Autor: Dávila, Carlos. 
 Rosón intentó explicar el secuestro de "Diario 16". 
 Socialistas y comunistas se mostraron "absolutamente insatisfechos"     
 
 ABC.    01/05/1981.  Página: 4. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Rosón intentó explicar el secuestro de «Diario 16»

Socialistas y comunistas se mostraron «absolutamente insatisfechos»

MADRID (Carlos Dávifa). Gregorio Peces Barba, socialista, y Jordi Solé Tura, comunista, utilizaron la

fórmula parlamentaria de «absolutamente insatisfechos» para expresar su decepción por las explicaciones

que el ministro Juan José Rosón había realizado sobre el intento de secuestro al matutino madrileño

«Diario 16». Los dos portavoces anunciaron que interpondrían la correspondiente moción, y en un tono

ciertamente moderado, significaron su repulsa por lo que, en palabras de Peces Barba, era «una burla al

Parlamento» y en las de Solé Tura «un atentado a la credibilidad».

La intervención de Rosón, que el Gobierno había querido evitar, fue, no obstante, posible gracias al

acuerdo unánime de la Junta de Portavoces del Congreso que introdujo en la sesión del Pleno las dos

interpelaciones, socialista y comunista, sobre los motivos reales que habían fundamentado la presencia de

las fuerzas policiales en «Diario 16». Hasta última hora se pensó que UCD se opondría a que prosperasen

las interpelaciones, pero la decisiva intervención del presidente del partido, Agustín Rodríguez Sahagún,

y la opinión de los directivos del grupo parlamentario, pesaron suficientemente para que el Gobierno

diera su consentimiento y pudiera plantearse el debate, un debate que desagradó profundamente al titular

de Interior, que más tarde, en el hemiciclo, se limitaría al leer un texto, similar al que al mediodía se había

difundido por Radio Nacional de España,

Los socialistas habían redactado una serie de interrogaciones, en las que, en síntesis, se trataba de conocer

si e) juez de guardia de Madrid había recibido una solicitud de secuestro, si se habían cumplido los

correspondientes trámites judiciales, si había intervenido el Ministerio Fiscal, de quién había partido la

orden de intervención, quién había impedido la distribución de los ejemplares del periódico y, finalmente,

qué medidas pensaba tomar el Gobierno para garantizar la libertad de expresión. Las preguntas

comunistas, incidían en los mismos puntos y en una de ellas se decía textualmente: «¿Cuáles son las

responsabilidades sobre la actuación policial?»

Según pudo conocer ABC, fue Francisco Laina, director general de la Seguridad del Estado, quien ordenó

a algunos efectivos de la Policía que acudieran a los locales del periódico para detener la tirada. No se ha

podido saber, sin embargo, si fue también el segundo cargo en jerarquía del Ministerio del Interior, quien

comunicó a las fuerzas a su mando que aseguraran en «Diario 16» que >«a continuación se iba a producir

el secuestro», tal y como se afirmó ante el redactor jefe que en aquellas horas se encontraba dirigiendo la

Redacción. Lo cierto es que la Policía detuvo la marcha de la rotativa y, posteriormente, colocó sus

coches en las puertas del periódico con la intención de que no pudiera proceder a la distribución. Sólo a

las siete de la mañana, y en vista de que no se había llegado el imprescindible mandamiento judicial, las

fuerzas policiales se retiraron de los aledaños de «Diario 16». El juez especial que entiende en la causa

del intento de golpe de Estado del 23 de febrero, don José María García Escudero, no intervino en ningún

momento en las medidas cautelares tomadas contra «Diario 16», porque según círculos próximos, «no

está facultado para ordenar el secuestro de un periódico».

En la justificación que el ministro leyó ante los diputados, se decía que el señor García Escudero había

dictado una providencia hace quince dias para aclarar la posible filtración de una parte del sumario.

Fuentes próximas Ministerio del Interior aclaraban, por su parte, que las medidas podían ser una

interpretación de la citada providencia. Por la mañana se había afirmado que el Ministerio Fiscal había

presentado una querella contra el director de «Diario 16», Pedro J. Ramírez; querella en la que, en

cualquier caso, no se solicitaba el secuestro del periódico. Los dispositivos gubernativos se habían

preparado expresamente esperando el secuestro. La Policía Judicial, por su lado, había adoptado unas

medidas de expectativa; medidas que, al parecer, fueron sobrepasadas con la detención de la tirada y la

obstrucción del lanzamiento. La querella, que en principio parecía admitida, no se produjo. El Ministerio

de Justicia aseguró tajantemente a Efe que «la única intervención del Ministerio Fiscal se ha producido a

primeras horas de la mañana y ante la presencia del juez especial en el Juzgado de Guardia».

LA PROVIDENCIA DEL JUEZ ESPECIAL

Apenas conocidas las primeras incidencias del intento de secuestro del periódico, comenzó una fuerte

batalla política entre el Gobierno y la oposición. Los socialistas, que habían difundido una dura condena

por medio de su Gabinete de Prensa, se apresuraron a presentar a la Mesa del Congreso una pregunta (en

realidad era una sola dividida en diez distintas cuestiones) firmada por Alfonso Guerra, Peces-Barba y

Pedro Bofill. Los comunistas hacían otro tanto en un texto del que se hacía responsable Santiago Carrillo.

Por la tarde, y después de que el Grupo parlamentario Centrista venciera las resistencias del Gobierno, se

pudo celebrar la sesión correspondiente, una sesión muy similar a la que se había realizado por la mañana

en la Comisión de Interior, cuando Juan José Rosón se limitó a explicar, con palabras medidas y escuetas,

que «los efectivos policiales han actuado en el "caso" estrictamente en su condición y funciones de

Policía judicial».

Juan José Rosón no precisó en su lacónica declaración si el juez de guardia llegó a extender el oportuno

mandamiento judicial para la retención o secuestro del periódico.

El ministro del Interior dijo textualmente lo siguiente: «Aproximadamente el día 15 de abril el juez

especial encargado de instruir el sumario de tos sucesos del 23 de febrero ofició a la Dirección de la

Seguridad del Estado, señalando filtraciones relativas al sumario y advirtiendo que constituían un hecho

delictivo. Ayer tuvimos noticias de que en determinadas ciudades circulaban versiones sobre

declaraciones de alguno de los inculpados en los hechos del 23-F. A instancias del juez instructor se hizo

un nuevo recordatorio a los medios de difusión. Esta madrugada llegó a poder de la Policía un ejemplar

de «Diario 16», que fue entregado a! juez especial, quien entendió que existía la posibilidad de un delito y

dictaminó —cosa que más tarde confirmaría— que se planteara ante el Juzgado de guardia la intervención

de la jurisdicción ordinaria. En las horas siguientes hubo una serie de contactos entre el juez especial, las

autoridades judiciales ordinarias y el fiscal.

4/ABC

NACIONAL

 

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