Cayó Rumasa. La expropiación desata una dura polémica. CEOE. 
 "El Gobierno ha actuado precipitadamente"     
 
 Diario 16.    25/02/1983.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

CEOE

«El Gobierno ha actuado precipitadamente»

Madrid - «La CEOE desea destacar las declaraciones del ministro de Economía y Hacienda en las que se aclara que no estamos ante un supuesto de nacionalización, y que por respecto al principio de libertad de empresa constitucionalmente protegido, se mantiene el propósito de devolver cuanto antes las sociedades expropiadas a la iniciativa privada», ha señalado CEOE en un comunicado relativo a la expropiación del grupo Rumasa.

El comunicado señala que, «durante la exposición de los motivos que han llevado al Gobierno a tomar esta decisión, se han expuesto una serie de hechos graves que requieren, precisamente por su gravedad, ser ampliados. Igualmente, conviene hacer hincapié en que el ministro ha dejado bien claro durante la rueda de prensa que, en cualquier caso, las medidas tomadas con el grupo Rumasa no suponen en ningún caso el inicio de un programa de nacionalizaciones».

«La decisión adoptada por el Gobierno al decretar la expropiación forzosa de los bancos y de todas las empresas del grupo Rumasa —añade el comunicado de CEOE— constituye una medida sin precedentes en nuestra reciente historia económica.»

«Esta confederación empresarial considera indispensable hacer pública su profunda preocupación por la gravedad de esta decisión gubernamental adoptada, según todos los indicios, sin calcular suficientemente su coste y su repercusión tanto en el mercado nacional como en el exterior.»

El comunicado continúa manifestando que «la primera impresión que produce la expropiación del grupo Rumasa es, por una parte, la de que el Gobierno ha actuado precipitadamente y, por otra, la de que la reacción gubernamental no guarda proporción con las que en casos parecidos han tenido lugar anteriormente».

Igualmente, «la CEOE considera oportuno poner de manifiesto, desde una perspectiva estrictamente técnica y constitucional, las dudas que le suscita el procedimiento utilizado».

En este sentido, la CEOE señala que «en un primer análisis parece aventurado aceptar que, por medio de un decreto-ley, pueda afectarse de forma tan grave al derecho de la propiedad y a la libertad de empresa, derechos ambos consagrados en los artículos 33.1 y 38 del título I de la Constitución, que no pueden ser regulados por el procedimiento extraordinario del artículo 86.1 del citado texto legal; esta afirmación, por lo demás, se encuentra corroborada por el artículo 53.1 de la Constitución, a cuyo tenor el contenido esencial de tales derechos sólo puede ser regulado por ley».

«Asimismo, es preciso llamar la atención sobre las consecuencias extremadamente graves, y en todo caso difícilmente justificables, que la promulgación del decreto-ley supone para aquellas sociedades en las que el grupo Rumasa tenía una mínima participación y, desde luego, ningún control o influencia; estas sociedades han sido igualmente expropiadas en base a una hipotética, extraordinaria y urgente necesidad que no aparece en modo alguno acreditada y, además, por imperativo del artículo tercero del decreto-ley, tienen todas sus facultades de administración y disposición en suspenso, lo que implica una completa paralización de sus actividades, sin contar el perjuicio irreparable sufrido en su imagen.» Finalmente, en relación con dichas sociedades, «resulta indispensable que el Gobierno adopte las medidas necesarias para desbloquear esta situación de inactividad. En cuanto a la empresas participadas mayoritariamente por Rumasa, es asimismo preciso que se arbitren rápidamente los mecanismos, con los debidos controles, para la inmediata reanudación de su actividad, de manera que no queden paralizadas en su gestión diaria».

 

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