El Consejo General del Poder Judicial pide a Calvo Sotelo que el Ministerio del Interior cese en esta actividad informativa. 
 Los jueces, contra las notas policiales que implican a la actuación judicial     
 
 El País.    12/05/1981.  Página: 15. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

El Consejo General del Poder Judicial pide a Calvo Sotelo que el Ministerio del Interior cese en esta

actividad informativa

Los jueces, contra las notas policiales que implican a la actuación judicial

El Consejo General del Poder Judicial ha dirigido un escrito al presidente del Gobierno en el que exige

«enérgicamente el cese inmediato» de la publicación de notas informativas del Mando Único de la Lucha

Contraterrorista y del Ministerio dél Interior, a las que califica de «graves distorsiones de la verdad», a

propósito de actuaciones judiciales a raíz de determinadas detenciones policiales. En estas notas, según el

máximo órgano de la Magistratura española, se sustraen datos fundamentales a la opinión pública y

generan dificultades «al normal desarrollo de la función jurisdiccional».

El ministro del Interior, Juan José Rosón, rehusó ayer comentar la nota del poder judicial, y al preguntarle

por afirmaciones de fuente policiál en el sentido de que en este ámbito la nota había sido recibida con

estupor e indignación, el ministro dijo que suponía que no era nada oficial, porque había dado

«instrucciones claras» a todas las dependencias del Ministerio pata que no enjuiciaran el comunicado.

La nota del Consejo General del Poder Judicial señala que la independencia del podér judicial se basa en

la confianza de los ciudadanos én la Magistratura y sería esta confianza la que se habría visto perjudicada

por la publicación de las referidas notas informativas a propósito, entre otros casos, de la detención del

abogado Ruiz Balerdi y su posterior puesta en libertad, «que sustraían datos fundamentales la opinión

pública, como se ha detallado por el presidente de la Audiencia Nacional»

La nota del Consejo General, después de destacar «el esfuerzo, la abnegacion y el sacrificio de los

integrantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que muchas veces deben actuar en un clima de

incomprensión», dirige a sus portavóces y autoridades políticas del Ministerio del Interior las siguientes

consideraciones: «Primero. Entendemos que es muy grave atentar a la credibilidad del poder judicial en

un orden constitucional cuyo cumplimiento y desarrollo reposa precisamente sobre tos jueces y

magistrados. El mutuo desprestigio de las instituciones del Estado contribuye lamentablemente a que el

pueblo se despegue de todas. Y en los casos que motivan esta nota viene a acentuar las tintas de una

secular postergación de jueces y magistrados, sobrellevada con dignidad desde la propia conciencia de la

trascendencia de 14 función, pero que el Estado democrático tiene la Obligación urgente de corregir.

Segundo. Los atestados policiales pór causa de delíto 4ü& sometidos a«secreto, lo mismo que las

actuaciones judiciales del sumarió. Este secreto, que los jueces cumplen escrupulosamente, con idéntico

rigor debe ser respetado por los portavoces de las fuerzas de seguridad. Este secreto es un límite al

derecho de información que la Constitución reconoce, y así se entiende en todos los Estados de derecho.

Romper este secreto es grave; cuando además se hace con la consecuencia de dañar el prestigio judicial

los responsables estan añadiendo gravedad a la gravedad».

«Tercero. Ni la policía ni los jueces, por supuesto, están para apuntarse éxitos ante la opinión pública en

su lucha contra el delito, sino para impedirlo, descubrir a los delincuentes y castigarlos. Es claro que no

corresponde a las fuerzas de segundad ni al Ministerio del Interior declaran cuándo hay o no delito menos

aun es permisible que sus portavoces censuren, abierta o encubiertamente, a los jueces. Nadie puede

pretender que los jueces acepten como bueno cuanto en los atestados policiales se afirme, porque en el

Estado de derecho es principio inexcusable qué la culpabilidad debe ser probada y no sólo afirmada».

«Cuarto. Cuando determinadas notas parecen dar la imagen de lenidad en la actuación de los jueces, se

olvida, por ejemplo, que en este momento hay en las cárceles españolas más de 21.000 presos, el 60% de

ellos preventivos, cifra que es la más alta de la población penitenciaria española en los últimos treinta

años. Por ende, contra el error jüdicial caben los recursos; la responsabilidad judicial está netamente

definida en las leyes, y la actuación disciplinaria sobre jueces y magistrados corresponde orgánicamente a

este Consejo General».

«Quinto, La Constitución descansa en la institución judicial. Sobre los jueces descansa el ejercicio del

derecho a castigar, la garantía de las libertades y el control del Ejecutivo, asi como el mantenimiento del

orden jurídico, fuera del que asdfa ttttftlMte impensable el desarrollo normal de la vida de una comunidad

civilizada».

 

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