El debate de Rumasa.. 
 El Gobierno  :   
 Miguel Boyer. 
 ABC.    03/03/1983.  Página: 20. Páginas: 1. Párrafos: 14. 

El Gobierno

MIGUEL BOYER

• El «holding» de Ruiz Mateos había creado en los últimos años una Rumasa «B» o grupo paralelo de empresas compuesto por 88 sociedades, que se había ocultado al Banco de España.

• Las autoridades monetarias habían hecho continuas advertencias a los responsables del grupo, advertencias siempre desoídas por Rumasa, en una persistente actitud obstruccionista. Los Bancos de Rumasa recibieron 27 amonestaciones y 23 multas por un monte total de 128 millones de pesetas en los últimos años.

• Entre otras irregularidades se ha detectado que las cuotas tributarias no ingresadas durante los años 1981-82 ascienden a 60.000 millones de pesetas, cifra que los directivos de Rumasa habrían traspasado al capítulo de reservas como si se tratase de beneficios. Sobre esta presunta irregularidad el Gobierno dará información a los Tribunales competentes por si existiera algún indicio de delito.

• El «holding» no ingresaba la cuota empresarial de la Seguridad Social, aunque sí la de los trabajadores, para no incurrir en apropiación indebida.

• La medida de expropiación se justifica frente a otras alternativas existentes porque permite un saneamiento global del grupo de empresas.

• El decreto-ley era el instrumento más conveniente para realizar la expropiación en aras del realismo económico y por razones de urgencia ante la previsible degradación económica general del grupo de empresas.

• La medida no es anticonstitucional, ya que el decreto-ley es una fórmula constitucíonalmente lícita ofrecer una rápida respuesta a situaciones económicas que no permiten dilación.

• Se ha pretendido simplemente reflotar un grupo tambaleante por la imprudencia financiera de sus propietarios y salvar unas empresas que gestionadas eficazmente deben continuar.

• El Gobierno queda comprometido al saneamiento y fortalecimiento de las empresas del grupo Rumasa.

• El Gobierno no ha podido desentenderse de la crisis del grupo Rumasa, sino que se ha visto obligado a repartir entre los ciudadanos el coste de la crisis.

• La socialización de las pérdidas desgraciadamente es inevitable para mantener el empleo.

• No se podía hacer recaer sobre la Banca privada un peso que le resultaría insoportable. Había que hacerlo recaer en toda la sociedad.

• ,La medida del Gobierno está siendo acogida con confianza por medios populares, financieros nacionales e internacionales.

• Nadie fuera del Gobierno sabía con antelación las intenciones del Gobierno. Y si alguien lo hubiera sabido no habría podido callárselo.

 

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