Autor: Sánchez Calero, Fernando. 
   El real decreto-ley sobre Rumasa     
 
 ABC.    26/02/1983.  Página: 28. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

EL REAL DECRETO-LEY SOBRE RUMO

Por Fernando SÁNCHEZ CALERO

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid

EL real decreto-ley 2/1983, de 23 de febrero, de expropiación por razones de utilidad pública e interés social de los Bancos y otras sociedades que componen el grupo Rumasa, S. A., es, sin duda, una disposición muy importante. Se trata de una medida de urgencia que intenta resolver una situación crítica, pero que demuestra, al propio tiempo, las grandes lagunas de nuestro ordenamiento jurídico.

Hace algún tiempo estudié con detenimiento la regulación del Fondo de Garantía de depósitos bancaríos, tal como fue disciplinado por otra disposición de urgencia. En aquel artículo, publicado en la «Revista de Derecho Bancario y Bursátil», decía al referirme al Fondo de Garantía que había obtenido una personificación jurídica, que se trataba de una institución que como tantas otras surgidas de la realidad social, ofrecen al jurista —al que se imputa su" tendencia al conservadurismo y el pretender resolver nuevos problemas con dogmas tradicionales— aspectos novedosos llenos de interés. Se ha repetido —decía entonces— que al jurista le es más fácil el olvidar que el aprender. Mas también es cierto que le corresponde frecuentemente la difícil labor de reclamar reformas, denunciando la insuficiencia de las normas existentes para luego encontrarse con disposiciones elaboradas con urgencia. Esto es lo que ha vuelto a suceder ahora con esta disposición dictada y pensada para el caso Rumasa, pero que por la desidia de los legisladores —atentos frecuentemente a problemas que consideran más inmediatos— van dejando las reformas fundamentales para más adelante.

Los Gobiernos son propicios a hablar de situaciones heredadas, pero quiero recordar, por ejemplo, que frencuentemente suele tratarse de herencias viejas. Nuestros jueces se ven obligados a aplicar en los casos de crisis más graves —es decir, en los casos de quiebra de sociedades—, junto a otras normas, las del Código de Comercio de 1829, pensadas para las quiebras de tenderos, pero que se han debido de aplicar, por ejemplo, en la quiebra del Banco de Navarra, por no citar otros casos.

Los fallos de nuestra legislación hacen que nuestras autoridades económicas, con prisas y con nervios, tengan que acudir a procedimientos expeditivos que difícilmente son acertados.

Limitándose al campo del Derecho bancario, vemos que el organismo del control de la actividad bancaria —el Banco de España— carece de la normativa adecuada para ejercer su delicada e importante labor. Ciertamente, en este caso, podía haber sustituido a todos los Consejos de Administración bien deben ser objeto de atención por parte de una normtiva especial.» (Pag. 96.)

Sería injusto decir que no ha existido preocupación por estos temas, como lo demuestra el anteproyecto de ley de Sociedades Anónide los Bancos de este grupo, al amparo de lo establecido en el real decreto-ley de 6 de marzo de 1978, pero la medida quizá hubiera sido insuficiente, ya que tos Bancos formaban parte de un grupo de sociedades en el que ios administradores de las sociedades dependientes —esto es, los administradores de los Bancos— sólo formalmente eran auténticos administradores, en cuanto que dependían de la sociedad madre, una entidad no bancaria. Sin embargo, es cierto que, intervenidos los Bancos, esos administradores hubieran adquirido un poder de decisión —no ya pleno—, sino dependiente de la autoridad de control, es decir, del Banco de España.

Aun así, dada, al parecer, la concentración de riesgos dentro del grupo, esa medida seguramante hubiera sido insuficiente. De ahí que las medidas debían ampliarse al grupo, pero nuestra legislación bancaria sólo menciona a tos grupos de sociedades, mas no los regula.

Ciertamente, en la normativa del Fondo de Garantía de depósitos bancarios autoriza a su Comisión ´a «acordar que los Bancos integrados en el Fondo se somentan a una auditoría contable con la periodicidad y alcance que se establezca. Dicha auditoría podrá extenderse a las sociedades filiales del Banco o al grupo de sociedades que controle éste (artículo 3.°-3, real decreto de 28 de marzo de 1980). Pero, pegados a la letra de la ley, resulta difícil imponer la obligatoriedad de la auditoría de grupo en los casos en que los Bancos fueran filiales de una sociedad no bancaria, lo que, al parecer, era el supuesto de Rumasa.

Los que participamos en el año de 1978 en la redacción del informe de la Comisión para el estudio del mercado de valores aconsejábamos, entre otras cosas, que debía prestarse atención a la regulación de los grupos de sociedades. «La normativa vigente —dice el informe— parte de la independencia de la sociedad, pero la realidad demuestra que un porcentaje elevado de sociedades anónimas —y prácticamente la totalidad de las sociedades cuyos títulos se cotizan en Bolsa— forman parte de grupos de sociedades. Unido a este fenómeno, aun cuando no coincidente en forma absoluta con él, aparece el de tas participaciones sociales recíprocas, que también deben ser objeto de atención por parte de una normtiva especial.» (Pag. 96.)

Sería injusto decir que no ha existido preocupación por estos temas, como lo demuestra el anteproyecto de ley de Sociedades Anónimas, que los afronta y que establece la auditoría obligatoria para las grandes sociedades y para los grupos de sociedades siguiendo la normativa de Jas directrices de la Comunidad Económica Europea. Entendemos que es preciso adelantar por este camino, como también en el de la regulación de las crisis de las empresas, de los instrumentos de crédito, de las normas de control de la actividad bancaria con poderes por parte del órgano de control y también con garantías por parte de los administrados o controlados.

El real decreto-ley 2/1983, que expropia todas fas acciones de las sociedades del grupo Rumasa, destituye a los administradores, crea una «Comunidad de accionistas» por cada sociedad —es decir, una «Comunidad de expropiados»—, prevé unas indemnizaciones muy difuminadas, etcétera, y plantea un conjunto de problemas jurídicos que no pueden ser objeto de atención ahora.

Con todo, se trata de una medida grave, que constituye un precedente que supongo no inspirará confianza a los empresarios, cuando nuestro país necesita lo contrario, y además plantea un problema que sólo me permito apuntar y es el de la constitucionalidad del real decreto-ley. Porque se dice qué se ha adoptado esta medida al amparo del artículo 33-3 de la Constitución que, como se sabe, dice que «nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con to dispuesto por las leyes». Es lógico que un derecho individual, como es el de propiedad, debe dejar paso a los intereses generales o públicos, pues así lo exige la «función social» que la propiedad debe cumplir (artículo 33-2 de la Constitución).

Mas también es cierto que el artículo 86-1 de nuestro texto fundamental dice que los decretos-leyes no podrán afectar «a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I». Y el artículo 33, referente al derecho de propiedad, se encuentra incardinado en el Título I, capítulo II, que lleva el expresivo rótulo de «derechos y libertades». Para evitar esta contradicción, quizá el camino más apropiado es el artículo 128/2 de la propia Constitución, que prevé que, mediante ley, se podrá «acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general». Porque ese interés general podría haber justificado no sólo la tutela de los acreedores, trabajadores y pequeños accionistas del grupo Rumasa, sino el de no amedrentar al resto de los accionistas españoles y extranjeros que desgraciadamente acuden cada vez menos a la suscripción en las emisiones de nuevas acciones.

 

< Volver