Autor: Fernández-Rúa Plasencia, José María . 
   Recurso de inconstitucionalidad contra la expropiación de Rumasa  :   
 La decisión de AP enmarca el debate de esta tarde. 
 ABC.    01/03/1983.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

Recurso de inconstítucionalidad contra la expropiación de Rumasa

La decisión de AP enmarca el debate de esta tarde

Madrid. José María Fernández-Rúa

El Grupo Parlamentario Popular, que dirige Manuel Fraga, (coalición AP-PDP y varios partidos regionales) presentó a última hora de ayer en el Juzgado de Guardia un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto-ley 2/1983, de 23 de febrero, sobre la expropiación de los Bancos y otras sociedades que componen el Grupo Rumasa. Este recurso está encabezado por el diputado José María Ruiz Gallardon y lo firman cincuenta y cuatro parlamentarios más del Grupo Popular.

No obstante, el Juzgado de Guardia se puso en contacto posteriormente con el señor Ruiz Gallardón para comunicarle que no admitía a trámite el recurso por no vencer anoche ningún plazo para su presentación.

La recepción de documentos que vayan a otros Tribunales, por parte del Juzgado de Guardia, son los llamados escritos a término que no era el caso del citado recurso.

El fundamento general de la inconstitucionalidad del citado real decreto-ley, al que ha tenido acceso ABC, son las graves razones de orden jurídico-constitucionai, cuya desatención pondría en peligro el Estado de Derecho cimentado en la vigente Constitución española. «El abuso de poder perpetrado por el Gobierno —se dice en el recurso—, violando normas de primer rango, no pueda convalidarse ni sanearse por la vía que previene el artículo 86, apartado segundo, de la Constitución.»

El Congreso de los Diputados debatirá esta tarde el controvertido real decreto-ley de expropiación de Rumasa. bajo el síndrome de la inconstítucionalidad de esta medida gubernamental. El Gobierno, por medio de su responsable económico, Miguel Boyer, tiene ante sí el reto de convencer a Jos no convencidos —porque los diputados socialistas y comunistas ya lo están— de la necesidad de tramitar este real decreto-ley como proyecto, en el que no se admiten enmiendas de totalidad ni tampoco de devolución.

En el citado recurso de inconstitucionalidad el Grupo Popular subraya que, «de respaldarse este hecho, atentatorio a la Constitución, se entraría en una espiral de imprevisibles consecuencias; que los diputados, representantes de la oposición parlamentaria, están obligados a denunciar para poner coto a desafueros de esta naturateza, que cuestionan gravemente los principios en que descansa nuestro sistema constitucional».

La coalición AP-PDP afirma que todo el entramado democrático garantizado constitucionalmente se convulsiona cuando, como en el presente caso, «se utiliza abusivamente el juego de las mayorías mecánicas (de cuya legalidad no dudamos) para poner en cuestión el equilibrio de poderes diseñado por nuestra ley de leyes, atropellando al mismo tiempo los derechos fundamentales que la misma Constitución ampara».

Para el Grupo Parlamentario Popular está claro que el Gobierno, al dictar esta disposición, ha vulnerado «de manera frontal, grave y aun consciente» tos límites que para los decretos-teyes establece el artículo 86.1 de la Constitución, invadiente el ámbito del derecho de la propiedad garantizado en el Título I de la Constitución, y marginando, al tiempo, el sistema de distribución de competencias.

Para la coalición AP-PDP y demás partidos regionales, con esta medida gubernamental se produce una auténtica invasión a la libertad de empresa, protegida por el artículo 38 de la Constitución, y un fraude a las normas constitucionates, «al invocar como norma de cobertura un precepto constítucional».

Luego de abundar en los fundamentos de inconstitucionalidad por invasión ilegítima de la libertad de empresa, se refiere a los que vulneran el derecho de asociación del artículo 22 de la Constitución y los derechos del articulo 24, que garantiza la tutela efectiva de los derechos ante los Tribunales de Justicia, así como la total ausencia de presupuesto habitante para dictar el decreto-ley, entre otros. En el recurso se afirma también que «la nacionalización encubierta realizada por el Gobierno, al amparo de una disposición utilizada torticeramente, con desprecio de todo el marco jurídico-institucional establecido para garantizar la convivencia democrática y consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular; no puede ser contemplado pasivamente por los diputados recurrentes de la oposición parlamentaria».

 

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