Se endurece la ofensiva terrorista.... 
 Polémica reforma constitucional para instaurar la pena de muerte     
 
 Diario 16.    05/05/1981.  Página: 10. Páginas: 1. Párrafos: 20. 

Polémica reforma constitucional para instaurar la pena de muerte

La instauración de la pena de muerte en España exige un complicado mecanismo constitucional. Desde

un punto de vista puramente aséptico DIARIO 16 ha planteado su viabilidad a destacados juristas, cuyas

respuestas abren una viva polémica sobre el tema.

Madrid — Para instaurar en España la pena de muerte es necesario reformar la Constitución. Su abolición

queda consagrada en el articulo 15, «salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para

tiempos de guerra».

La reforma de la Constitución en este punto exige el mecanismo más complicado, porque la abolición de

la pena de muerte se incluye en la sección primera del título primero, que regula los derechos

fundamentales y las libertades públicas, especialmente protegidos.

Sería de aplicación, por tanto, el artículo 168, que dispone que la propuesta de reforma deberá ser

aprobada por mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado, y posteriormente se procederá a la

disolución de las Cortes.

La aprobación de la instauración de la pena de muerte abriría una crisis política derivada de la

convocatoria de nuevas elecciones generales. Constituidas las nuevas Cortes, éstas deberán aprobar la

reforma constitucional por mayoría de dos tercios de ambas cámaras. Posteriormente se sometería a

referéndum para su ratificación.

Hasta aquí el mecanismo constitucional del artículo 168, que regula la propuesta de «revisión total de la

Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, al capítulo segundo, sección primera del título

primero (caso que nos ocupa) o al título segundo».

¿Es posible instaurar ía pena de muerte evitando el elevado coste político que supone disolver las actuales

Cortes? DIARIO 16 realizó esta pregunta a juristas de diversas tendencias y las respuestas fueron

claramente discrepantes.

Pedro de Vega, catedrático de la Universidad de Salamanca, calificó de «disparatado y lamentable» el

procedimiento «tan complicado» que establece nuestra Carta Magna para realizar la reforma

constitucional.

Por esta razón, opina que habría que modificar el procedimiento del artículo 168, eliminando la exigencia

de disolver las Cortes para modificar preceptos constitucionales rígidamente protegidos, entre ellos el que

consagra la abolición de la pena de muerte.

Mecanismo

A juicio de Pedro de Vega «la reforma de la Constitución es técnicamente un procedimiento en favor de

su defensa; más vale reformarla y después cumplirla, que no violarla». Sacó a relucir el ejemplo de la

Constitución norteamericana, que es la más antigua y la más reformada. «Hay que adaptarse a las

necesidades históricas de cada momento —añadió— para no provocar que la Constitución salte por los

aires.»

Pedro de Vega sostiene la tesis de que nuestro texto ´legal fundamental exige la reforma de diez o doce

artículos, además del de la pena de muerte. Para instaurar ésta mantiene que podría realizarse en una

semana, si la mayoría de los partidos estuvieran de acuerdo en reformar o derogar el artículo 168 y

establecer la pena de muerte a través del procedimiento menos rígido del artículo 167.

Este precepto establece que la reforma constitucional puede ser aprobada por una mayoría de los tres

quintos de cada una de las Cámaras (210 diputados y 125 senadores). Aprobada la reforma, si no hay

discrepancia entre las Cámaras, se someterá a referéndum en el caso de que así lo soliciten una décima

parte de los miembros del Congreso o del Senado.

Osear Alzaga

Osear Alzaga, diputado de UCD de tendencia conservadora y destacado jurista, se mostró favorable a la

instauración de la pena de muerte, afirmando que la reforma de la Constitución puede realizarse sin

disolver las Cortes.

En su opinión, el artículo 168 no se protege a sí mismo en términos expresos de la reforma constitucional

por la vía del artículo 167, «lo que dejalal menos, abierta la puerta a una interpretación más o menos

discutible de que cabe reformar el contenido especialmente protegido por el artículo 168 en dos tiempos,

de forma que una primera ley de reforma constitucional —elaborada y aprobada por el artículo 167

reforme el artículo 168, para después pasar a revisar el punto que en el mismo había estado especialmente

protegido —en este caso la pena de muerte— por el procedimiento menos tortuoso que se deduzca de los

términos en que haya quedado redactado el nuevo artículo 168, tras la reforma constitucional».

Osear Alzaga, que es partidario de abrir una mes amplia reforma de la Constitución, admite que este

mecanismo puede ser calificado de «fraude legal contra la Constitución».

Manuel Fraga, dirigente conservador y ponente en la elaboración de. la Constitución, declaró á este

periódico: .«Hay que dar una nueva redacción al inciso segundo del artículo l5 que podría quedar así: "La

pena de muerte sólo podré ser establecida por las leyes penales militares y para los terroristas, en las

acciones que causen la muerte de una o dos personas." El procedimiento para la reforma debería ser un

proyecto de ley, tramitado con arreglo al artículo 167 de la Constitución, y con votación pública, para que

cada uno se comprometa con la opinión de la mayoría.»

Justamente éste es el reparo que la izquierda parlamentaria opone al procedimiento. Según Luis Prieto,

del gabinete técnico del grupo parlamentario socialista, «la instauración de la pena de muerte sólo es

posible a través de la reforma constitucional, que exige la disolución de las Cortes».

«El otro procedimiento es fraude constitucional, que el Tribunal Constitucional no podría tolerar.»

El comunista Jordi Solé Tura, destacado jurista y ponente en la elaboración de la Constitución, mantiene

la misma tesis. «La Constitución establece dos vías de reforma, porque hay aspectos más protegidos que

ótros. No se puede recurrir al artículo 167 para romper lás cautelas establécidas en el artículo 168,

áplicando el mecanismo de réformá para los aspectos menos protegidos.»

Involución

El diputado del PCE añadió que la abolición de la pena de muerte, incluido en el capítulo de derechos y

libertades de la Constitución, «ha sido un avance democrático, cuya derogación no puede plantearse

aprovechando la situación de ola terrorista y abrir las puertas a la involución. Se ha demostrado que la

pena de muerte no resuelve el terrorismo».

SE ENDURECE LA OFENSIVA TERRORISTA.

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NACIONAL

5-mayo-81/DIARIO 16

 

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