Autor: Urbano, Pilar. 
 Rumasa pasa a ser propiedad del Estado. 
 ¿Por qué cayó Rumasa?     
 
 ABC.    25/02/1983.  Página: 22. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

¿Por qué cayó Rumasa?

Pilar URBANO

22 / A B C

VIERNES 25-2-83

Rumasa pasa a ser propiedad del Estado

EN su casa de Pozuelo, con su numerosísima familia, sus asesores «ex directivos de Rumasa» y las visitas de algunos amigos —en estas situaciones se sabe quiénes son y quiénes no eran, aunque lo pareciera— está José María Ruiz Mateos, el «empresario símbolo» de un estilo de trabajo imaginativo, emprendedor, arriesgado y combativo, que se hizo a sí mismo de la nada y consiguió, sin subvenciones estatales ni bancarias, crear el mayor emporio industrial, comercial y financiero de España en los últimos veinte años; dotar y mantener ciento setenta y siete empresas, diversificadas en treinta sectores de atención, con sesenta mil puestos de trabajo, directamente pagados y ciento treinta mil en total, por toda la geografía española.

Sí. Algún periodista preguntó al ministro Boyer por «el paradero del señor Ruiz Mateos». Le hubiese bastado hacer lo que hice yo. antes de ir a la rueda de Prensa, ayer por la mañana: abrí la guía telefónica por la R de Ruiz..., y allí está su dirección y su número de teléfono.- Marcar... y oírle hablar. Y ¿cómo está?: «Anonadado, sin acabar de salir del estupor de la sorpresa..., pero trabajando.» Sobre una mesa, papeles por medio, acompañado, ya digo, de algunos asesores, Alejandro Rebollo y Diego Selva, entre ellos, han estudiado todo el varillaje del abanico de posibilidades que un Estado de Derecho, una democracia que estampa en letra constitucional «la libertad de empresas en el marco de la economía de mercado» ofrece al ciudadano libre para defenderse en su honorabilidad y en la del grupo de trábalo y de intereses que representa y preside. Un varillaje de posibles estrategias de defensa «con luz y taquigrafía», que tiene un techo, según la conciencia cívica de Ruiz Mateos: «No desafiar al Gobierno, que es el Gobierno de todos los españoles. También el mío.» ¿Cuál es la utilidad pública y cuál el interés social de esta expropiación? Exactamente, ¿a quién perjudicaba Rumasa? ¿Quién se beneficia con su expropiación?

Ya hay una noticia caliente, e! último télex llegado a mi mesa de trabajo: la Asociación Española de la Banca privada (AEB), por boca de Rafael Termes, en nota magistralmente construida para cortejar al Gobierno, sin llegar a la adulación, y para lamentar que se haya procedido a tal medida, sin llegar a derramar lágrimas, se ofrece a «colaborar en la administración de los Bancos», 18, de Rumasa..., y se apunta al juego de asumir su propiedad. ¡Señores, al menos..., un minuto de silencio!

En el tapete del «affaire» Rumasa aparecen tres grandes cuestiones, no sé cómo interconectadas, pero tengo la intuición de que se encadenan férreamente a instancias de potentes intereses que habrá que indagar: hiperconcentración bancaria. Discusión de las auditorías. Eclosión del fenómeno «superholding» Rumasa. Como una no trata habitualmente temas de economía, oye esto y lo otro, aquí y allá, y lo anota en su «cuaderno callado» por si en alguna ocasión sirve de algo... Llegado el momento, hace el empalme y... salta una chispa de luz. Tal día lee en «Dinero» la frase llamativa de un banquero.

«Lo ideal sería que hubiese sólo tres o cuatro grandes Bancos.» Después oye al ministro de Economía, Boyer, declarando enfático «la crisis bancaria, con esta expropiación de Rumasa, ha terminado». A continuación, una evasiva «no... a los siete grandes Bancos no se les consultó esta medida; el Gobierno adopta sus decisiones e informa; pero no consulta...». ¿Cuándo les informó? Más bien, ¿no sería, de verdad, una «consulta» previa, muy muy previa..? incluso, diré más: ¿No hubo un recio «acuerdo»

Grandes Bancos-Gobierno? Boyer lanza la oferta de que algún Banco privado se haga cargo de los despojos de Rumasa... Y horas después, la nota de la AEB «!a Banca privada no sólo se ofrece (...), sino que está dispuesta a estudiar la asunción de la propiedad... etcétera». Y como herramienta-guillotina, el Banco de España. Una larga historia que viene de atrás. Boyer mostró a la Prensa algunas cartas y documentos de apremios, requerimientos, condiciones, plazos... del Banco de España al grupo bancario Rumasa. Desde el 78 hasta hoy. Y aparece (mejor dicho, no aparece, y quien se moja ante la opinión pública es el ministro Boyer) don Mariano Rubio. La «distonía» entre Rubio y Ruiz Mateos es de dominio público. M. Rubio se ha permitido calificar de «mercader» a un hombre cuyo volumen de negocios supone el 2 por 100 del Producto Interior Bruto. Ese «era» el poder de Ruiz Mateos.

Auditorías. Habría mucho que decir en este capítulo. A Rumasa se le «adjudica» un auditor, Arthur Andersen. El mismo, por cierto, que llevó la revisión del Banco Urquijo y lo hizo con gran limpieza.

Andersen —según yo he sabido— nunca interrumpió sus trabajos de auditoría con Rumasa. En diciembre, 82, se le encargó que suspendiese los «trabajos de campo», como se dice en el argot empresarial, para ir dando «status-rapport», informes de situación, de lo ya elaborado... Y en ello está, o estaba.

No ha habido esa «parálisis" que el ministro Boyer denunció públicamente. Pero algunos expertos me sugieren: «Andersen ha tardado demasiado... ¿por qué? ¿Acaso se vio entre dos fuegos? ¿Temió lo que se avecinaba?» Y yo me pregunto también, ¿le va algo, en el juego, al propio Arthur Andersen? ¿Por qué Boyer, interrogado por un periodista extranjero sobre esta cuestión, no dio respuesta ninguna? El Fondo de Garantía de Depósitos, del Banco de España, impuso un plazo «imposible de cumplir» y «agobiante para auditor y auditados» de cuatro meses. Tengo noticia, por mi «cuaderno callado», de que los directivos de Rumasa, en diversas y muy frecuentes conversaciones con altos cargos del Banco de España (Aristóbulo de Juan, Monet, Mariano Rubio...), protestaron, de palabra, por el agobio de tal plazo.

Pero en la reunión de Boyer y los hombres de Rumasa, el pasado lunes 21, cuando «no se llegó a acuerdo alguno», el ministro de Economía y Hacienda les dijo: «No hay constancia escrita de vuestras peticiones de prórroga.» En esa reunión, calificada por alguno de los asistentes como «insostenible», Boyer exigía que Ruiz Mateos «autorizase a las autoridades monetarias (Banco de España) para recibir informes directos de la auditoría Arthur Andersen, sin estar presente ningún representante de Rumasa». Se le respondió: «Eso sería reconocer una situación de anormalidad, de irregularidad..., que no existe.» Y la conversación, de dos horas y media, acabó con un «para mi ese punto es "conditio sine qua non"; si no se acepta, yo sacaré mi comunicado..., haced vosotros el vuestro... y, en fin, cada cual sabe lo que tiene que hacer.» No hubo más advertencia, ni más indicación. Después llegaría la decisión expropiatoria por decreto-ley. ¿Por qué esa celeridad?

El viernes anterior, 19, el ministro Boyer, al término de un almuerzo informativo, donde por cierto reconoció que «el Gobierno no tenía constancia de problemas de liquidez y de solvencia bancaria en el grupo Rumasa», dijo también: «Considero gravísimo que se haya roto la auditoría con Arthur Andersen», y «como mínimo, les mandaré a los inspectores del Banco de España».

Cualquier «currante» del «holding» de la abejita sabe que esos inspectores van y vienen y revisan por los Bancos de Rumasa desde hace muchos años, y con notable frecuencia. Otro apunte: los directores de los Bancos del grupo Rumasa recibieron hace unos días, el 17 de febrero, del Fondo de Garantías de Depósitos una requerimiento notarial, fijándoles plazo hasta el 10 de marzo para fijar la fecha de conclusión de las auditorías. Ése plazo no ha expirado y, sin embargo, se ha procedido a la expropiación «por incumplimiento de plazos anteriores...» ¿A qué, pues, esta última requisitoria?

También en esta línea de cronologías extrañas, que hacen presumir que la «operación derribo» estaba ya preparada, pero se activó aceleradamente en el último cuarto de hora, otro dato curioso: estaban celebrando Ruiz Mateos su rueda de Prensa el martes 22 (las desafortunadas declaraciones de Boyer el viernes 19, que un cronista no supo si calificar de «ligereza» o de «presagio» provocaron la inmediata reacción pánica de los inversores: retirada de depósitos bancarios en la cadena rumasina; un importante «tirón»: entre sábado y miércoles, 700, 1.000, 3.000 y 3.500 millones de pesetas. Total: 8.200 millones) y, allí, en plena reunión con los periodistas, llega una carta urgente con membrete del Banco de España, que abre Luis Romero, uno de los directivos del grupo. Es un oficio de petición de «relación nominal de las empresas que se consideren y sean de Rumasa». De modo que ese martes, víspera del Consejo de Ministros, la expropiación no era todavía un hecho ya decidido. Hubo celeridad final, insisto.

Pero, aparte estos episodios cronológicos, hay cuestiones más serias sobre las que arrojar luz. Convendría, y muy mucho, que si el señor Ruiz Mateos se decide a hablar, explique o precise afirmaciones gruesas del ministro Boyer. Así, dijo a la Prensa que los 5.000 millones de beneficios declarados por Rumasa en 1981 se convierten, una vez ajustados, en «menos 9.381 millones». ¿Dejo de decir el señor Boyer que Rumasa no retira, sino que reinvierte sus beneficios en empresas de su propio grupo? Porque es bien distinto.

Cuando estableció comparaciones entre la valoración del patrimonio que de su propio activo hace Rumasa, y la que resulta después de los ajustes (un «decalage» demagógicamente impresionante, entre 116.511 millones y 5.000 millones), ¿por qué no explicó el señor Boyer que se habían aplicado unos criterios de valoración como «empresas en situación de crisis», cuando se trataba de «empresas en marcha y rendimiento, creando riqueza y manteniendo puestos de trabajo»? Aludió el ministro a alguna anomalía, detectada ya por el Gobierno, en cuestión de pagos a la Seguridad Social. Mis datos, de fuentes informadas y certeras, son otros: «Rumasa está al día en pagos de cuotas de personal empleado.» Otro cantar es ya el de cuotas patronales. Ahí los «agujeros» y deudas son el pan nuestro de cada día en la inmensa mayoría de las empresas españolas. Hasta tal punto, que el propio ministro de Trabajo, Almunia, declaró recientemente su intención de «establecer una normativa de moratorias, siempre que los empresarios reconocieran sus deudas con la Seguridad Social».

Y termino. Tengo la personal impresión de que este hachazo se precipitó por la propia rueda de Prensa de Ruiz Mateos, el martes.

Que el calado de esta medida, que conculca seriamente el artículo 38 de la Constitución, es de profundidad y largo alcance: «ni castigo, ni revanchismo»; sí, pero el Gobierno ha enseñado sus dientes feroces al sector privado: la economía libre de mercado ha recibido una seria puñalada y... sin remilgos. Y en fin, que, en el trasfondo de todo el «affaire», hay un «lobby» de Banca privada, como crisálida doméstica, dentro de un nido llamado Banco de España. ¡Lástima, no saber explicarlo!.

 

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