Boyer: la expropiación fue rápida, no precipitada  :   
 Detectada una "Rumasa paralela" con 88 empresas. 
 ABC.    02/03/1983.  Página: 15-16. Páginas: 2. Párrafos: 26. 

Boyer: La expropiación fue rápida, no precipitada

Detectada una «Rumasa paralela» con 88 empresas

Madrid

La actitud de desobediencia en general, el desacuerdo en la reunión mantenida el lunes 21 en el Ministerio de Economía, y la rueda de Prensa de José María Ruiz Mateos precipitaron la expropiación de Rumasa, señaló ayer el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, en su intervención ante el Píeno del Congreso de los Diputados.

En su intervención, el ministro calificó de «rápida, pero no improvisada» la decisión, aportó algunos datos nuevos sobre los que ya dio a conocer en su rueda de Prensa en la Moncloa, como la existencia de una Caja B en Rumasa en la que aparecen 3.000 millones de pesetas en gastos de personal y pago de costes financieros, así como 67.000 captados sin pasar por el balance de los Bancos (32.000 avalados), retenciones de impuestos no ingresadas y falla de pago a la Seguridad Social, en la cuota empresarial, y no en la de los trabajadores.

El ministro afirmó, y esto es también novedad, que se había detectado una «Rumasa B», o paralela, según sus palabras, compuesta por otras 88 sociedades participadas también por el grupo y que hasta ahora no han sido expropiadas.

El ministro relató de nuevo el proceso de las auditorías y las reiteradas advertencias de la autoridad monetaria, continuamente desoídas por Rumasa en una persistente actitud «obstruccionista».

Boyer repitió el cálculo según el cual el patrimonio de neto (capital, reservas y resultados) queda reducido después de un ajuste a 5.000 millones de pesetas. Ese ajuste supone una minoración de 66.600 millones entre valor contable y teórico de las participaciones bancadas, que se contabilizaban hasta cinco veces por encima de la realidad. El ministro ilustró Banco por Banco con cifras esa sobre-valoración que en algunos casos supera el 1.000 por 100.

En cuanto a (a cartera de valores, señaló que frente a los 94.700 millones de pesetas declarados, aun considerando el fondo de comercio, su valor real se reduce a 28.000. Estos Bancos, añadió, estaban operando con pérdidas y, además, con excepción del Atlántico, resultan improductivos en el sentido de que la cuenta de resultados del grupo no recogía ingreso alguno por esa cartera de valores bancarios.

Las pérdidas superan los 10.000 millones

Los «ratios» de la división bancaria están en general muy por encima de la medida de la Banca privada tanto en personal como en gastos generales. Hay además partidas que no se registran en el balance: Boyer mencionó una cifra que supera los 32.000 millones, que, de contabilizarse, habrían supuesto una nueva minoración del patrimonio.

Con todos esos datos, según manifestó el grupo, excluidas las nuevas empresas detecadas, tuvo en 1981 unas pérdidas no inferiores a los 10.000 millones, frente a los 6.389 millones de beneficios declarados, cifra a la que sólo pudo llegarse por una sobrevaloración de activos.

En el caso de Galerías Preciados, inmediatamente después de la adquisición, se contabiliza una revaloración de la empresa en 11.500 millones, que se llevan como plusvalía a la cuenta de resultados.

Iguales prácticas en operaciones entre Rumasa, Rumasina y Rumasinver «inflan» el beneficio.

Boyer citó en concreto el caso de la adquisición de las Torres de Jerez a Osinalde, S. A., que se realiza en 1989 millones y se refleja en balance por más de 3.500 millones. Todas estas prácticas contables rebajarían aún más, según el ministro, el agujero del grupo que estando por investigar las nuevas empresas, es difícil de cuantificar.

Los Bancos no cobraban intereses

Según Boyer, el volumen de riesgo de los Bancos con las empresas del grupo se sitúan hoy en 275.000 millones, lo que supone una concentración que supera el 60 por 100, excluido el Atlántico. Estos Bancos no perciben además intereses de las empresas.

Al referirse a la «Caja B» puntualizó que había pagos por 3.000 millones destinados a gastos de personal y costes financieros —no reflejados en la cuenta de resultados—, así como 67.000 millones de pese-

tas captados sin pasar el balance de los Bancos; solamente 32.000 tenían el correspondiente aval.

El ministro de Economía repitió con más detalle los datos aportados por la inspección fiscal referidos a 226 empresas, de las cuales, 206 se habían acogido a la regularización de 1977. De los 20.000 millones de deuda tributaria, el 95 por 100 recibieron disconformidad por parte de Rumasa y están, por tanto, a resultas de los correspondientes recursos. Según Boyer, las inspecciones se centralizaron en Madrid ante la obstrucción, domicilios falsos y actitud de ocultación mostrada por Rumasa. Estimó que sólo se ingresaba un 5 por 100 de los impuestos retenidos, y en 30.000 millones las cuotas tributarias no ingresadas entre 1981 y 1982.

No ingresaba la cuota empresarial.

En relación con la Seguridad Social, Rumasa no ingresaba la cuota empresarial, aunque sí las de los trabajadores, para no incurrir en apropiación indebida, según el ministro. Señaló que las tres sociedades champaneras antes de 1979 ingresan 93 millones en la Seguridad Social agraria y una vez adquiridas por el grupo soto 15 millones. Galerías Preciados había acumulado 4.000 certificaciones por la vía de apremio.

El ministro de Hacienda pasó a justificar la medida de expropiación adoptada por el Gobierno, haciendo referencia a las diversas alternativas para optar, finalmente, por la expropiación, porque permite un saneamiento global del grupo. Señaló, igualmente, que no consideraba un trato discriminatorio respecto a Rumasa la vista de la actuación llevada a cabo con el caso del Urquijo y Banca Catalana. En el caso de Rumasa, según el ministro, no había actitud de colaborar o de dejarse ayudar y además había un desprecio absoluto a las normas de las. actividades económicas y falta absoluta de prudencia en la gestión bancaria.

Indicó que cuando terminen de conocerse los datos completos no habrá ningún asomo de duda.

No hubo precipitación

En cuanto a la acusación de que se hizo de forma precipitada, Boyer manifestó que se había tomado una decisión rápida, pero no precipitada. Según el ministro, en el mes de enero pasado el Banco de España propuso cuatro alternativas: a) Sanciones a los Bancos del grupo; b) Intervención de los Bancos por el Fondo de Garantía de Depósitos; c) Expulsión de los Bancos del Fondo y, d) Expropiación. A estos efectos se formó una comisión de altos funcionarios en el Ministerio de Hacienda para estudiar la mejor solución.

Sobre la rueda de Prensa que el propio ministro celebró el viernes día 18, en la que afirmó que «no tenía conocimiento de que Rumasa hubiese roto con Arthur Andersen y que de ser cierto el Fondo enviaría inspectores del Fondo de Garantía de Depósitos», dijo que los problemas de Rumasa eran ya conocidos por anteriores Gobiernos y por otros Bancos. El lunes día 21, tras la reunión de directivos de Rumasa con Boyer y otros cargos de la Administración al no haberse llegado a un acuerdo hubo una reunión de Ministros con el presidente del Gobierno que consideraron el caso. Añadió Boyer que tras la «espectacular reacción por parte de Rumasa», en la rueda de Prensa de Ruiz Mateos el martes 22, su intención a no dejarse ayudar y la retirada de depósitos de los Bancos del grupo, el Consejo de Ministros decidió la expropiación como la mejor alternativa.

Refiriéndose a la supuesta inconstitucionalidad del decreto-ley de expropiación, Boyer manifestó que en aras del reálismo económico y por razones de urgencia ante la previsible degradación económica general la solución adoptada era la más conveniente. La extraordinaria y urgente necesidad presente en este caso justifican el decreto-ley que, asimismo respetando el artículo 86 de la Constitución, preserva la estabilidad financiera y la protección de los derechos.

La necesidad que se requiere en la expropiación de que tenga rango de ley se cumple en este caso.

Explicó el ministro que el artículo 86 de la Constitución en su apartado primero se refiere, según consta por jurisprudencia al Tribunal Constitucional, a aquellos derechos y libertades del Título primero que necesitan ley orgánica.

Añadió el ministro que el derecho de propiedad no es un derecho absoluto, sino que la propia Constitución lo subordina a interés general en su artículo 128, a la vez que en el propio artículo 33 en su apartado 3 limita este derecho. Añadió Boyer que esta exposición no se hace con vocación de permanencia, sino para este caso en particular y dada su especial configuración.

Finalizó el señor Boyer su intervención con un aspecto, dijo, que interesa recalcar al Gobierno y que emana del compromiso con los electores: «La política que propugnamos no está basada en las nacionalizaciones.» Manifestó que el decreto-ley no es una represalia a la actitud tomada por Rumasa hacia tas autoridades financieras de anteriores Gobiernos y que pretendía reforzar a un grupo tambaleante que ha tenido una mala gestión y una expansión irrazonable.

Nuestro deseo sería, afirmó más adelante, que se produjera un saneamiento rápido al menor coste posible y que las empresas afectadas encontrasen en el menor tiempo una salida en la integración del sector privado. Y puntualizó que las empresas que no encuentren acomodación en este último sector no serán abandonadas sino mantenidas con la titularidad del Estado.

 

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