Autor: Gil-Robles Gil-Delgado, José María. 
   El traje del emperador     
 
 ABC.    26/02/1983.  Página: 17. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

EL TRAJE DEL EMPERADOR

La expresión utilidad pública o interés social que emplea el artículo 33-3 de la Constitución de 1978 es el término final de una evolución legislativa que arranca con la Constitución de 1812, cuyo artículo 172-11 ya decía: «No puede el Rey tomar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella, y si en algún momento fuese necesario para un objeto de conocida utilidad pública común tomar la propiedad de un particular...» Las Constituciones de 1837 y 1845 hablan de interés común, la de 1669 emplea la locución utilidad común, en la de 1876 se vuelve a utilidad pública, en la de 1931 hace su aparición utilidad social, y en el Fuero de los Españoles de 1948 se unen ambas expresiones con la fórmula utilidad pública o interés social, que repiten la ley de Expropiación Forzosa de 1954 y la Constitución actual.

Los administrativistas españoles vienen poniendo de relieve, desde hace muchos años, la tendencia constante a entender esas expresiones en sentido amplio. Ya en 1908, Piernas y de Tineo escribía: «La expropiación forzosa, hasta ahora reservada para contados casos de pública utilidad, se extiende y emplea en la satisfacción de necesidades jurídicas, de las conveniencias generales económicas y hasta para favorecer la mejora y progreso de la industria agrícola.» En este mismo sentido cabría traer aquí citas de Garcia Oviedo, Garrido Falla, García Enterría, etcétera.

En suma, las expresiones concretas pueden variar, pero la esencia es siempre la misma: la privación de la propiedad privada se justifica por el bien común, ante el que debe ceder aquella conforme a una doctrina que expresó ya con toda claridad Santo Tomás de Aquino en plena Edad Media. No se trata, por tanto, de un invento de hoy ni de ayer, sino de un principio tradicional, al menos en el derecho público cristiano. La pregunta que hay que hacer, por tanto, para saber si una expropiación forzosa está justificada o no es ésta: ¿Es necesaria para el bien común?

Cuando se considera ta situación del grupo Rumasa desde este punto de vista, lo primero que se advierte es que no tenía parangón con el de otras entidades bancarias, de cuyas crisis hemos sido testigos estos últimos tiempos. No se trataba de un Banco cuyas dificultades de liquidez pudieran resolverse mediante su integración en un grupo más amplio, como ha ocurrido con el Urquijo, ni de entidades de volumen relativamente reducido, susceptibles de ser saneadas por la propia Banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos, sino de un coloso de enormes proporciones, pero con los pies de barro. Hace muchos meses, si no años, que en tos círculos especializados se venía pronosticando en voz baja que ese proceso galopante de crecimiento terminaría mal. Era una expansión que inevitablemente hacía recordar el conocido cuento del sastre que convenció al emperador de que le iba a confeccionar un traje que sólo los leales serían capaces de ver; todo fueron plácemes y alabanzas al traje hasta que alguien, más simple o más honrado, se atrevió a decir: ¡pero si va desnudo!

Los Bancos viven de la confianza que el público tiene en su solvencia. Si los clientes se dan cuenta de que no hay tal solvencia, de que el Banco está desnudo, el pánico es inmediato. El problema, en ese momento, no reside en meterse con quien primero tuvo el valor de poner de manifiesto la desnudez, sino en encontrar la capa necesaria para cubrirla. Y esa capa, cuando el cuerpo tiene las dimensiones del de Rumasa, no puede ser más que la del Estado.

¿Era o no era necesario para el bien común evitar el hundimiento del grupo Rumasa y la pérdida de varias decenas de miles de puestos de trabajo? ¿Era o no era necesario garantizar a los depositantes la devolución de su dinero? ¿Convenía para el bien general de nuestra economía impedir una crisis de confianza en la seguridad del sistema bancario, que no se hubiera limitado a Rumasa? ¿Qué entidad o entidades, que no fuesen el Estado, tenían la capacidad necesaria para asumir ese riesgo en veinticuatro horas?

En la respuesta a estas preguntas están la utilidad pública y el interés social que justifican la medida adoptada por el Gobierno. José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO

 

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