Autor: Jiménez de Parga y Cabrera, Manuel (SECONDAT). 
   Expropiación o intervención     
 
 Diario 16.    25/02/1983.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 17. 

MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA

Catedrático de Derecho Político

Expropiación o intervención

La fórmula escogida por el Gobierno para hacerse cargo del Grupo Rumasa ha causado estupor en no pocas, mentes jurídicas. Aquí se plantean algunas preguntas claves: ¿Por qué expropiar las empresas y no intervenirlas? ¿Cómo se garantizará ahora una gestión eficaz? ¿Por qué se ha hecho todo de forma tan apresurada y trapisondista?

Desde que el portavoz del Gobierno anunció e! real decreto-ley por el que se expropian los bancos y otras sociedades del grupo Rumasa, una duda importante se planteó a cualquier observador de este importantísimo hecho: ¿Por qué expropiar? ¿No hubiera sido preferible acordar la intervención de las empresas?

Si leemos con el ánimo sereno —situación psicológica difícil de mantener en estos días— los artículos 33 y 128 de la Constitución, advertimos que el primero está esencialmente pensado para los casos de expropiación de bienes y derechos determinados, de una o varias personas, que se hallen en el ámbito previsto en la ley de 16 de diciembre de 1954. Esta expropiación exige una causa justificada de utilidad pública o interés social, y comporta la correspondiente indemnización a quienes son privados de su patrimonio.

El artículo 128, en cambio, se refiere claramente a la actividad económica. La constitución reconoce la iniciativa pública en este campo y faculta al legislador para acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Indemnización

O sea, que sin negar la posibilidad constitucional de expropiar las acciones representativas del capital de las sociedades del «holding», más oportuno y conveniente, a mi entender, hubiese sido intervenir las empresas.

Y me Süno por este otro procedimiento, porque el montante de las indemnizaciones va a ser —tiene que ser en derecho— extraordinariamente elevado. Los socialistas franceses, meses atrás, recibieron el visto bueno del Consejo Constitucional para su proyecto de ley de nacionalizaciones (con ligeras variantes), pero tuvieron que aceptar una subida muy considerable del justiprecio. En el horizonte español tenemos ahora esa nueva obligación de abonar una suma astronómica con cargo a un tesoro público no especialmente repleto de dinero.

El ministro de economía, señor Boyer, ha argumentado a favor de la expropiación por el temor a abrir un paréntesis de incertidumbres, con posibles fugas de bienes de toda clase, en una primera etapa de la intervención. Más o menos ha venido a confesar que temía que los actuales dirigentes de Rumasa eludie-

sen los controles de la intervención, o reaccionasen violentamente, como ha ocurrido en otros casos recientes, terminando el proceso en querellas criminales y en demandas de responsabilidades civiles.

Ciertamente que ese riesgo existía, pero el ministro no se ha referido a otro peligro que con la expropiación no se soluciona tampoco. Estoy pensando en el número ingente de personas, bien preparadas, que ahora son necesarias para asumir la gestión, sobre bases nuevas y criterios distintos, de todos y cada uno de los centenares de centros de trabajo que integran la trama empresarial de Rumasa. Porque si sólo cambia la titularidad de las acciones, sería milagroso que a partir de ahora se modificase radicalmente el funcionamiento de tan complicado complejo de compañías mercantiles.

Directivos

Y yo no veo dónde pueden encontrarse esos miles de ejecutivos y directivos, de eficacia demostrada en su oficio, que van a asegurar que ¡a causa de la expropiación no se desfigura o pervierte en el futuro.

Porque —hay que recordarlo— la expropiación forzosa no es un fin en sí misma, sino un instrumento que queda vinculado al destino invocado en la causa expropiatoria, en este caso la utilidad pública y el interés social.

A partir de ahora y de modo permanente, la nueva gestión de Rumasa tendrá que servir a la utilidad pública y el interés social, destino que no puede ser alterado en ninguna de las empresas del «holding».

En el supuesto de que esa finalidad no se cumpla, la expropiación no podrá mantenerse.

Y junto a estas exigencias de la técnica jurídica —que, como tales, condicionan mucho la gestión de cualquier empresa expropiada—, el camino elegido por el Gobierno está oscurecido por la forma en que se preparó la gran decisión y, por el modo, de ser anunciada. Los comentarios inoportunos del señor Boyer, cinco días antes, han restado peso a sus argumentos. Se creó innecesariamente un clima de inseguridad y de acoso que ahora envuelve con sus nubes, e incluso sus tormentas, lo que tenía que ser un acuerdo clarísimo del Gobierno, con razones convincentes, con argumentaciones serias.

Y tampoco parece una práctica propia de un régimen democrático y de libertades públicas, emitir un escueto comunicado, a media noche, sin explicación complementaria alguna, cuando lo mínimamente exigible es que se hubiese difundido el texto del real decreto-ley. La importancia del asunto lo requería.

Camino, en suma, lleno de obstáculos, inadecuado para quienes han de transitar por él, diseñado con imprudencia y costosísimo para todos tos españoles.

No hay motivos para la felicitación, sino todo lo contrario.

 

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