Autor: Blasco, A.. 
 CEOE criticó la forma de expropiar. 
 "La situación de Rumasa requería una intervención"     
 
 Diario 16.    04/03/1983.  Páginas: 1. Párrafos: 14. 

CEOE criticó la forma de expropiar

"La situación de Rumasa requería una intervención”

El Gobierno ha hecho bien en intervenir en Rumasa, pero se ha equivocado de camino. La patronal CEOE rompió ayer su silencio sobre el tema, pero no para defender a Ruiz-Mateos, sino para criticar la nacionalización de su grupo «en veinticuatro horas» y la mala imagen y la inseguridad que de ello se trasluce. Carlos Ferrer también dudó de su legalidad, calificó de «constructivo» el debate parlamentario y pidió que, «de verdad», las empresas nacionalizadas del grupo de la abeja vuelvan al sector privado.

A. BLASCO

B.

Madrid — «No dudamos en la buena intención de! Gobierno, pero la realidad es que han nacionalizado un grupo de empresas. Esos son los hechos. Luego, la intención de devolverlas al sector privado veremos si se cumple», afirmó Carlos Ferrer, presidente de la patronal CEOE, en su primera comparecencia pública tras la expropiación del grupo Rumasa. Los empresarios no defendieron a Ruiz-Mateos — «nunca fuimos requeridos para ello por Rumasa y sólo teníamos sospechas, de su situación»—, reconocieron la gravedad de su situación, pero protestaron abiertamente por la «dudosa legalidad» de la medida y pór la mala imagen que se está atribuyendo al empresario.

Defensa general

Durante la intensa semana que precedió al debate parlamentario sobre la expropiación del grupo de la abeja, la patronal había guardado reserva absoluta sobre el tema, y ayer explicaron que fue para «no interferir» las sesiones del Congreso. Lo cierto es que Ruiz-Mateos nunca gozó de la simpatía de los demás empresarios. Ninguna voz se alzó en su defensa y la posibilidad de que sea procesado «nos desborda totalmente. Hay que valorar esa posibilidad pero, aunque deseamos que no, será la fiscalía quien lo decida».

Ferrer insistió en • que «desconozco el estado de ánimo de Ruiz-Mateos porque no he hablado con él. En todo caso, nosotros defendemos sólo con carácter general, y aún no hemos decidido si actuaremos o no en el campo Judicial contra la décision del Gobierno, pero es probable que lo hagamos». Preguntado sobre si una vez saneado el grupo debería volver a manos de su antiguo propietario, el presidente de CEOE dijo que no quería entrar en un debate sobre la ley de Expropiación de 1954. «Creo que tiene que volver al sector privado.»

Sobre la situación del grupo, poco sabían los hombres de CEOE. «Si hubiéramos tenido datos sobre irregularidades, lo hubiéramos dicho. Tendrán que decirlo los directivos del Fondo de Garantía de Depósitos y del Banco de España. Al parecer, la situación del grupo era innegablemente mala y parecía grave. Sospechas, como en otros casos, teníamos de ello, pero no datos.»

También fueron dados por buenos los datos que el ministro de Economía y Hacienda ha ¡do facilitando a lo largo de sus apariciones públicas, que, según la propia CEOE, ponían de relieve una situación «que requería de una u otra forma la intervención. Eso lo aceptamos».

Dudosa legalidad

Sin embargo, a partir de ese punto, los dirigentes empresariales dirigieron su artillería pesada contra el Gobierno y el tipo de medida adoptada: «Posiblemente una intervención era necesaria, pero no como se ha realizado. Cómo sabemos si realmente el origen del decreto es el interes social. Hay un enorme clima de inseguridad porque estamos de hecho ante una nacionalización, en veinticuatro horas y sin defensa »

Según Ferrer Salat, los hechos demuestran hasta el momento que la decisión afecta negativamente al empresariado, que «no responde precisamente a facilitar el necesario clima de confianza para resolver el paro y la crisis». Por si fuera poco, aunque no existe una constancia exacta de ello, puede darse un retraimiento de la inversión, aunque lo más grave es «la expropiación por si acaso» que se ha dado en algunas empresas sin relación alguna con Rumasa.

Entre éstas, Ferrer destacó cuatro: Bolsanor, Naviera del Nalón, Ángel Ubeda y Cía, y Onara, S. A., entidades que tienen suspendida su actividad tras el decreto de expropiación del grupo «y ni siquiera han sido recibidos por los dirigentes del patrimonio del Estado para explicarse».

Tras señalar que la rueda de prensa del ministro de Economía y Hacienda del viernes 18 precipitó los acontecimientos y, por ello, la acción gubernamental, el presidente de los empresarios insistió en la necesidad de devolver al sector privado las empresas nacionalizadas lo antes posible y dijo que en España «hay muchas empresas que atraviesan dificultades, .aunque no de las características de Rumasa». Dudó, sin embargo, Ferrer de que el grupo hubiera sobrevivido mucho más tiempo sin presentar suspensión de pagos.

CEOE vigilará a través de sus organizaciones el proceso de saneamiento de Rumasa y su deseable vuelta al sector privado, aunque sus dirigentes mostraron dudas no ya de la legáIidád de la médidá —«en Francia lo hicieron mucho mejor y con garantías»—, sino por la mala imagen que se trasluce de estas acciones empresariales. Y lo peor, según José María Cuevas, secretario general de la organización, es que «aunque se trate de un hecho aislado, el Gobierno tiende a generalizar».

En cualquier caso, Cuevas llamó la atención sobre la verosimilitud de las afirmaciones gubernamentales de que la medida de Rumasa es un hecho aislado: «La política económica de un Gobierno debe dar en todo caso confianza. Esperamos poder valorarla cuando presenten los Presupuestos Generales de! Estado.

 

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