Autor: Anaut, Alberto. 
 Cayó Rumasa. Boyer desveló que los problemas de gestión y financieros hacían inevitable la expropiación. 
 Rumasa estaba al borde de la quiebra     
 
 Diario 16.    25/02/1983.  Página: 5-6. Páginas: 2. Párrafos: 20. 

Diario 16/25 febrero-83

CAYO RUMASA

Boyer desveló que los problemas de gestión y financieros hacían inevitable la expropiación

Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda; aseguró ayer que la situación de Rumas a, antes de la expropiación del Gobierno, era dramática: el grupo de la abeja estaba al borde de la quiebra. En una intervención que dejó algunas sombras, explicó la magnitud de los problemas financieros del «holdíng» de Ruiz Mateos y aseguró que el Gobierno garantiza todos los depósitos y la totalidad de los puestos de trabajo.

RUMASA ESTABA AL BORDE DE LA QUIEBRA

Alberto ANAUT

Madrid — Con una temperatura política fuera de lo normal, rodeado por más de cien periodistas y los flashes de una veintena de fotógrafos, Miguel Boyer —ministro de Economía y Comercio, hombre fuerte del Gobierno y autor de las amenazas públicas que sacaron a ta luz los problemas del grupo Rumasa— explicó ayer las razones que han llevado al Gobierno a la expropiación del grupo de empresas de Rumasa, el primer imperio empresarial de España, hasta ayer en manos del sector privado.

Asediado por rumores de «ola de nacionalizaciones», acusaciones de «golpe de Estado económico» desde los sectores más derechistas y la carga de su propia implicación en la aceleración de la caída de Rumasa, Miguel Boyer explicó que el «affaire» es el caso más grave con el que se ha encontrado el Gobierno socialista al llegar al poder, la situación financiera del grupo era de «extraordinaria gravedad» y la expropiación ha sido, al final, «inevitable».

•Sin embargo, los datos aportados por el superministro económico, con ser graves, supieron a poco.

Cuando todos los observadores esperaban que el Gobierno pusiera sobre la mesa un impresionante «dossier» que había oblígado a tomar tan drástica medida, Boyer señaló que la decisión había sido tomada en base a tres datos claves: la elevada concentración de riesgos con sus propias empresas por parte de los bancos del grupo Rumasa; la presentación de cuentas falseadas al Banco de España, y la negativa a realizar en su plazo las auditorías de sus 18 entidades financieras y, finalmente, una sorprendente deuda fiscal de Rumasa que hasta 1980 había dejado de pagar a Hacienda 20.689 millones de pesetas, sin tener en cuenta las irregularidades detectadas por los inspectores de la Seguridad Social que, sin embargo, Boyer fue incapaz de cuantificar.

Obstruccionismo

En el fondo de estos razonamientos, Boyer insistió

—como lo había hecho en privado el Banco de España a lo largo de los últimos años— en la constante labor de obstruccionismo desarrollada por Rumasa ante los constantes requerimientos lanzados por las autoridades monetarias desde principios de 1978 para que el «holding» de Ruiz Mateos frenara su ra-

pidísimo crecimiento, dedicara todos sus esfuerzos a la consolidación de lo ya logrado y presentara en el Banco de España una situación clara del estado de sus bancos y del complejo entramado financiero establecido con las empresas del propio grupo.

La larga cadena de presiones, que se inicia en 1978, arrecia en los dos últimos años y tiene su último episodio el pasado viernes, cuando Boyer amenaza en público a Rumasa con mandarles a los inspectores del Banco de España, «como mínimo», son la misma historia del cerco que ha llevado a Rumasa a su actual situación. Pese a que ayer Miguel Boyer negó cualquier responsabilidad del Banco de España en la falta de intervención —y echó todo el peso sobre los «débiles» Gobiernos de UCD—, !o cierto es que si ha habido un protagonista en la gran batalla contra Rumasa a lo largo de los últimos años, se llama Mariano Rubio.

La crisis

E! panorama descrito por el superministro Boyer está bien claro y no es más que la confirmación pública y a gritos de lo que en los últimos meses se venía oyendo a media voz. De acuerdo con la información facilitada oficialmente, el nivel de riesgo que mantenían los bancos de Rumasa con las empresas del grupo supera el 62 por 100 del total de los créditos concedidos por 17 de los 18 bancos de la abeja. El caso del Banco Atlántico —que siempre se han mantenido operativamente al margen de sus compañeros de «holding»— parece bien distinto. Entre ios que alcanzan un nivel mayor de riesgo, destacan el Noroeste (82 por 100 de sus créditos), Oeste (74 por 100) y Peninsular (70 por 100).

Para evitar las inspecciones, Rumasa habría acudido —de acuerdo siempre con las explicaciones del Gobierno— a la creación de numerosas sociedades instrumentales que actuaban como «tapadera».

«Además —señaló Boyer— se ha utilizado reiteradamente la práctica de conceder créditos a personas jurídicas distintas de los auténticos beneficiarios de los mismos (...) para aparentar una desconcentración de créditos inexistente y sortear las normas establecidas por la legislación actual.»

De acuerdo con la . versión oficial, el Fondo de Garantía de Depósitos ha tenido más que excusas para intervenir. Sin embargo, la dimensión del «crack» es superior, debido a las estrechas vinculaciones con todas las empresas industríales del «holding». Desde esta perspectiva y «para proteger —ha dicho Boyer— los legítimos intereses de los depositarios, accionistas y trabajadores dé Rumasa», el Gobierno ha optado por la expropiación, utilizando un procedimiento extraordinario, aunque — según el Gobierno— plenamente constitucional, al amparo de! artículo 33.3 de la Constitución, que habla de «causa justificada de utilidad pública o interés social».

La rueda de prensa del superministro Boyer tras el Consejo de Ministros

«No me consta que hoya responsabilidades criminales»

Mal menor

El cuadro de la crisis, pintado por Boyer, refleja una situación en la que el Gobierno con su expropiación habría tratado de evitar un mal mayor. «Los datos que obran en poder del Gobierno demostraban la extraordinaria gravedad y el extraordinario peligro en que se encuentra el complejo desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista de generación de resultados, desde el el punto de vista tributario y fiscal.»

Fue, precisamente, en ese momento cuando Miguel Boyer —serio y sin salirse en ningún momento de un tono distante, que en muchos momentos parecía tratar de obtener nuevos datos— lanzó al ruedo la sombra de Matesa. «Estos hechos configuran al grupo Rumasa semejante a algunos otros en la historia empresarial española, en que un grupo se lanza a una expansión a toda costa sin seguir normas de prudencia elemental, considerando que a su ánimo creador le vienen estrechas las disposiciones comunes que rigen la vida de las entidades financieras y no financieras, y en vez de atender a reiteradas advertencias y requerimientos efectuados por las autoridades, el grupo se lanza a una huida hacia adelante para mantener en pie el propio dinamismo de esa expansión hasta que, naturalmente, un tropiezo cualquiera da al traste con un equilibrio absolutamente insostenible.» De acuerdo con el panorama descrito por el ministro de Economía y Hacienda, en Rumasa ese tropiezo todavía no se había producido cuando el Gobierno decidió en un larguísimo Consejo de Ministros proceder a la expropiación. «El Gobierno cumple con escrupulosidad su programa electoral». Con esta afirmación, Boyer —que aparecía rodeado en la rueda de prensa del complejo de la Moncloa de una buena parte de su equipo económico— quiso salir al paso de las acusaciones de aventura nacionalizadora lanzadas desde los primeros momentos de la crisis. El ministro de Economía y Hacienda aseguró que el Gobierno socialista no tiene ningún deseo de expansionar el sector público y que estaba dispuesto a devolver al sector privado cuantas empresas pudieran funcionar en él con libertad y seguridad. Mientras tanto, el nuevo funcionario-patrón del imperio Rumasa — 350.000 millones de facturación, 60.000 trabajadores y una cifra, según confirmó Boyer, desconocida, con exactitud, de empresas— se llamaJavier Moral es un socialdemócrata independiente, ha sido subsecretario de Economía con José Luis Leal en la época de Abril Martorell-Suárez, pertenece al equipo de Fuentes Quintana y ha llegado al frente de la Dirección General del Patrimonio de la mano del subsecretario de Hacienda, José Víctor Sevilla.

Con la expropiación, el Gobierno ha querido dejar claro, para evitar la huida cuando el próximo lunes se abran nuevamente las puertas de los bancos de la abeja¡ que todos los depósitos —más de 617.000 millones de pesetas— están garantizados hasta en la última peseta. Nadie debe temer por el dinero que tiene en los bancos del holding de Ruiz Mateos. Los accionistas, por su parte, tendrán que esperar al establecimiento de un justiprecio para saber cuánto pagará el Estado por sus acciones. En cualquier caso, de lo que se trata es de evitar la desbandada.

La batalla

Frente a las críticas que achacan a Boyer la irresponsabilidad de haber acelerado a Rumasa, con sus acusaciones públicas, por la cuesta abajo, el ministro de Economía y Hacienda mantuvo ayer que lo verdaderamente grave había sido el enfrentamiento público de Ruiz Mateos con el Gobierno con el reto lanzado por el ya ex presidente de Rumasa el pasado lunes. Para apoyar su argumentación, Boyer citó que mientras el sábado y lunes solamente se habían retirado 1.700 millones de las cuentas de los bancos de Rumasa, el martes y el miércoles, después de las declaraciones de Ruiz Mateos, se habían retirado casi el doble: 3.000 millones. Boyer no comentó el efecto de aceleración que suelen tener todas las crisis bancarias.

Por el momento, el Gobierno no ha detectado ninguna responsabilidad penal en torno a la gestión de Rumasa. En cualquier caso, Boyer anunció que el Gabinete socialista está dispuesto a poner cualquier anomalía en conocimiento de los tribunales.

Tras constatar la falta de interés de los grandes de la Banca —que había congelado sus créditos a las empresas de Ruiz Mateos — por intervenir en el futuro de los bancos de Rumasa, Boyer no fue capaz de explicar convincentemente el hecho de que, pese a que el Banco de España conocía desde hace cinco años la anómala situación de Rumasa, en 1981 el Fondo de Garantía de Depósitos hubiera vendido al holding de la abeja Fidecaya, con una generosa ayuda económica — y hace solamente dos meses—, estando ya el Gobierno socialista en el poder, se hubiera firmado el contrato privado el compromiso de venta de Vitrocerámica (del grupo del oficial Banco Exterior) a Ruiz Mateos.

A lo largo de toda su intervención, Boyer descargó la responsabilidad sobre los Gobiernos de UCD. «La expropiación — acabó Boyer— no es un castigo ni una represalia.» Para el Gobierno socialista ha sido una necesidad urgente.

Coordinó la información: Rafael RUBIO y Arturo BLASCO

Estos son los datos, facilitados ayer por Miguel Boyer, que en opinión del Gobierno demuestran la irregular situación en la que se encontraba Rumasa, razón por la cual él decidió su expropiación.

Los causas de la expropiación

• Los bancos de Rumasa tenían concentrado excesivo riesgo en las empresas del grupo. Para el conjunto de los bancos —excluido el Atlántico— la concentración de riesgo es de un 62 por 100 en todo el grupo. En el Banco del Noroeste esta concentración llega al 82 por 100, al 74 por 100 en el Banco del Oeste y el 70 por 100 en el Banco Peninsular.

• Los bancos de Rumasa estarían concediendo además créditos a personas distintas de las que en realidad lo recibirían en un intento de evitar mayor "concentración.

• De ios informes facilitados al Banco de España por Rumasa hasta el momento, y que hacen relación a Rumasa, S. A., Rumasina, 20 filiales de cartera y otras sociedades, se deduce que el neto patrimonial de estas empresas era de 116.511 millones. Sin embargo, con los ajustes necesarios y haciendo las valoraciones reales resulta un patrimonio de 5.000 millones de pesetas.

• Rumasa hacía figurar en sus balances unos valores de las acciones de sus bancos y empresas que no correspondían con la realidad. Por ejemplo, las acciones de Bankisur tenían una valoración superior al 1.000 por 100.

• La cuenta de resultados aparente de ese grupo de empresas era de 6.389 millones de beneficios y hechos los ajustes necesarios resulta una cuenta real con unas pérdidas de 9.381 millones de pesetas.

• Hasta 1980 Rumasa tenía levantadas por los inspectores fiscales actas por valor de 20.689 millones de pesetas. El 95 por 100 de las actas levantadas no ha sido aceptado por Rumasa, que además ha puesto todo tipo de dificultades, como dar domicilios falsos.

• No son conocidos los resultados de las inspecciones de la Seguridad Social, pero el Gobierno ha detectado ya irregularidades.

• Se han detectado anomalías en operaciones de comercio exterior.

• Era costumbre de Rumasa hacer que cada una de sus compras figurara en el balance con un valor superior a la compra. Tal es el caso de Galerías Preciados, que al día siguiente de su adquisición incrementó el balance del grupo en 11.576 millones de pesetas.

 

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