Autor: Fernández-Rúa Plasencia, José María . 
   El Gobierno no supo replicar a Miguel Herrero de Miñón  :   
 "Están erosionando -dijo- el sistema constitucional y de libertades democráticas". 
 ABC.    02/03/1983.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

El Gobierno no supo replicar a Miguel Herrero de Miñón

«Están erosionando —dijo— el sistema constitucional y de libertades democráticas»

Madrid. José Mana Hernández-Rúa

La grave acusación lanzada por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, portavoz del Grupo Parlamentario AP-PDP, contra el Gobierno ha quedado ahí, en espera de respuesta. «Están erosionando —dijo— el sistema constitucional y de libertades democráticas con el real decreto-ley de expropiación del grupo Rumasa. Frente a la fuerza de los votos está la razón del derecho, que es la única garantía de libertad que tenemos.» Miguel Herrero, es justo decirlo, estuvo brillante, incisivo y demoledor. Condujo hábilmente el debate a su terreno, el jurídico.

El responsable económico del Gobierno, Miguel Boyer, afirmó ante el Pleno del Congreso que no se podía esperar con tranquilidad a que se precipitasen los acontecimientos de Rumasa, y de ahí la rapidez de la medida adoptada. Fernando Ledesma, titular de la cartera de Justicia, aburrió. En un discurso mecanografiado, que leyó durante cuarenta dilatados minutos, quiso explicar cómo el real decrecto-ley mencionado respeta los criterios básicos establecidos en la ley de Expropiación forzosa.

La sesión plenaria de la Cámara Baja continuará hoy. Sin duda, la mayoría socialista apoyada por los votos del Partido Nacionalista Vasco, de los comunistas y de algún otro parlamentario hará viable la convalidación del real decreto-ley 2/1983, de 23 de febrero. El Tribunal Constitucional tendrá que decidir después, ante el recurso presentado por la oposición que dirige Manuel Fraga. Esta tarde, Miguel Roca, por la Minoría Catalana, volverá a insistir en los argumentos inconstitucionales del acuerdo adoptado por el Gobierno para expropiar a! grupo Rumasa. Anoche, Rodríguez Sahagún apoyó la tesis de Miguel Herrero, mientras que el diputado comunista Femando Pérez Royo anunciaba su voto favorable al Ejecutivo.

El gol jurídico

La sesión se animó con el yerbo fácil de Miguel Herrero. El terreno jurídico de la medida, indudablemente, no lo domina el ministro de Economía y Hacienda, porque no es su especialidad. Allí no hay más números que los de los preceptos de las leyes. Por eso tuvo que subir a la tribuna de oradores el titular de la cartera de Justicia, Fernando Ledesma. Su intención era demostrar la constitucionalidad de la medida.

Tras cuarenta minutos de lectura a cargo del ministro Ledesma, Miguel Herrero comenzó su réplica con estas palabras: «De la amena intervención del ministro de Justicia... ya sabemos quién coló el gol jurídico». El diputado aliancista por Madrid explicó la Constitución en el hemiciclo y, en determinado momento, dijo que Ledesma se había confundido al hablar de algunos artículos que se contemplan en la Constitución y que fueron manejados por todos los grupos parlamentarios.

Pero Herrero y Rodríguez de Miñón tuvo también palabras acusatorias contra el Gobierno en pleno. «Por el ministro Boyer —explicó— nos hemos enterado que el Gobierno ha incumplido el artículo 259 de la ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 332 bis del Código Penal. No somos los defensores de Rumasa y, más aún, no tenemos motivo alguno para serlo, cosa que no todos los grupos parlamentarios pueden decir.»

No hay cambio en el Gobierno

En su informe anterior, el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, utilizó un tono moderado y monocorde para justificar, desde el ángulo político-social, el económico y el jurídico-administrativo, la expropiación del «holding» de la abeja.

No hubo muchas sorpresas en la amplia intervención de Miguel Boyer, que fue interrumpido en una ocasión por los aplausos de sus compañeros de partido cuando mencionó que en el año 1962 se encontraba en la cárcel. El ministro denunció muchas cosas, pero lo que más llamó la atención de la Cámara fue la existencia de ochenta y ocho empresas que, perteneciendo al grupo Rumasa, no habían sido declaradas a las autoridades monetarias: «Rumasa B» o «Rumasa paralela», como la denominó Boyer.

Antes de acabar la sesión, el presidente del Gobierno, Felipe González, declaraba que tiene la conciencia tranquila y que estaba sereno, «aunque la envergadura del problema me preocupa. No tengo ningún problema de conciencia. La medida que se ha adoptado es para salvaguardar los intereses generales de España. Respetamos el sistema financiero y creemos que estamos contribuyendo seriamente a fortalecer un sistema de economía mixta de mercado».

 

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