Autor: Muñoz Alonso, Alejandro. 
   Una decisión inconstitucional     
 
 Diario 16.    25/02/1983.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 14. 

ALEJANDRO MUÑOZ ALONSO

Una decisión inconstitucional

Lo que todos consideran ya la decisión más grave de política económica desde el Plan de Estabilización, se enjuicia aquí desde criterios estrictamente legales. La expropiación de Rumasa podría violentar directamente algunos de los derechos básicos defendidos en el artículo 86 de la Constitución.

El decreto-ley por el que se expropia ese inmenso imperio económico que ha llegado a ser Rumasa es la decisión política de mayor transcendencia tomada hasta ahora por el Gobierno socialista. Una decisión que incluso si se considera justificada por razones políticas y económicas, viola gravemente las garantías jurídico-formales establecidas por la Constitución.

Aunque nada dice, en efecto, el decreto-ley que ayer publicó el «BOE», por el tenor del articulo 1.° de dicho decreto-ley, así como por las manífestaciones del portavoz del Gobierno la noche del 23 y del propio superministro económico en la rueda de prensa del 24, el Gobierno ha echado mano del artículo 33 de la Constitución y, en concreto, de su apartado 3. Se dice allí que «nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».

Protección

Hasta ahí podría parecer que la decisión del Consejo de Ministros es jurídicamente impecable. Pero desgraciadamente el Gobierno ha cometido el error mayúsculo de no leerse entera nuestra ley básica, haciéndonos pensar que si en el seno del Gobierno hay buenos economistas los conocimientos jurídico-constitucionales de sus miembros son más dudosos.

En efecto, hay otro artículo de la Constitución, el 86, que se refiere a los decretos-leyes y cuyo apartado 1 dice lo siguiente:

«En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado a los derechos, deberes y libertades de ¡os ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.»

Esa norma constitucional contiene una especifica limitación formal por la que se hace una reserva de ley para cuanto afecte a los derechos y deberes regulados en el título I de la Constitución. Ahora bien, el artículo 33, en que precisamente se basa el Gobierno para este decreto-ley está en el título I de la Constitución. El patinazo jurídico no puede ser más evidente.

Por otra parte para que se pueda llevar a cabo la expropiación se exige «causa justificada de utilidad pública o interés» apreciada «de conformidad con lo dispuesto en las leyes», según establece la propia Constitución. Ahora bien, hoy por hoy, la ley de referencia es la ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, que como norma general establece en su artículo que «la declaración de utilidad pública deberá hacerse mediante ley aprobada en Cortes». Como se ve otra violación flagrante que quedará confirmada por un análisis más minucioso de esa misma ley que dedica varios artículos a «los requisitos previos a la expropiación forzosa» que en este caso no se han respetado. Debe insistirse que estos formalismos legales, transgredidos tan apabullantemente por el Gobierno, no afectan a la conveniencia o inconveniencia de la decisión. Pero en un Estado de Derecho, las formalidades jurídicas son fundamentales pues en ellas radica la garantía de los derechos de la persona y todavía más el propio mantenimiento del sistema democrático.

Donde no. hay respeto de las normas reina la arbitrariedad y el despotismo. Y no vale pensar que todo esto son minucias con el argumento de que, al fin y al cabo, como los socialistas tienen mayoría en las Cortes van a convalidar lo decidido por el Gobierno. Precisamente por eso es más peligroso, porque hay una enorme diferencia entre una mayoría que gobierne legítimamente y otra que se impone arbitrariamente.

Derecho

El Estado de Derecho es indivisible y si se violan sus exigencias en un aspecto, por mucho que se argumente con apelaciones al bien común, el edificio entero corre un serio peligro de desmoronamiento.

La democracia sin el imperio de la ley, que obliga tanto a los gobernados como a los gobernantes, puede convertirse en la más asfixiante de las tiranías. Violar las normas a sabiendas es propio de dictadores, violarlas por ignorancia es inaceptable. La inexperiencia no es un atenuante que se pueda aplicar a los gobernantes.

 

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