Autor: Urbano, Pilar. 
   La Cámara era un hervor     
 
 ABC.    02/03/1983.  Página: 20. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

La Cámara era un hervor

Como la cabeza ya rodaba por los suelos, y como no existían datos fiables y rotundos todavía para saber por qué se había cortado... sólo podían discutir en torno a la calidad del acero de la guillotina. El gran debate económico «Rumasa» y el gran debate político «libertad económica» se achicaron en un debate jurídico: «decreto-ley de expropiación».

Y como en una democracia formal las formas son casi tan importantes como el fondo, a la postre todo eran «¡ayes!» por la gran pieza vulnerada. Pero ia gran pieza vulnerada no era, por lo visto y oído, el señor Ruiz Mateos, ni su fortunen ¿intervenido?, ¿incautado?, ¿expropiado?, ¿nacionalizado?... (que todos esos términos se vienen manejando en el «argot oficial» del Gobierno, sin acabar de fijar postura); la gran pieza vulnerada allí era la santa madre Constitución.

• El ministro Boyer defraudó a la Cámara al no comparecer con argumentos contundentes y apabullantes de quiebra, fraude, malversación, «agujeros» bancarios, evasión de capitales..., pese a estar en posesión de la procesadora de datos del «holding» Rumasa desde la madrugada de la expropiación. Toda su artillería se clavaba sobre la diana fija de una presunta historia de obstrucciones a la inspección monetaria y tributaria. Empeño inteligentemente terco del ministro de Hacienda para lograr... lo que no ha logrado todavía, aunque por ahí exploran: demostrar que hubo «obstrucción», factor clave para que haya delito fiscal. Y es que, aun cuando el señor Boyer desde la tribuna de oradores mostró —en juego de amagar y no dar— la posible «fechoría» de haber retenido impuestos («lo ingresado por Rumasa no alcanzó al 5 por 100, entre IRTP, lujo y tráfico de empresas»), para anunciar después: «Ello tendrá las pertinentes consecuencias en materia de delito fiscal y se pondrá en conocimiento de los Tribunales» (un sordo rumor de «barrotes... cárcel... Carabanchel...» recorrió en ese instante la Cámara de punta a punta), como resulta que los hombres de Rumasa tomaron la precaución de firmar actas —y de disconformidad, en el 95 por 100 de los casos—, esa es la prueba, estimo, de que no hubo obstrucción, ya que... ¡hubo actas! El otro mortero del ministro Boyer, novedad única respecto a lo que ya dijo en la rueda de Prensa de Moncloa, fue sacar a la luz «la existencia de ochenta y ocho sociedades no declaradas como pertenecientes al grupo..., lo que constituye una "Rumasa paralela", peor conocida y más opaca aún que la otra». Pregunté a expertos, un abogado y un notario, diputados ambos. Uno me dijo: «Habría que saber, porque Boyer no lo ha dicho, qué porcentaje de acciones o de participación de capital tiene en ellas Rumasa.» Y otro: «Como notario, sé que un grupo de las dimensiones de Rumasa para realizar la más nimia operación de compraventa de una simple casa en Salamanca, por ejemplo, necesita perentoriamente crear una sociedad ¡por día! Y es muy normal que en ese volumen empresarial se creen, se utilicen y se dejen sin tramitar su cancelación, no ya ochenta, ochocientas...» Por si el respaldo de autoridad sirve diré que uno era José Luis Ruiz Navarro y el otro Pío Cabanillas Gayas.

• Pero con todo, como dije, segada y rodando ya la cabeza del hombre de Rota, el debate parlamentario tenía que centrarse en si había o no necesidad urgente de expropiar, y en si la herramienta empleada, «decreto-ley», era o no constitucional. Boyer, que no es jurista, estuvo flojo ahí. Y ésa era la golosina con que se relamían desde sus escaños los diputados aliancistas Ruiz Gallardón y Herrero de Miñón, preparando su ofensiva. A todo esto, la Cámara estaba tensa, crispada, como nunca la había visto yo. ¡Y no digamos el «respetable» de las tribunas! Carrillo mostraba su «preocupación... porque ¡a saber adonde nos lleva esto!» Y alguna otra señoría, de proverbial buen olfato, me comentaba: «Hay mal ambiente..., miradas hostiles..., gestos duros..., de esos que premonizan bofetadas.» Clima de tensión contenida, sí, que se hizo patente cuando Boyer, a propósito de la nacionalización de acciones privadas del Banco de España, en el 68, dijo con sorna: «... Yo eso lo viví desde la cárcel.» Volvió a lanzar la oferta a «compradores privados, para reprivatizar, en su día, las empresas y Bancos de Rumasa». (Tomen nota.) Y apuntó que «ya antes de aquellas declaraciones mías del viernes, 18, que ahora se pretenden volver contra mí, yo sabía que varios importantes Bancos, que no citó, habían dado órdenes de no facilitar crédito alguno a las empresas del grupo Rumasa».

• No acabó de explicar por qué, desde que llegó al Gobierno, solicitó un «"dossier" Rumasa» para abultar el que ya le había traspasado el Gabinete saliente. Ni por qué tamañas «heterodoxias», irregularidades y constantes burlas a las autoridades monetarias y tributarias jamás fueron seriamente enganchadas por los precedentes ministros de Hacienda o por los anteriores gobernadores del Banco de España, que tan «quejosos y vigilantes» estaban. Ni aclaró, de modo meridiano, por qué «no hubo voluntad de acuerdo» entre Ruiz Mateos y él. Ni por qué se interpretó como «fin de toda esperanza de colaboración» la rueda de Prensa del señor de Rumasa... Un ex ministro, avezado por cierto, me decía: «Cuando uno está en el Gobierno y mete la pata... lo más duro es "explicarse" ante sus propios colegas de Gabinete... Y ahí Boyer, para respaldarse a sí mismo en sus desafortunadas declaraciones del viernes 18 con los periodistas, tuvo que empezar a cargarse de razones, y él mismo se obcecó en la acelerada pendiente... A partir de esa comida, y la retirada de fondos de los Bancos-Rumasa, que resaltó, Boyer ya no podía detenerse. Era imparable. Como se dijo ayer en el Congreso: «Cuando los dioses quieren perder... empiezan cegando.»

• Miguel Herrero de Miñón estuvo airoso, punzante, combativo, brillante. Se sabía su lección dialéctica y clavó buenos «pares» entre la cáustica y la irónica oratoria. Se pasó, y hubo de retirarlas, en las expresiones «reino de la fullería» y «frivolidad antiética», en un intento sin éxito de provocar al presidente del Gobierno. Pese al tedioso alegato retórico del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, quedó muy en solfa la constitucionalidad del «decreto-ley».

Miñón imputó a Felipe González acusaciones rayanas en el delito penal: «Usurpación de funciones», «imprudencia temeraria», «negligencia», «violación domiciliaria», «expropiación ilegal».... Argumentó que el decreto-ley era «nulo de raíz». «Frente a la fuerza de los votos del Gobierno, está la fuerza de la razón del Derecho, que es la única que garantiza la libertad», diría en el cierre de una intervención estrepitosamente seguida de aplausos derechistas y pateos izquierdistas.

Pilar URBANO

 

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