La oposición acusa al Gobierno de "imprudencia temeraria y negligencia"  :   
 Herrero de Miñón, contra la convalidación del decreto-ley. 
 ABC.    02/03/1983.  Página: 16-17. Páginas: 2. Párrafos: 12. 

La oposición acusa al Gobierno de >imprudencia temeraria y negligencia»

Herrero de Miñón, contra la convalidación del decreto-ley

El primer turno en contra, tras la intervención del ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, corrió a cargo del Grupo Parlamentario Popular, a través de su portavoz, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. En una densa alocución, en la que fue interrumpido en dos ocasiones por el presidente de la Cámara, Gregorio Peces-Barba, Miguel Herrero pidió que el Congreso no convalidara el decreto-Iey que contempla la expropiación de Rumasa, y propuso que el Gobierno remita a la Cámara un proyecto de ley, tramitado con carácter de urgencia y con lectura única, «para remediar la crisis que ha originado la equivocada política del Ejecutivo».

E( representante del Grupo Popular inició su turno distinguiendo dos partes diferenciadas en el parlamento de Miguel Boyer. En primer lugar afirmó que «la relación de hechos y datos aportados por el ministro me parece seria, y recoge una tremenda opacidad en Rumasa». En este sentido solicitó que se ampliara ese informe con nuevos datos.

Defender las libertades

Por esa razón, el portavoz del Grupo Popular subrayó que no era momento ahora de hablar de jas cifras ni del impacto que las medidas adoptadas por el Gobierno han tenido en el sistema económico y social, sino «de algo más grave: del modelo político, del sistema de libertades que todos queremos. Sistema contra el que el Gobierno ha atentado muy seriamente por su imprudencia. No somos —añadió— los defensores de Rumasa. Pero con unas declaraciones imprudentes, Boyer provocó una grave situación en e! grupo de empresas y luego en el Gobierno».

Miguel Herrero se refirió a la «colección de erratas» que se han ido produciendo en el decreto-Iey de expropiación del «holding», y que ha hecho que «el Gobierno cayera en el pánico el día 23 de febrero, y en la incapacidad al día siguiente». Respecto a este último punto se refirió a las distintas denominaciones que se ha dado a las medidas sobre Rumasa: el portavoz bel Gobierno habló el primer día de incautación; Boyer se refirió luego a expropiación, y después se habió de intervención. «Pensábamos al principio que se trataba de una nacionalización. Pero no se puede nacionalizar por la vía de un decreto-ley. La razón objetiva que se podía invocar, la quiebra, no existía de acuerdo con el Derecho español vigente. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido una presunción de una situación económica. Pero de seguir por ese camino, ¿qué ocurriría con nuestra tabla de derechos?»

Negligencia del Gobierno

Mas adelante, Miguel Herrero, afirmó que el sector privado es más competente que el público para gestionar este tipo de empresas y consideró que «es delirante que por vía de una incautación estatal se repartan, una vez saneadas, esas empresas entre otras entidades privadas». En este momento, el portavoz del grupo AP-PDP, fue instado por el presidente de la Cámara a que retirara la frase «reino de las fullerías» citada por Miguel Herrero como la situación a la que se podía desembocar con esta política.

El diputado afirmó que «ha habido simplemente una vía de hecho con apariencia de decreto-Iey que atenta contra el sistema de libertades y !a distribución de competencias de un Estado de Derecho». En concreto, se refirió a un «atentado» contra un numeroso grupo de artículos de la Constitución que desgranó poco a poco. «Si el Gobierno lo hubiera hecho bien, dentro del marco legal, se habría encontrado con el apoyo de nuestro grupo para dar una salida seria a la situación. Pero no se puede invocar al pueblo y al Estado contra la Constitución. Y esto es lo que se ha hecho con el decreto-Iey sobre Rumasa. El Gobierno, que ha contribuido a agravar la crisis, la ha resuelto ilegalmente. Ha mostrada un desconocimiento total de lo que exige la libertad, la democracia, el parlamentarismo y la Constitución. Eso se llama negligencia.»

Refiriéndose al presidente del Gobierno, Miguel Herrero, le acusó de «imprudencia temeraria y negligencia», remitiéndose a varios artículos del Código Penal y a la ley de Enjuiciamiento Criminal. «Ha ordenado su señoría —dijo señalando a Felipe González— la ocupación de domicilios, la expropiación ilegal, etc. Una frivolidad tan grave es antiética», frase esta última que también retiró a instancia de Gregorio Peces-Barba.

Contra la convalidación del decreto

Por último, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, propuso a la Cámara adoptar dos decisiones. La primera, «que no se convalide el decreto-ley, ya que es nulo desde su raíz. Además, su convalidación por esta Cámara —añadió— también sería nula una vez que ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Si este recurso prosperase después de ser convalidado por el Congreso de los Diputados, se originaria un grave conflicto institucional».

La segunda propuesta de Miguel Herrero consiste en que el Gobierno remita a la Cámará Baja un proyecto de ley para ser tramitado con carácter de urgencia y con lectura única, con el fin de que el 24 de marzo haya una norma que permita remediar la crisis ahora originada, salvando los empleos y las inversiones del grupo de empresas de Rumasa. «Si el Gobierno tiene la intención de aplicar la fuerza de sus votos se encontrará de frente la razón del Derecho, que es la única garantía de libertad.» Miguel Herrero ofreció la colaboración del Grupo Parlamentario Popular al partido en el Gobierno para sacar adelante esa segunda proposición.

 

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