sigan a pies juntillas las directrices que quiere marcar el señor Gil Robles.

Ahora bien, esa imparcialidad electoral tiene que moverse también dentro del marco de la legalidad. Lo cual es especialmente aplicable al señor Gil Robes y a su grupo por lo que a continuación voy a explicar.

Pide el autor de] articulo, que comento, que se ofrezca «igualdad de oportunidades para todas las ideologías a fin de que puedan llegar hasta los ciudadanos sin discriminaciones ni vetos». La proposición es ambigua por incompleta. ¡Claro está que todos los grupos inspirados en diversas ideologías pueden y deben exigir igualdad de oportunidades! Y las van a disfrutar..., siempre que sean legales. En otro caso, o_ sea, en el supuesto de conceder las mismas oportunidades a los grupos legales y a los ilegales, el Gobierno iría en contra del principio de legalidad que debe respetar si no quiere transformarse —y no quiere— en un Gobierno ilegítimo. Es pues a esos grupos a quienes corresponde «formalizar» su situación. ¿Que no lo desean? Libres son de no hacerlo. Pero entonces que no exijan nada, absolutamente nada. Lo otro sería transformar nuestro Estado de Derecho en Estado prejurídico. Y eso, un catedrático de Derecho Político no puede, no debe quererlo.

En realidad, estos políticos son los políticos del «como si». Predican «como si» Franco no hubiera existido, «como si» las leyes no estuvieran vigentes, «como si» estuviéramos ante las elecciones de febrero de 1936 y no ante las elecciones de mayo de 1977__J. M. R. G.

 

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