Comunicado de la patronal. 
 La CEOE acusa al ejecutivo de actuación precipitada  :   
 Hay dudas técnicas y constitucionales. 
 ABC.    25/02/1983.  Página: 19. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

Comunicado de la patronal

La CEOE acusa al Ejecutivo de actuación precipitada

Hay dudas técnicas y constitucionales

Madrid

La CEOE hizo público ayer un comunicado en el que enjuicia duramente la expropiación de Rumasa por el Gobierno, mostrando que existen dudas técnicas y constitucionales sobre el método y la medida. Los empresarios acusan al Gobierno de «haber actuado precipitadamente» sin haber analizado «el coste social».

«La CEOE desea destacar las declaraciones del ministro de Economía y Hacienda en las que se aclara que no estamos ante un supuesto de nacionalización, y que por respeto al principio de empresa constitucionalmente protegido, se mantiene el propósjto de devolver cuanto antes las sociedades expropiadas a la iniciativa privada.

Durante la exposición de los motivos que han llevado al Gobierno á preparar esta decisión se han expuesto una serie de hechos graves que requieren, precisamente por su gravedad, ser ampliados. Igualmente, conviene hacer hincapié en que el ministro ha dejado bien claro durante la rueda de Prensa que, en cualquier caso, las medidas tomadas por el grupa Rumasa no suponen en ningún caso él inicio de un programa de nacionalizaciones.

La decisión adoptada por el Gobierno al decretar la expropiación forzosa de los Bancos y de todas las empresas del grupo Rumasa constituye una medida sin precedentes en nuestra reciente historia económica.»

«Esta Confederación empresarial considera indispensable hacer pública su profunda preocupación por la gravedad de esta decisión gubernamental adoptada, según todos los indicios, sin calcular suficientemente su coste y su repercusión tanto en el mercado nacional como en el extranjero.»

El comunicado continúa manifestando que «la primera impresión que produce la expropiación del grupo Rumasa es, por una parte, la de que el Gobierno ha actuado precipitadamente y, por otra, la de que la reacción gubernamental no guarda proporción con las que en casos parecidos han tenido lugar anteriormente». Igualmente, «la CEOE considera oportuno poner de manifiesto, desde una perspectiva estrictamente técnica y constitucional, las dudas que le suscita el procedimiento utilizado».

En este sentido, la CEOE señala que «en un primer análisis parece aventurado aceptar que, por medio de un decreto-ley, queda afectarse de forma tan grave al derecho de propiedad y i la libertad de empresa, derechos ambos consagrados en los artículos 33.1 y 38 del Título I de la Constitución, que no pueden ser regulados por el procedimiento extraordinario del artículo 86.1 del citado texto legal; esta afirmación, por lo demás, se encuentra corroborada por el artícuto 53.1 de la Constitución» «Asimismo, es preciso llamar la atención sobre las consecuencias extremadamente graves, y en todo caso difícilmente justificables, que la promulgación del decreto-ley supone para aquellas sociedades en las que el grupo Rumasa tenía una mínima participación y, desde luego, ningún control o influencia.

 

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