Ahora, sí ha comenzado el cambio     
 
 ABC.    25/02/1983.  Página: 15. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

VIERNES 25-2-83-

OPINION •ABC, pag-15

AHORA, SI HA COMENZADO EL CAMBIO

LA expropiación del Grupo Rumasa es uno de los acontecimientos de más hondo significado nacional desde la implantación del régimen democrático. Las graves dificultades del Grupo, su posible viabilidad, la ausencia de una información transparente y la necesidad de una transformación rigurosa son, con todo, cuestiones secundarias. Súbitamente Rumasa ha pasado a segundo plano: con o sin motivo, lo que se discute en España y fuera de España es el futuro dé una economía en crisis súbitamente amenazada por lo que se percibe como un proceso de nacionalizaciones en cadena.

Hay varios planos del acontecimiento que conviene considerar: en primer término, el proceso de los hechos; en segundo lugar, los aspectos jurídicos, económicos y políticos de la decisión gubernamental. La primera duda que surge es muy grave: si el Gobierno no ha pretendido crear un clima de pánico con esta gigantesca estatalización, entonces su irresponsabilidad es manifiesta, porque la psicosis de miedo es visible desde ayer dentro y fuera del país.

Si, como ha asegurado el señor Boyer, el Gobierno mantiene su programa electoral sobre nacionalizaciones, habrá de dar prueba de ello. Porque la expropiación por decreto de las empresas en dificultad permitiría, no hace falta decirlo, expropiar la práctica totalidad de España a cualquier Gobierno.

La segunda duda sobre los hechos es aún más problemática: ¿Nos encontramos ante un plan calculado o ante una simple prueba de fuerza? ¿No habrá tratado el Gobierno de imponer su autoridad ante el desafío verbal del señor Ruiz Mateos? ¿No habrá planteado, sin proponérselo, un conflicto irracional entre autoridad política y libertad económica? El Gobierno dice haber descubierto irregularidades y anomalías en la contabilidad del Grupo. Ha exigido de nuevo que una firma auditora analice las cuentas de todas las sociedades involucradas. Luego, sin esperar el resultado de la auditoría, tras una durísima rueda de Prensa del señor Ruiz Mateos, ha estatalizado, por sorpresa, el «holding». ¿Se ha preguntado el propio Consejo de Ministros sobre la legitimidad moral de su decisión? ¿Se puede suprimir de la vida económica, por causa de sus propias dificultades, a una entidad de este volumen? ¿Qué resultado nos darían los auditores si investigaran la recta administración del INI, los débitos de Renfe, Tesoro o la estructura del déficit público? ¿Resistiría ese examen el Estado o habría de expropiarse a sí mismo?

Estas consideraciones previas plantean el problema jurídico de fondo: la amplitud expropiatoria que establece el artículo 33 de la Constitución —«por causa justificada de utilidad pública o interés social»— ampara, en principio, la decisión del Gobierno. Pero las dificultades financieras de un complejo empresarial, por muy graves que sean, no pueden asimilarse automáticamente a los conceptos de utilidad pública o interés social. Aun reconociendo que le asista al Gobierno la razón de fondo, la tramitación formal de todo el asunto ha sido, a todas luces, avasalladora. Han tenido que existir, cuando era tan documentada la historia de las irregularidades de Rumasa, ocasiones bastantes para negociar un acuerdo que no fuera tan públicamente escandaloso para el crédito de la economía nacional ni tan perjudicial para cien mil accionistas. No olvidemos que en un Estado de Derecho una expropiación comienza por un expediente y no por un decreto. En cualquier confrontación con base jurídica hay que distinguir el derecho sustantivo del procedimiento, porque los errores procesales y el quebrantamiento de la forma son también motivo de casación. Deplorablemente la forma jurídica no ha merecido atención en este gravísimo decreto.

Al prescindir de las garantías jurídicas, la polémica entre un grupo empresarial y un Gobierno ha quedado irremediablemente teñida por la beligerancia ideológica y la confrontación personal. Y en la opinión pública se mantendrá la sospecha de que en el fondo se ha impuesto el dogmatismo de un partido, que se enfrenta a dos millones de parados sobre los criterios de un promotor de empresas que creó 60.000 empleos.

Al considerar la dimensión política del problema, encontramos un extremo preocupante. Esa tregua de cien días que el Poder y sus adherentes pidieron ha sido, en todo caso, violada. Habrá que esperar ahora sus consecuencias, especialmente por el lado del mundo empresarial, que tan sensible había sido a la demanda; sobre todo, con la firma de los acuerdos interconfederales en términos de contribución a razones de estabilidad social en las que se ha escudado la izquierda, y pese a que esos mismos términos condicionen tan negativamente los márgenes de recuperación de las empresas españolas.

Si a esa recuperación, por otra parte, habría de contribuir la inversión de capitales extranjeros, flaco favor es el que el Gobierno le ha hecho. El efecto multiplicador que ello habrá de tener en la disuasión de las inversiones se habrá de notar muy especialmente en la aportación de recursos exteriores. La situación española era cotizada severamente en la mañana de ayer en. la Bolsa de Nueva York. No entendemos, por tanto, eso de que «nadie tiene por qué sentirse inquieto».. Estamos más que inquietos dentro de España, mientras la inquietud se extiende afuera de nuestras fronteras.

La cuestión de fondo no es de política económica ni de forma procesal, sino de contenido histórico. Si el PSOE no aspira a estatalizar la economía, el error cometido al echar tal carga sobre el erario público es incalculable.

Si, por el contrario, pretendiera sustituir el sistema de empresa privada, entonces la nacionalización de Rumasa no sería sino el paso inicial para sacar a la economía española del marco occidental. Ese sería el principio del cambio.

 

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