Autor: Dávila, Carlos. 
 Cayó Rumasa. 
 ¿Quién apoya al Gobierno?     
 
 Diario 16.    25/02/1983.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

ANALISIS

Carlos Dávila

¿Quién apoya al Gobierno?

La teoría del pulso, lejos de adelgazar con las manifestaciones del ministro Boyer, ha engordado considerablemente. Podemos estar ante un error político de consecuencias inconmensurables. La opinión pública tiene ahora mismo la impresión de que al gusto por la irregularidad y la heterodoxia, seguido, con notable persistencia, por el empresario Ruiz Mateos, el Gobierno socialista, y más concretamente el ministro Boyer, ha respondido con infantilismo, imprudencia y quizá, quizá, ilegalidad. Esto ya se verá.

En la superficie y en el fondo de la gran polémica nacional subsisten aún dos dudas, dos preguntas claves: ¿significa la medida expropiadora una apuesta por un modelo de sociedad intervencionista escasamente compatible con la economía de mercado?, y ¿subyace en la seguridad con que ha sido presentado el tema un acuerdo subterráneo entre el Gobierno y la gran Banca?

Y es que los expertos no pueden suponer, no quieren imaginarse, en efecto, que un trauma económico y social de este calibre se haya producido sin conocimiento previo de tos «siete grandes», de los patronos bancarios españoles. Si así fuera, puede suponerse que la decisíón gubernamental cuenta, al menos, con el silencio —culpable o na, eso ya lo veremos— de los auténticos ostentadores del poder económico en nuestro país.

Faltan datos, sin embargo, para asegurar que se haya producido un giro en la moderación socialdemócrata del Gabinete González, a favor de un modelo económico más comprometido con el tradicional dogma socialista. Si hay que decir, sin ninguna cautela, que el precedente, al menos en apariencia, apunta en esa dirección porque nadie, nadie puede justificar en estricta liberalidad económica que el Gobierno nacionalice, incaute o expropie sencillamente porque exista, con más o menos fundamento, la evidencia de que puede producirse un hipotético «crack», el marasmo total de las empresas. Las explicaciones del ministro Boyer, basadas todas en lo que él llamó «desequilibrio patrimonial», son, por esto, muy preocupantes.

No se ha podido demostrar, que el «holding» estuviera en quiebra, prueba de ello es la afirmación gubernamental de que no hay riesgo para el empleo, hasta el extremo de que incluso ya se piensa en su expansión. ¿Cómo casar tales contradicciones?

La pretensión de unanimidad «vendida» ayer por Boyer como síntoma de la buena salud del Gobierno es, por otra parte, poco inteligible con algunas manifestaciones domésticas de administradores gubernamentales, nada entusiastas de la expropiación. Existe, eso es cierto, coherencia con el programa electoral, con un programa testimonial y utópico que ha tenido que ser «rebajado» tras los primeros meses de ejercicio de poder, pero también es cierto que los miembros más moderados del Gobierno —que curiosamente son los más preparados técnicamente y, desde luego, los más perspicaces— se temen ahora, una vez que la medida de fuerza ya es irreversible, que las instancias legales (entre las cuales no es la menos importante el Tribunal Constitucional) desacrediten, con mayor o menor rapidez, la decisión osada —eso hay que reconocerlo— de un Gobierno nada pusilánime a la hora de resolver con gran cirugía los enormes problemas pendientes.

La sensación personal que tengo tras escuchar al ministro, es que los datos suministrados son insuficientes para teñir de inevitabilidad una medida tan drástica; son abundantes, quizá, las razones financieras, suficientes las tributarias, mínimas las económicas y sólo parcialmente comprensibles las políticas. El pánico que ha querido evitarse navega en la superficie de la gran cuestión. Sólo falta para comprobarlo que el lunes abran las ventanillas de los bancos nacionalizados.

 

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