Cayó Rumasa. 
 Este es el decreto de expropiación  :   
 Rumasa se encontraba en una "arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones". 
 Diario 16.    25/05/1983.  Página: 10. Páginas: 1. Párrafos: 25. 

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CAYO RUMASA

25 febrero-83/Diario 16

El real decreto-ley 2/1983, de 23 de febrero, por el que el Gobierno expropia Rumasa es la primera disposición del «Boletín Oficial del Estado» de ayer. El ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, llevó el texto personalmente a la imprenta del «Boletín» a las cuatro y media de la madrugada, después de obtener \as firmas del Rey y del presidente del Gobierno y, desde el mismo momento de su publicación, ya está en vigor.

ESTE ES EL DECRETO DE EXPROPIACIÓN Rumasa se encontraba en una «arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones»

«El grupo de Sociedades a que se refiere el presente Real Decreto-ley viene constituyendo en los últimos años una preocupación permanente de las autoridades monetarias que han venido manifestando formalmente su disconformidad con la política de riesgos e inversiones practicada.

Desde el año 1978, dichas autoridades han venido exigiendo la práctica de auditorías externas, tanto de los Bancos que forman parte del grupo como de sus Sociedades más importantes, bien por ser titulares de la mayoría del capital de aquéllos, bien por ser filiales de los mismos o presentar una excesiva concentración de riesgos.

Las Inspecciones del Banco de España han puesto reiteradamente de manifiesto la existencia de tales fenómenos, si bien la permanente obstrucción a la actividad inspectora no ha permitido la fijación exhaustiva de todos los pormenores. No obstante, puede establecerse, con elementos suficientes de juicio, que gran parte de los riesgos asumidos por los Bancos que financian al grupo son desproporcionados con la solvencia de los acreditados.

Toda esta problemática ha motivado que el Fondo de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios requiriese a los Bancos de referencia a practicar auditorías externas, habiéndose incumplido en el caso de todos los Sancos, salvo uno, los plazos y sus prórrogas concedidos a tales efectos.

Las advertencias de las autoridades monetarias se han multiplicado en los últimos años, particularmente acerca de Rumasa, Sociedad cabecera del grupo, recomendando una política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos, advertencias que no sólo han sido desatendidas, sino a las que se ha respondido con hechos consumados, que refuerzan la arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones.

La intervención de las Entidades bancarias del grupo o la suspensión en sus funciones de sus Administradores, previstas en la Ley y utilizadas en casos de menor envergadura y complejidad, no resolverían los problemas planteados que, además de no ser coyunturales, sino estructurales, involucran un gran número de Sociedades matrices y filiales, que dominan o son dominadas por Bancos obligando además de a la expropiación de aquéllos a efectuar la de todo el grupo de Sociedades, que constituye una unidad de dirección y de riesgo.

En consecuencia, el Gobierno, considerando de utilidad pública e interés social la defensa de la estabilidad del sistema financiero y de los intereses legítimos de los depositantes y trabajadores, a los que alcanzaría una crisis de la organización, ha decidido adoptar las medidas que recoge el presente Real Decreto-ley, en el respeto más absoluto de los derechos de los accionistas mediante el pago del justo precio de sus acciones.

Articulo 1. ° Se decreta la expropiación forzosa, por causa de utilidad pública e interés social, de la totalidad de las acciones representativas del capital de las Sociedades incluidas en el anexo del presente Real Decreto-ley.

Art. 2.° El Estado, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado, tomará posesión inmediata de las Sociedades expropiadas y adquirirá el pleno dominio de sus acciones por ministerio de la Ley.

Dicha toma de posesión comportará la asunción de todas las facultades de los órganos sociales.

La Dirección General del Patrimonio del Estado podrá encomendar el ejercicio de las facultades propias de los respectivos Consejos de Administración al Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos bancarios o al Administrador o Administradores que al efecto designe.

Los Registradores Mercantiles inscribirán los Correspondientes nombramientos y apoderamientos con la sola comunicación de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Art. 3.° Quedan en suspenso todas las facultades de administración y disposición de los actuales órganos sociales de las Entidades a que se refiere el presente Real Decreto-ley a partir del día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Art. 4.° Los titulares de tas acciones expropiadas quedarán constituidos en una "Comunidad de accionistas" por cada Sociedad a la que aquellas acciones correspondan, al objeto de actuar colectivamente en el procedimiento expropiatorio y, en su caso, en los procedimientos judiciales que puedan tener lugar como consecuencia de la expropiación.

La Dirección General del Patrimonio del Estado, en el plazo de un mes a contar de la publicación de este Real Decreto-ley, convocará Asamblea general de las respectivas "Comunidades de accionistas" a fin de que en única convocatoria, cualquiera que sea el número de accionistas y por simple mayoría, puedan designar un órgano compuesto por un mínimo de cinco accionistas y un máximo de once que asuma su representación. En el supuesto de que no asistiese ningún accionistas o no fuese posible por cualquier causa la adopción de acuerdos, se seguirán las diligencias con el Ministerio Fiscal.

Art. 5.° 1. Tras la toma de posesión por el Estado de las Sociedades expropiadas, en el plazo de un mes desde la fecha señalada para la celebración de las respectivas Asambleas a que se refiere el artículo anterior, se abrirá la fase de justiprecio de las acciones objeto de la expropiación que se seguirá en un expediente único, de acuerdo con el artículo 26.2, párrafo segundo, de la Ley de Expropiación Forzosa.

2. La "Comunidad de accionistas" respectiva y la Dirección General del Patrimonio del Estado formalizarán, sucesivamente y por este orden, hoja de aprecio dentro del plazo de un año, pudiendo acompañar a la misma dictámenes periciales, auditorías y cuantas justificaciones consideren oportunas.

3. El valor de las acciones expropiadas se estimará exclusivamente atendiendo al resultado que arroje el balance de la respectiva Sociedad en el día de la publicación del presente Real Decreto-ley. Para la formación de dicho balance se depurarán con los criterios comerciales usuales, fijándolas en su

valor real, ajustando su valor contable previo, las partidas del activo y del pasivo, incluyendo en su caso, si procediere, el valor del fondo de comercio, en" el que se entenderá comprendido el premio de afección.

En el supuesto de que el resultado que arroje el balance determine un valor negativo para las acciones expropiadas, se entenderá que el justiprecio queda absorbido por las cargas que comporte la asunción del pasivo de la Sociedad.

4. Si a través de las hojas de aprecio o mediante mutuo acuerdo las partes no llegaren a resultados

coincidentes en la estimación del justiprecio, fijará éste en vía administrativa el Jurado Provincial de Expropiación de Madrid, que deberá adoptar su resolución dentro del plazo de seis meses.

Art. 6. ° Todas las oficinas, sucursales y agencias de los Bancos cuyas acciones se expropian en virtud del presente Real Decreto-ley permanecerán cerradas al público desde las ocho horas del día 24 de febrero de 1983 hasta las ocho horas del día 28 del mismo mes y año.

Art. 7." Por el Ministerio de Economía y Hacienda se adoptarán las medidas precisas para habilitar los créditos necesarios en orden a la ejecución de lo establecido en el presente Real Decreto-ley.

Art. 8.° El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1983.»

 

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