Coherencia política     
 
 Informaciones.    07/12/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

INFORMACIONES

COHERENCIA POLÍTICA

Afalta de algunos apartados, ayer concluyó por parte de los señores ponentes la segunda lectura del

borrador constitucional. Aun a riesgo, por tanto, de ignorar si se ha desarrollado concretamente el derecho

a la libertad de enseñanza, que aparecía demasiado abstracto en el confuso texto filtrado a la Prensa,

queremos insistir en la necesidad de que este derecho sea real, en base a estrictos principios ideológicos,

criterios de oportunidad política y coherencia socioeconómica.

Una Constitución que estableciese este derecho sin concretar los cauces de su viabilidad y operatividad

seria totalmente contradictoria con los ideales democráticos que pretendiese encarnar. No determinar

constitucionalmente, con uno u otro procedimiento, este problema, podría ser causa de graves conflictos

para el día de mañana. Escuela pública y escuela privada deben coexistir y competir democráticamente,

en el marco de un Estado de Derecho. La alternativa de ahora no es enseñanza oficial o privada, sino

enseñanza democrática o no democrática.

Este confuso y ambiguo asperto del borrador constitucional, junto con otras imprecisiones polémicas, de

no ser remediado, suscitaría en nuestro país viejas polémicas religiosas, que ya parecían enterradas en el

olvido de los tiempos. Esta ambigüedad puede resucitar, ya hay algunos brotes, planteamientos sectarios

en una y otra parte del abanico ideológico. Demasiados conflictos tenemos en estos momentos,

demasiadas concesiones mutuas se han hecho la derecha y la izquierda, para que ahora no encontrásemos

una salida común en el desarrollo concreto y determinado de la libertad de enseñanza.

Junto a esta consideración de oportunidad política —que no habría que desdeñar—, hay que añadir,

además, que no parece muy coherente reconocer constitucionalmente la economía de mercado, e

impugnarla en un sector concreto. El tipo de sociedad que se elige —en este caso, la correspondiente al

modelo democrático occidental— es un todo dialéctico, donde no cabe legalizar los mecanismos del

mercado aquí, para negarlos allí. Pretender que el carácter social de la educación podría ser una excepción

es incoherente con el hecho de aceptar estas mismas reglas en otros sectores tan sociales como la sanidad,

vivienda, empleo, salarios, inversiones, etc. En nuestro mundo no hay más que dos modelos económicos

antagónicos. Sí hemos aceptado uno, seamos coherentes con sus propias leyes.

Estas tres consideraciones, más la experiencia de todo el proceso democrático, nos hace prever que, a

pesar de los peligros que nos acechan, no vamos a entrar en ninguna nueva «guerra de religión». Hace tan

sólo unos días, el P.S.O.E. matizaba alguna declaración inicial impetuosa sobre el problema de la

confesionalidad o aconfesionalidad del Estado, y el P.C.E. manifestaba estar dispuesto a escuchar a la

Iglesia sobre este problema. No tardaremos en ver nuevas matizacíones en torno a la seudopolémica que

podría provocar la discusión y debate constitucional sobre la libertad de enseñanza.

 

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