Autor: Carrascosa, José Luis. 
   Alfredo Molinas: "Todo estaba montado para llevar a Rumasa a un callejón sin salida"  :   
 El presidente de la patronal catalana denuncia una camapaña organizada contra los empresarios. 
 ABC.    26/02/1983.  Página: 20-21. Páginas: 2. Párrafos: 20. 

Alfredo Molinas: «Todo estaba montado para llevar a Rumasa a un callejón sin salida»

El presidente de la patronal catalana denuncia una campaña organizada contra los empresario!

«El Gobierno ha hecho en el caso Rumasa un gesto para demostrar algo que era bien sabido: ha demostrado que si se empeña en poner a los empresarios contra la pared puede hacerlo», afirmaba el jueves a este periódico Alfredo Molinas, presidente de la activa patronal catalana, Fomento del Trabajo

Nacional. «Las explicaciones del ministro Boyer para justificar la grave decisión son incompletas pero, al menos, ha quedado claro y de ellas se deduce que todo estaba perfectamente calculado para Ilevar a Rumasa a un callejón sin salida. Es evidente que el pánico cundió a raíz de los comentarios del ministro, lo que puso en marcha una dinámica que «justificaba la nacionalización o como quiera llamarla el Gobierno». En una amplia entrevista, concedida el pasado lunes a ABC, Merinas anunciaba ya, como una premonición, la «primera ola» de una política del Gobierno propiciada por el ala socialista radical. «Si continuamos así —señalaba Molinas— España sólo tendrá uña salida a lo López Portillo.»

Alfredo Molinas enlaza el asunto Rumasa con la campaña antiempresarial montada en torno al presunto caso de fraude a la Seguridad Social en Cataluña. Insiste en que no prejuzga la labor de la autoridad judicial. «Precisamente pedimos que la Justicia profundice a fondo y rápidamente; que las leyes se apliquen a todos por igual. Nadie está defendiendo posiciones oscurantistas, sino que el procedimiento se lleve de acuerdo a los principios que se establecen en la propia ley de Enjuiciamiento Criminal, según la cual ios procesamientos deben realizarse de modo que lesionen lo menos posible el buen nombre y los intereses de los detenidos.»

Arruinar a las empresas

Muchas de las empresas implicadas son exportadores que dependen de sus ventas al exterior para subsistir. Algunos periódicos extranjeros —señala Molinas— han recogido informaciones, en muchos casos sensacionalistas, de la Prensa española y esto puede provocar perjuicios irreparables en esos mercados. El presidente de la patronal catalana afirma que ha tenido que realizar personalmente gestiones para informar de la realidad de la situación a Bancos catalanes y nacionales, pues, ante tas especulaciones sobre )a dimensión del escándalo podrían plantearse algunas restricciones de crédito o negativas de descuento de papel comercial que acabarían por arruinar definitivamente a las empresas.

Molinas señala que los empresarios están preocupados por el procedimiento «durísimo» que está siguiendo el juez que instruye el caso, aunque, en su opinión, lo más grave es el clima que desde fuera se está creando en torno al caso. El presidente de Fomento no vacila en afirmar que existe una «campaña» de la que no son ajenas algunos organismos de la Administración.

Presiones sobre el Gobierno

«Se están produciendo agresiones directas contra empresas —señala Molinas— y el Gobierno debería comprender que lo que en esta situación se debate no es ya socialismo sí o socialismo no, sino que nos estamos jugando en un clima de radicalización que España sólo tenga una salida a lo López Portillo.»

El presidente de Fomento afirma que las presiones que la «línea dura» del partido y, desde fuera, el hostigamiento de Comisiones Obreras, está pesando fuertemente en la actualidad. «¿Es momento de recordarle al Gobierno que es preciso desterrar definitivamente los vocablos progresismo y derechización que a veces le hacen caer en la trampa?»

¿Qué ascendiente tiene la línea socialista radical sobre la ejecutoria de la política del Gobierno? Molinas dibuja dos círculos: el primero es el Gobierno, el segundo, la Moncloa —donde parece gravitar el peso específico— está empezando a rodearse de un segundo círculo, los asesores, que parecen llamados a ejercer más influencia que muchos ministros.

«Los ministros del Gabinete González son hombres conscientes y moderados —continúa Molinas—, pero en los cuadros inferiores de ia Administración se detectan ya hombres muy dogmáticos que traían ya en la cartera una fórmula de cambio realizada "in vitro" que pretenden implantar sin hacer antes prueba médica alguna. Esos hombres son quienes pueden hacer que pierdan profundidad y visión iría los ministros sobre..qué grados de reforma son realmente digeribles por el cuerpo social.»

«Quizá uno de los argumentos que más fuerza dan a la línea radical —según Molinas— es el de que el Gobierno debe ser más duro al principio, pues si el deterioro de las medidas impopulares se carga a la fase inicial, después, cuando estén próximas las elecciones, hay más margen de recuperación.»

El Gobierno debe garantizar el AI-83

Molinas afirma que los empresarios han extendido un cheque en blanco y niega que se haya firmado el Acuerdo In1ercon"federal con una banda salarial mucho más alta de la que inicialmenle planteaban porque e! Gobierno haya ofrecido a cambio contrapartidas importantes. «Tampoco es cierto —señala— que, sin acuerdos entre las parles, es decir, en negociación libre hubiéramos podido obtener unos crecimientos salariales más contenidos. La principal ventaja de la firma del AI-83 está en que, mientras la negociación se realice dentro de la banda salarial pactada, el Gobierno se ve en la clara obligación de garantizar por todos los medios la paz social y a imponer orden a los sindicatos que inicien campañas de movilización cuyo fin no sea otro que romper lo acordado. No es poca garantía, y esperamos que e) Gobierno la cumpla.»

La crispación aflora, en cambio, cuando Molinas aborda el escándalo creado en torno a los presuntos casos de fraude, estafa o cohecho en la Seguridad Social catalana. «La manipulación del tema en algunos medios informativos es evidente. Como usted sabe, uno de los puntos desgraciadamente oscuros en el caso es la fuga de dos inspectores de la Delegación de Trabajo presumiblemente corruptos y que podrían esclarecer bastante el asunto. A uno de ellos, Gómez Catón, se le quiere relacionar con un ex gobernador de Barcelona y se afirma que es familiar suyo muy lejano... el objetivo es buscar, además, tintes políticos.

No he visto, sin embargo, que esos mismos periódicos relacionen al otro inspector, Ramón Ballesteros, con el vicesecretario general del Partido Comunista de España, Javier Ballesteros, que es su hermano.

Como puede suponer, ambas relaciones no prueban nada en absoluto, pero se cita una y la otra no.»

Dejar de ser asalariado es un riesgo

«Lo grave de este escándalo —continúa Molinas— es que se está desincentivando los deseos de ser empresario en un ámbito tradicionalmente activo como es Cataluña. El Gobierno no debe olvidar que, en Cataluña, un setenta y seis por ciento del mundo empresarial procede del mundo del trabajo; es decir, son trabajadores que se han independizado. Si el clima que se crea en torno a un empresario que, independientemente de que haya cometido irregularidades, en la mayoría de los casos no ha sido con un fin de lucro personal, acabaremos todos convencidos de que dejar de ser asalariados es un riesgo que no vale la pena.»

«He ejercido la abogacía durante quince años y puedo asegurarle que el juez ha optado en este caso por el procedimiento más duro posible. He llegado a oír comentar por ahí que "los empresarios estarán en la cárcel hasta que confiesen", lo que me parece una aberración jurídica más propia de los tiempos de la tortura y la Inquisición.»

Molinas enumera, además, las circunstancias anómalas que han rodeado el caso como si alguien estuviese interesado en agrandar aún más las dimensiones del tema y cita varias: el Ministerio de Trabajo se «equivoca» y divulga unas cifras exageradísimas de deuda de los empresarios a la Seguridad Social: 700.000 millones que luego quedan precisados en 200:000. Esta última cifra, más real, apenas tiene difusión y cuando se divulga no se dice que en ella participan también numerosos Ayuntamientos —entre ellos el de Madrjd— y empresas públicas cuyos impagos se camuflan con una práctica contable poco ortodoxa, ya que anulan la deuda con las cantidades que reciben como subvenciones del Gobierno.

 

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