Autor: Contreras, Lorenzo. 
   La "patata caliente"     
 
 ABC.    03/03/1983.  Página: 23. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

LA «PATATA CALIENTE-

El desarrollo del debate sobre el decreto-ley de expropiación de Rumasa ha dejado meridianamente clara la existencia de dos razones contrapuestas o, por lo menos, divergentes: la del Gobierno y la de la oposición mayoritaria. Don Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda, probando que sus asesores económicos superan a los jurídicos, ha aportado informes y datos respetables sobre la situación del «holding» y tos argumentos que movían la decisión oficial de poner fin a una situación tenida por irregular cuando menos. Don Miguel Herrero de Miñón ha suministrado verdades jurídicas como catedrales, demostrativas de que el Poder político ha sido irrespetuoso con las formas del Derecho vigente, desde el Código Penal a la Constitución.

En la batalla parlamentaria de los dos Migueles, ambos estaban respaldados por la corrección de sus respectivos puntos de vista. Sólo que transitaban por distintos planos de la realidad. La izquierda se aferró al problema económico y la derecha al problema jurídico. Herrero de Miñón no contradijo tanto a Boyer como a Felipe González, que, mudo en su escaño durante la primera jornada de debates, soportó la rociada del diputado aliancista, más atento este último a intentar socavar el prestigio del PSOE en tiempos cercanos a las elecciones municipales que a discutir los números del «informe Boyer», calificado como «serio» por el propio portavoz del Grupo Popular.

La confrontación Gobierno-oposición en el Congreso de los Diputados es, de todos modos, un episodio que se diluye en tracas verbales. El verdadero problema no se lo plantean Boyer a Fraga ni Herrero de Miñón a Felipe González, sino la acción del Gobierno y la actitud de la oposición al Tribunal Constitucional. El supremo órgano defensor de los valores consagrados en la «ley de leyes» tiene que decidir en breve tiempo sobre la forma de una discutible expropiación, que en el fondo no es nacionalización y sólo debió ser intervención.

Una expropiación que se ejecutó por la vía de un decreto-ley, en abierta colisión con el artículo 86 del texto constitucional, mientras se olvidaba la única fórmula directa y no conflictiva: la del artículo 128. Reconoce este precepto «la iniciativa pública en la actividad económica», y siempre «mediante ley», si se acordase «la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».

El Tribunal Constitucional, que lleva algún tiempo «corrigiendo» al Poder socialista —ahí está la reciente sentencia sobre el concejal-alcalde ex socialista de Andújar— recibe ahora la «patata caliente» de Rumasa. ¿Convertirá la expropiación en mera intervención y ordenará que acto seguido se aplique una normativa con rango de ley? ¿Serviría para ello la ley derivada del decreto-ley convalidado?

Podría ser una salida para el enconado conflicto que acaba de surgir. La ficción jurídica haría que fuese intervención lo que no puede ser, entré otras cosas," nacionalización ni expropiación, porque hay una intención reprivatizadora de las empresas del «holding»»., lo cual hace desaparecer el postulado esencial de la afectación de los bienes a un fin de utilidad pública.

Otra cosa es el problema del «desguace», que tiene ya en expectación a dos mundos encontrados: el de la izquierda radical, disconforme con la vuelta de las empresas a manos privadas, y el de los altos intereses" económicos; que ´ aspirarían a comprar en condiciones ideales los bienes saneadós por el dineró público.

Lorenzo CONTRÉRAS

 

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