Autor: Uría Iglesias, Luis. 
   El caso Rumasa y la Constitución     
 
 ABC.    25/02/1983.  Páginas: 1. Párrafos: 2. 

E1 caso Rumasa y la Constitución

Señor director: Con el sincero afán de profundizar en un tema que es actualidad excluyante, acabo de leer en el «BOE» e) real decreto-ley 2/1983, de 23 de febrero, íntegramente. Después, el texto de nuestra Constitución, también en el correspondiente ejemplar del «Diario Oficial», de 29 de diciembre de 1978. Y veo, con estupor: a) Que el artículo 86.1 de aquélla (capitulo segundo. De la elaboración de las leyes), dice: «En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decreto-leyes y que no podrán afectar... a tos derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I...» Ese título primero, artículo 33, declara: «1.—Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2.—La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. 3.—Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.» b) Que, interpretando, literalmente los aludidos reales decretos-ley y Constitución, aquél ha invadido una materia que le está vedada «ex ope lege», por incardinarse en el reseñado título I del máximo texto positivo del Estado español, c) De otro lado, el decreto-ley expropiatorio, aun aceptando a meros efectos polémicos su consíitucionalidad, formal, en cuanto al fondo, no la posee, ya que no respeta, dicho sea con el mayor respeto, la sujeción de los poderes públicos a la propia Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (título preliminar de la misma, artículo 9.1) no se ha garantizado el principio de legalidad, la Jerarquía normativa, la seguridad jurídica ni la inarbitrariedad de tales poderes (título preliminar citado, artículo 9.3). d) Finalmente, no se basa, en ningún pasaje del texto literal, el meritado real decreto-ley, en norma alguna: Ni constitucional, ni expropiatoria, incautatoria, etcétera, hecho insólito que, como obligado y usual lector del «BOE», me permito asegurar que no recuerdo desde que «trato» aquella publicación oficial.

Sinceramente, y, únicamente armado con esas poderosas armas de la legalidad vigente que acabo de invocar, no entiendo nada de nada. Por supuesto que los entresijos, las actuaciones, las interioridades del tema, están en manos de personas legitimadas para ello, activa y pasivamente, pero constato, con pena, que, con tantos gobernantes capacitados y brillantes como existen, y también me consta no hayan podido acudir, antes de mandar el texto comentado al «BOE», como este sencillo ciudadano, a las fuentes nutricias de todo Estado de Derecho, como es el nuestro: A la Constitución, a las leyes, al ordenamalento jurídico, en definitiva, garantía del bien hacer y que, con su escrupulosa observancia, no hacen sino materializar la Justicia. La cual, de otro lado «es fundamentum regnorum». Esperemos que, con la serenidad y mesura que se deriva de la alta política, las buenas intenciones de nuestros gobernantes devengan en el bien común. Nadie quiere otra cosa y a las gentes me remito.—Luis Uría Iglesias. Madrid.

 

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