Rumasa pasa a ser propiedad del Estado. 
 El Gobierno justifica la expropiación por la elevadísima concentración de riesgos  :   
 Según Boyer, la sobrevaloración de activos en balances ocultó unas pérdidas de 9,831 millones en 1981. 
 ABC.    25/02/1983.  Página: 20-21. Páginas: 2. Párrafos: 33. 

VIERNES 25-2-83

Rumasa pasa a ser propiedad del Estado

El Gobierno justifica la expropiación por la elevadísima concentración de riesgos

Según Boyer, la sobrevaloración de activos en balances ocultó unas pérdidas de 9.381 millones en 1981

El Gobierno justificó ayer la decisión de expropiar el grupo Rumasa, cuya continuidad, según el ministro de Economía, Miguel Boyer, estaba gravemente amenazada porque se habían producido «anomalías de gestión», elevadísima concentración de riesgos, sobrevaloración artificial de activos, una importante deuda tributaria no reconocida y, probablemente, Irregularidades en Seguridad Social y en desgravación fiscal a la exportación. El señor Boyer afirmó que no le constan hechos de los que pueda derivarse responsabilidad penal ni de José María Ruiz Mateos ni de ninguno de ios dirigentes del grupo.

Según el ministro Boyer, el grupo Rumasa ha venido desoyendo sistemáticamente las conminaciones del Banco de España y del propio Gobierno desde hace más de cinco años, con un escaso respeto por las normas establecidas propio de quien, animado por su afán creador, actúa como si le parecieran estrechos los criterios de la autoridad monetaria y los de la más elemental prudencia.

Sobrevaloración de activos

El ministro dio, por primera vez, algunas cifras de desequilibrio patrimonial en los Bancos del grupo, que se derivan de informes facilitados al Banco de España (denominados revisiones parciales) e indican que, con relación ai patrimonio de Rumasa, S. A., 20 filiales de cartera, Rumasin, Rumasinver y otras cinco sociedades de cartera unidas a Inmobiliarias Reunidas, S. A., a otras 60 sociedades Inmobiliarias, presentan un neto patrimonial (es decir, capital, reservas y resultados acumulados) que se elevan aparentemente a 116.511 millones de pesetas, cifra que, depurada de sobrevaloraciones, se reduce, según el ministro, a 5.000 millones.

Haciendo ese ajuste en el valor real de Rumasa —señaló Miguel Boyer—, se comprueba que hay una minoración de 66.700 millones, que corresponde a la diferencia entre el valor contable de las participaciones bancarias y su valor teórico. El grupo tiene contabilizados su valores bancarios en una cifra que supera en cinco veces el valor real, llegándose en casos individuales, como el del Banco Industrial del Sur, a una valoración del 1.000 por 100, del 911 por 100 en el Condal y del 871 por 100, etc. «Basta para darse cuenta de lo que esto significa, comparar con las cotizaciones de los grandes y más sólidos Bancos que pueden ustedes encontrar en la Bolsa española.»

Más de nueve mil millones en pérdidas

Los mismos informes entregados por Rumasa al Banco de España dan una cuenta de resultados para este conjunto de sociedades, con ese neto patrimonial citado antes, consolidada para 1981, aparentemente de 6.389 millones. Hechos los ajustes, el resultado,´ según el ministro, es de pérdidas por un total de 9.381 millones ese año. Miguel Boyer se refirió en concreto a algunas prácticas de valoración de activos del grupo, y citó, en concreto, la adquisición de Galerías Preciados, tras la cual se anotó un suplemento de valoración en el balance de 11.576 millones. «Es decir, al día siguiente, o a los dos días de comprada Galerías Preciados, apareció en el balance con una plusvalía de 11.576 millones.»

El ministro abordó inmediatamente la deuda tributaria del grupo con Rumasa, que, según sus cifras, hasta el ejercicio de 1980 se eleva a 20.689 millones. Boyer citó los informes de la Dirección General de la Inspección Financiera y Tributaria,y aseguró que esa deuda no ha sido reconocida por las empresas del grupo, sino que en el 95 por 100 de las actas levantadas son de disconformidad, «después —afirmó el ministro— de una tarea de obstrucción absoluta, incluso con domicilios falsos». El propio grupo pidió al Ministerio de Hacienda, antes de llegar el nuevo Gobierno socialista, un tratamiento centralizado «para evitar los enfrentamientos con los inspectores financieros y tributarios».

Extraordinario peligro

«Tengo que decir —añadió— que no son todavía conocidos los resultados difinitivos de las inspecciones en la Seguridad Social, en donde, desgraciadamente, el Gobierno ha detectado ya irregularidades que, en su momento, calificaremos de manera concreta.»

«Esta situación, conocida por el nuevo Gobierno —dijo literalmente Boyer—, hizo que se tratase en varias ocasiones en Consejo de Ministros, en Comisión delegada, en los últimos meses, y que se intentase, por todos los medios, que la empresa atendiese a los requerimientos y advertencias que se le han venido haciendo durante muchos años, reiteradamente, y que cumpliese los compromisos contraídos.

Al propio tiempo, los datos que obran en poder del Gobierno demostraban la extraordinaria gravedad y el extraordinario peligro en que se encuentra el complejo desde el punto de vista patrimonial, desde el punto

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No hay ningún indicio de responsabilidad penal de vista de generación de resultados, desde el punto de vista tributario y fiscal.»

«A pesar de que la concentración de riesgos muchas veces se ha cubierto a través de sociedades instrumentales, la de los Bancos de Rumasa en el propio grupo es extraordinariamente elevada —según Boyer—, y basta decir que, en término medio, para e) conjunto de Bancos, excluido el Banco Atlántico, es del sesenta y dos por cien en el propio grupo, y que esa concentración de riesgos en empresas del propio grupo alcanza el ochenta y dos por cien en el caso del Banco del Noroeste, setenta y cuatro por cien en el caso del Banco del Oeste, setenta por cien en el caso del Banco Peninsular, etcétera.»

«Además, se ha utilizado reiteradamente la práctica de conceder créditos a personas jurídicas distintas de los auténticos beneficiarios, para aparentar una desconcentración de créditos inexistentes y sortear las normas de créditos establecidas por la legislación cautelar de la Banca.»

Huida hacia delante

«Los hechos que acabo de sintetizar configuran al grupo Rumasa con parecidos en algunos otros casos de la historia empresarial española, en que un grupo se lanza a una expansión a toda costa, sin seguir normas de prudencia elemental, considerando que a su ánimo creador le vienen estrechas las disposiciones comunes que rigen la vida de tas entidades financieras y no financieras, y que, en vez de atender a reiteradas advertencias y requerimientos efectuados por las autoridades, el grupo se lanza a una huida hacia adelante para mantenerse en píe por el propio dinamismo de esa expansión, hasta que, naturalmente, un tropiezo cualquiera dé al traste con un equilibrio absolutamente insostenible.»

«Se han desafiado —continuó el ministro— permanentemente todas las observaciones de los autoridades monetarias.

«Finalmente, se desafía al propio Gobierno cuando éste, hondamente preocupado por las repercusiones para el conjunto del sistema financiero de un hundimiento del conglomerado, exige que se termine con la política tradicional de obstruccionismo a la labor inspectora y auditora, tando del Fondo de Garantías o Banco de España como de la Inspección Financiera y Tributaria.» «Sólo por la debilidad política de los Gobiernos anteriores cabe explicar que se haya podido llegar a esta situación, que es la más grave de todas las que el Gobierno socialista ha recibido como resultado de la Inacción de Gobiernos anteriores, y pueden ustedes creerme que hemos recibido una colección de problemas bastante graves.

Antecedentes de una decisión histórica

E) ministro de Economía y Hacienda informó detalladamente de los antecedentes de la decisión del Gobierno adoptada ayer de expropiar los Bancos y sociedades del grupo Rumasa, que se iniciaron a principios del año 1978, cuando comienzan a ponerse en curso requerimientos, que luego se harían casi continuos, en opinión de Boyer, por parte de la autoridades monetarias y de supervisión del sistema financiero, para que el «holding» realizara auditorías en los 18 Bancos del grupo y en las empresas por ellos participadas. Esta es la película de los hechos expuesta por el ministro:

En el Consejo ejecutivo del Banco de España, del 15 de diciembre de 1978, se informó que el grupo Rumasa venía utilizando de forma creciente a sus Bancos para financiarse a sí misma; que el riesgo contraído por el grupo de Bancos era excesivamente grande, por lo que podía llegar a peligrar su solvencia, y que la estimación del balance del grupo Rumasa ponía de relieve la enorme incidencia que tenía la valoración de sus participación en Bancos, que estaban muy sobrevaloradas.

El 2 de marzo de 1979 —continuó el ministro de Hacienda—, en carta del gobernador del Banco de España al presidente de Rumasa, el Banco emisor reiteraba su preocupación por la concentración del crédito en empresas del grupo, concentración que, aseguraba la carta, «supera todo límite razonable».

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el grupo Rumasa, el Comité ejecutivo del Banco de España adoptó la decisión de censurar la política de crédito de los Bancos del grupo y condicionar su ayuda a la limitación de la concentración de riesgos a unos determinados porcentajes, a la no adquisición por los Bancos de nuevas participaciones en el grupo y a la presentación mensual, en el Banco de España, de una declaración de los riesgos de los Bancos con las empresas del grupo. En caso de no cumplirse estos compromisos por los Bancos del grupo, se suspenderían las líneas de redescuento, se reduciría el acceso de los Bancos del grupo al mercado monetario, e incluso se llegaría a hacer uso de las atribuciones concedidas por el decreto-ley 5.978, de intervención y destitución de administradores bancarios.

El 9 de marzo de 1979, a raíz de los anteriores requerimientos y censuras, el presidente de Rumasa, José María Ruiz Mateos, contesta por carta al Banco emisor, señalando que era «absolutamente consciente de la prioridad de ajustar el riesgo de la actividad a niveles más racionales; en consecuencia, hemos frenado de forma drástica y decidida nuevas inversiones». «En el grupo Rumasa —aseguraba su presidente— no se invierte en nuevas actividades y negocios una sola peseta. Estamos sinceramente decididos a desinvertir.» Este compromiso no fue cumplido por Rumasa ni en lo que se refiere a la política de adquisiciones, ni en materia de desconcentración de riesgos, como lo demuestra la compra de los almacenes Sears, contra la advertencia absolutamente clara del Banco de España.

Los compromisos adquiridos con el Banco de España en materia de desconcentración de riesgos se sortearon a través de la creación de varias decenas de sociedades instrumentales que aparentemente desconcentran los riesgos del grupo.

El 23 de abril de 1980, ei gobernador del Banco de España dirigió una carta a cada uno de los 18 Bancos del grupo, considerando muy conveniente que los Bancos realizasen auditorías con carácter voluntario, carta que se envió el 10 de mayo de 1980.

Con fecha 4 de noviembre de 1980, los 18 Bancos dirigieron cartas al Banco de España manifestando haber llegado a acuerdos con la firma Arthur Andersen para que confeccionase un dictamen profesional sobre el balance de dichos Bancos al 31 de diciembre de 1981.

El 28 de abril de 1981, ante el retraso que llevaban los trabajos de los auditores, el Banco de España les citó, en compañía de Joaquín López Ayuso, director entonces de la división financiera de Rumasa, y extendió acta de tos temas tratados en la reunión, acta que no fue firmada por los representantes de Rumasa ni por los de la auditoría.

El 26 de mayo del 81, el gobernador se dirigió al presidente de Rumasa, indicándole que de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha cabía deducir la no existencia del deseo de dar a conocer la situación de las empresas, con falta de la necesaria colaboración, por lo que se veía obligado a dar cuenta de la situación a la Comisión gestora del Fondo de Garantía de Depósitos.

Se continuaron cruzando cartas entre el Banco de España y el grupo de Rumasa, siempre requiriendo el Banco emisor la clarificación de todos los extremos mencionados y de otros más, con evidente resistencia por parte del grupo a atender tales requerimientos. La actuación más conminatoria y definitiva, por parte del Fondo de Garantía de Depósitos, fue la comunicación notarial, esta vez al presidente de Rumasa, del acuerdo de la Comisión gestora del FGD, de 22 diciembre del 81, comunicada el 7 de enero del 82, para que entregase al Fondo el informe de Arthur Andersen sobre balances de los Bancos al 31 de diciembre del 80, que cada Banco se comprometiese a auditorías para formular una estimación razonable de su situación patrimonial al 31 de diciembre del 81, que se sometiera igualmente a auditoría a Rumasa y los demás «holding» que tuvieran control accionario de los Bancos, las sociedades participadas por los "holding" o por los Bancos y vinculadas a éstas o a sus administradores, cuando la solvencia de cualquiera de éstas pudiera afectar a uno o más Bancos.

Las auditorías debían terminarse en el plazo de cuatro meses y se realizarían con independencia de tes propuestas de 27 de enero, para asegurar riesgos del grupo.

Esta conminación notarial del 7 de enero del 82, para realizar en cuatro meses las auditorías con Arthur Andersen, ha sido considerada incumplida en carta del Fondo de Garantía de Depósitos a los presidentes de los Bancos de Rumasa, con carta del 17 de febrero de este año. Más de un año después, la Comisión gestora def Fondo de Garantía, formalmente, se dirigió a los presidentes de los Bancos, considerando incumplido formalmente el compromiso de hacer auditorías en el plazo de cuatro meses por parte de los principales Bancos de Rumasa, puesto que no existía más que la auditoría de un Banco sobre los 18 que tiene el grupo, y además consta, según carta de la casa auditora, que los trabajos de auditoría están suspendidos desde el mes de diciembre, claramente y probablemente desde antes.

El Fondo de Garantía de Depósitos daba hasta eL 10 de marzo a los presidentes de los Bancos para presentar alegaciones y calificar, entonces, ese incumplimiento, según juzgase la Comisión gestora del Fondo, y tomar las medidas oportunas.

 

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