Autor: Carrascosa, José Luis. 
   Boyer: la rueda de prensa de Ruiz Mateos fue un desafío al Gobierno  :   
 No habrá más nacionalizaciones que las del programa del PSOE. 
 ABC.    25/02/1983.  Página: 18. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

ABC

Boyer: la rueda de Prensa de Ruiz Mateos fue un desafío al Gobierno

No habrá más nacionalizaciones que las del programa del PSOE

Madrid. José Luis Carrascosa

La decisión del Gobierno de expropiar Rumasa convierte al Estado en el primer banquero del país, en el primer productor y exportador de vinos y licores, y de productos alimentarios, en el primer propietario de explotaciones ganaderas y en el número dos nacional en grandes almacenes. El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, justificó ayer largamente, y en directo por radio y televisión, tan espectacular medida en el elevadísimo nivel de concentración de riesgo que existía dentro del grupo, la continua desatención a las indicaciones de la autoridad monetaria en la sobrevaloración de activos, que convertía en beneficios lo que eran pérdidas, y en la existencia de una deuda tributaria no reconocida por el grupo que se eleva a unos 21.000 millones.

El ministro afirmó varias veces que no le constan hechos de los que pudiera derivarse responsabilidad penal, aunque añadió que en estos momentos se investigaban posibles anomalías en materia de Seguridad Social y de desgravación fiscal a la exportación. Miguel Boyer exculpó a sus declaraciones del pasado viernes —a raíz de las cuales el tema saltó a primeras páginas de los periódicos— como aceleradoras de la crisis del primer grupo empresarial privado del país, aunque añadió que las fugas de depósitos tomaron cierta fuerza a partir del martes y el ambiente de incertidumbre hizo imposible que el Gobierno actuara por otros medios tradicionales en estos casos, como podría haber sido la intervención del grupo en el mismo modo en que se ha realizado en otras recientes crisis.

«El Estado será generoso»

Según Boyer, la urgencia y gravedad de la situación requerían un procedimiento rápido, como es el de decreto-ley, y una fórmula más expeditiva, como es la expropiación, a través de la cual se evitan las lentitudes y complicaciones que, por ejemplo, en el capítulo de valoración de acciones han paralizado otras operaciones recientes de saneamiento financiero. El ministro aseguró que el justiprecio a abonar a los accionistas del grupo será «generoso» por parte del Estado y —tal y como indica el real decreto de expropiación, que publicó ayer el BOE— deberán realizarse entre las comunidades de accionistas y el Estado (Dirección General del Patrimonio), de acuerdo con el balance de cada sociedad en la fecha de publicación en el «BOE»; es decir, ayer. El decreto afirma que se fijará el valor real, ajustando su valor contable previo. Si hay desacuerdo en el justiprecio, resolvería por vía administrativa el Jurado de Expropiación Forzosa de Madrid.

Dada la complejidad del grupo, señaló Boyer («aún no sabemos el número exacto de empresas que lo componen»), es imposible ahora estimar el coste que supondrá para el Estado el pago a los accionistas por todo el grupo. Como se recordará, la cifra total de recursos propios declarados por Rumasa en diciembre pasado es de 271.000 millones. El ministro añadió que las 234 empresas expropiadas que figuran en el anexo del real decreto (ver página 24) era indicativa y que el Gobierno había optado por expropiar incluso algunas firmas en las que la participación de Rumasa no era mayoritaria, a la espera de que se desentrañen las participaciones cruzadas. Boyer añadió que no se descartaba una reprivatización total o parcial del grupo en el futuro si se establecían fórmulas convenientes para ello. Consideró muy verosímil la posibilidad de que en breve se iniciasen fusiones y concentraciones de empresas e insistió en que la continuidad de los 60.000 empleos estaba asegurada.

Garantía a los depositantes

Boyer afirmó que la titularidad pública en los Bancos de Rumasa presta a los depositantes la garantía más absoluta y total que pueda ofrecerse, y recordó que, cuando interviene el Fondo de Garantía de Depósitos, éste sólo cubre hasta millón y medio de pesetas. Como se había anunciado, las 1.189 oficinas de los 18 Bancos cerraron ayer y no abrirán hasta el próximo lunes.

La toma de posesión de la Administración sobre el gigantesco grupo se va a realizar a marchas forzadas, según todos los indicios. El hombre que dirige toda esta operación es, evidentemente, Javier del Moral, director general del Patrimonio del Estado.

Llamó la atención ayer una puntualización de Miguel Boyer en el sentido de que la absorción de Fidecaya —teóricamente desaconsejada por el Banco de España, que insistía en moderar la expansión del grupo— había recibido en realidad «luz verde» del Ministerio de Hacienda durante al anterior Gobierno.

«Conviene recordar —dijo el ministro— que el Banco de España no tiene plena autonomía

para dirigir la política financiera y está sujeto al Gobierno.»

Boyer se extendió enormemente en la rueda de Prensa explicando el nulo espíritu de colaboración del grupo Rumasa con la autoridad monetaria y la sistemática desatención a las indicaciones que, desde hace cinco años, se hicieron al grupo tanto en el sentido de que desconcentrase sus riesgos como de que acelerase la realización de las auditorías consolidadas. Mencionó el «obstruccionismo» reiterado a la labor de los inspectores financieros y de Hacienda, que calculan hasta 1980 una deuda tributaria —no reconocida por Rumasa— de casi 21.000 millones. El ministro calificó de «desafío» al Gobierno la rueda de Prensa convocada por José María Ruiz Mateos el pasado martes en Madrid. Aunque ayer se esperaba una respuesta de quien ya es ex presidente del mayor «holding» privado de España, éste pasó el día en su residencia particular rodeado de sus colaboradores.

La última crisis bancaria.

El ministro de Economía aseguró que la situación de Rumasa era la más grave con la que se había encontrado el nuevo Gobierno —y citó los casos de Explosivos Riotinto y Banca Catalana—, afirmando que, en su opinión, cerraba un capítulo y podía descartarse que en el futuro surgieran nuevas dificultades en entidades bancarias. Boyer destacó que ni él ni otros ministros se destacaban por ser «nacionalizadores feroces», por lo que la expropiación de Rumasa sólo debía entenderse por razones de utilidad pública.

Este Gobierno —insistió— sólo abordará decisiones de nacionalización en los casos previstos en el programa electoral del PSOE.

Los nuevos administradores

El Ministerio de Economía y Hacienda ha designado a Jaime Isaac, que había sido presidente de la comisión liquidadora de Fidecaya, como coordinador de los administradores generales —también nombrados ayer— para Rumasa. La prontitud de estos nombramientos se ha realizado con la finalidad de que no se interrumpa el funcionamiento de las empresas del grupo. En este sentido han sido designados administradores generales, los interventores de Hacienda, Juan Barrios de Frutos y José Luis Jiménez, el inspector financiero y tributario, Jesús Ruiz Ayúcar y el técnico comercial del Estado, José Eugenio Morera, que anteriormente había desempeñado una alta responsabilidad en el Instituto de Fomento a la Exportación.

 

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