Autor: Jiménez de Parga y Cabrera, Manuel (SECONDAT). 
   Rumasa, ante el Tribunal Constitucional     
 
 Diario 16.    01/03/1983.  Páginas: 1. Párrafos: 20. 

Diario 16/1 marzo-83

OPINIÓN

MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA

Abogado y periodista

Rumasa, ante el Tribunal Constitucional

Todo hace sospechar que la expropiación de Rumasa terminará jurídicamente ante el Tribunal Constitucional. El real decreto-ley 2/1983, de 23 de febrero, es una muestra de los errores que puede cometer un Gobierno cuando actúa con pasión y precipitación. Nadie debe sorprenderse si esa norma es incluida en una «antología de los disparates».

A las veinticuatro horas de su inserción en el «Boletín Oficial del Estado», se intenta mejorar su desgalichado aspecto con unas correcciones de fondo y forma. Pero ya era tarde, puesto que el decreto-ley había entrado en vigor el mismo día de su publicación.

La fe de erratas es una práctica admitida en los libros científicos y en las gacetas legislativas. Pero la corrección de errores en estas últimas ha de efectuarse antes de que empiecen a tener vigencias las normas, antes de que creen derechos y obligaciones. Hacerlo veinticuatro horas después, en un caso con los efectos trascendentales del que estamos comentando, supone la infracción, entre otros, del artículo 9.3 de la Constitución.

Lo normal es que las leyes entren en vigor pasado un tiempo desde que fueron promulgadas: veinte días.

En ese periodo se pueden introducir modificaciones sin que la seguridad jurídica padezca. Sin embargo, este decreto-ley 2/1983 estableció en su artículo octavo que adquiriría vigencia el mismo día que apareciera en el «BOE».

La serie de errores graves que, a mi entender, invalidan la norma, abarca desde la falta de consignación de la reunión del Consejo de Ministros en que se adoptó el decreto-ley hasta la ausencia de los preceptos constitucionales que le darían fundamento jurídico o la carencia del obligado encabezamiento dé la parte positiva, ya que ni siquiera fue incluida la fórmula ritual: «En su virtud... Dispongo, dos puntos...»

Supongamos, no obstante, que este decreto-ley, con todas sus deformaciones congénitas, es sometido a la consideración del Tribunal Constitucional. ¿Qué harán los magistrados del órgano que es intérprete supremo de la Constitución? ¿Pueden llegar hasta a anular y dejar sin efecto la expropiación gubernamental? ¿Se resentirá por aquí el Estado de derecho?

Sentencia 31-V-82

Podemos evocar, en cambio, una importante sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, de fecha 31 de mayo de 1982, que fijó el alcance del real decreto-ley como fuente del derecho, estableciendo los requisitos y las limitaciones que han de cumplirse por el Gobierno.

O sea, que la lectura de la sentencia del 31 de mayo de 1982 nos ilustra acerca de lo que los diputados del PSOE pensaban

— piensan— de los decretos-leyes, y nos anuncia la probable tesis del Tribunal Constitucional en el caso de que tenga que considerar la expropiación de Rumasa.

Los recurrentes del PSOE, desde luego, alegan que los vicios de un real decreto-ley determinan la nulidad de pleno derecho de dicha norma. Y agregan: «Vicios de nulidad que no pueden ser sanados en ningún caso por la convalidación parlamentaria, pues caso contrario dejaría vacío de contenido la competencia del Tribunal Constitucional para determinar la cons-titucionalidad o inconstitucionalidad de este tipo de normas.»

Quiere anticiparse con esto que carecen de base las argumentaciones

— estos días repetidas — tendentes a quitar importancia a los errores del decreto-ley 2/1983. No cabe aducir que el saneamiento se producirá durante el debate del Congreso.

Artículo 86.1

El vicio de nulidad más notorio del 2/1983 es consecuencia de no haber tenido presente el Gobierno la limitación en cuanto a la materia sobre la que puede incidir un decreto-ley.

El Tribunal Constitucional, en efecto, recuerda las palabras del artículo 86.1, con esta versión: «En ningún caso puede afectar el decreto-ley a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución española.»

Pues bien: el derecho de propiedad de los accionistas expropiados está regulado, precisamente, en el título I de la Constitución Española.

Otro posible vicio de nulidad sería la improcedente apreciación por el Gobierno del supuesto habilitante de su facultad legislativa excepcional, verbigracia la extraordinaria y urgente necesidad.

Los recurrentes del PSOE, en septiembre de 1981, sostuvieron que «la apreciación de si existe o no extraordinaria y urgente necesidad no es una potestad discrecional del Gobierno, sino que, muy por el contrario, la potestad que el artículo 86 de la Constitución le otorga, se inscribe en el marco del ejercicio de potestades regladas, según lo dispuesto en ese mismo precepto y en el contexto de toda la Constitución».

Y el Tribunal Constitucional dejó claramente sentado que tenía competencia para enjuiciar el supuesto

habilitante, la extraordinaria y urgente necesidad: «El Tribunal Constitucional podrá, en caso de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada como caso de extraordinaria y urgente necesidad.»

Planteado así el asunto, el debate se centraría en valorar las otras posibilidades de actuación que el ordenamiento concedía al Gobierno. ¿Sólo cabía la expropiación? ¿No pudo atenderse la extraordinaria y urgente necesidad —si realmente apareció— por otros medios?

Pero, antes de responder a estas cuestiones, el Tribunal Constitucional habría de considerar los vicios primeros, imputables sólo al Gobierno, que se ha empeñado en hacer imposible un quehacer de suyo difícil.

 

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