Autor: Iruin, Iñigo. 
   La diferencialidad vasca     
 
 Diario 16.    24/06/1986.  Página: 3-4. Páginas: 2. Párrafos: 9. 

IÑIGO IRUIN

Abogado y parlamentario vasco por Herri Batasuna

La diferencialidad vasca

Herri Batasuna ha experimentado un importante crecimiento en las elecciones celebradas el domingo.

Este hecho da, como es lógico, una mayor relevancia a sus planteamientos y obliga a tenerlos en cuenta

con mayor atención. Este artículo es un compendio de la postura de la formación vasca abertzale

LA consecución de un Estatuto nacional de autonomía para Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya es una

solución urgente que reclamamos como premisa imprescindible para la normalización de la vida política

de Euskadi. La democracia no será plena para nuestro pueblo en tanto que constitucional-mente no se le

reconozca su soberanía y el derecho de autogobierno que posibilite la autodeterminación.»

Esta frase contenida en el documento elaborado para el Aberri Eguna de 1978 por todas las fuerzas

políticas, a excepción de UCD y AP, y que contaba con el apoyo institucional del Consejo Vasco

presidido por el socialista Ramón Rubial, sitúa perfectamente un momento político clave en la historia

reciente de Euskadi, en el que la mayoría de las opciones políticas asumía sin tibiezas el hecho nacional

vasco, su integridad territorial y el derecho a la autodeterminación que como pueblo le corresponde.

Escasos meses después, y coincidiendo con la elaboración de la Constitución española, la posibilidad que

en el documento se apuntaba de que se llegara a solventar el conflicto histórico entre el Estado y la nación

vasca se difumina, recuperando su fuerza y reinicián-dose el proceso de enfrenta-miento entre dos

lógicas, la de la diferencialidad vasca y la de la uniformidad del Estado, que hoy sigue vigente con

expresiones dramáticas por nadie deseadas. El rechazo de la Constitución, la paralización de Lemóniz, el

no a la OTAN, el progreso electoral constante de las opciones nacionalistas, el apoyo social a la

organización armada ETA... indican que las pautas de comportamiento sociopolítico en el País Vasco

difieren sensiblemente de las del resto del Estado. Sin embargo, no se atiende a nuestra voluntad colectiva

y se la supedita a intereses y poderes ajenos. Se determina constitucionalmente lo que es y debe ser el

pueblo vasco, así como la configuración de la estructura política que le corresponde y de la que va a

dotarse. Deviene impracticable el ejercicio del derecho de autodeterminación y se potencia la apariencia

de la singularidad navarra en una línea inequívoca de impedir cualquier unión. Se pretende uniformizar y

homogeneizar nuestro pueblo con el resto. En definitiva, se consagran como no negociables e imposibles

unas aspiraciones políticas objetivamente razonables, legítimas y democráticas. En este contexto, el

referéndum sobre el Estatuto de autonomía no podía ser un acto externo de manifestación libre y auténtica

de la voluntad de los ciudadanos vascos que tenían facultad de pronunciarse, pues no se daba en el marco

de las opciones plurales existentes en ese momento de la sociedad vasca. Los siete años transcurridos han

evidenciado, además, que si alguna motivación política hubo en la generación del Estado de las

autonomías, ella ha dejado paso a razones de eficiencia administrativa y racionalización de estructuras por

agotamiento de las fórmulas burocrático-centralizado-ras, lo que ha conducido a aquél a una mera

descentralización administrativa. El contencioso vasco se plantea en esa dialéctica diferencialidad-

uniformidad como insoluble. Hay un desajuste entre la demanda social y el marco jurídico-político. Hay

que reubicar las relaciones entre los vascos y el Estado español. Hay que superar el carácter de concestón

que se da a nuestra existencia autonómica en el Estado, y situarla en parámetros de comprensión y

reconocimiento de la identidad nacional de nuestro pueblo. No es posible la imbricación y el

acoplamiento de lógicas tan dispares. Herri Batasuna ha procurado en estos años desarrollar el difícil

papel de evidenciar esa realidad ante los ojos de los ciudadanos y poderes del Estado, poniendo de

manifiesto que el pacto político y autonómico que sirvió en el resto del Estado para otorgarle legitimidad

a éste no tiene tal virtualidad en Euskadi; que la terapia autonómica deja insatisfecho a nuestro pueblo,

volatilizando sus rasgos culturales. Y creemos que el esfuerzo no ha sido baldío y está promoviendo ya un

nuevo diagnóstico de la realidad vasca que tenga su traducción en la superación del marco constitucional

y en la reformulación del modelo de organización del poder político. Y ello ha de hacerse mediante la

negociación política entre quienes pueden garantizar el nuevo pacto político: ETA y el Estado. Una de las

partes ya ha mostrado su voluntad de diálogo, tan firme como su capacidad operativa. La otra, el Estado y

sus poderes (no fue ETA quien aprobó el artículo 8 de la Constitución, insólito a nivel de derecho

comparado europeo y que tiene como antecedente el artículo 37 de la ley orgánica del régimen

franquista), tiene la responsabilidad de demostrar su voluntad democrática, admitiendo que el hecho

diferencial vasco no puede supeditarse y reducirse al frío cómputo de las cifras del censo electoral que

sitúan mayoritaria-mente al Estado por un 28 a 2.

 

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