Autor: Rubio, Rafael. 
 Nuevas revelaciones sobre los turbios manejos del holding de José María Ruiz-Mateos. 
 Boyer atribuye a Rumasa operaciones delictivas  :   
 Acusa al grupo de aporpiación indebida de 60.000 millones por impuestos no pagados y anuncia que pondrá el caso a disposición de los tribunales de justicia correspondientes. 
 Diario 16.    02/03/1983.  Página: 1-5. Páginas: 2. Párrafos: 20. 

MADRID, MIÉRCOLES 2 MARZO 1983

Año VIII - Número 2.072

Nuevos revelaciones sobre los turbios manejos del holdíng de José María Ruiz-Mateos

BOYER ATRIBUYE A RUMASA OPERACIONES DELICTIVAS

Acusa al grupo de apropiación indebida de 60.000 millones por impuestos no pagados y anuncia que pondrá el caso a disposición de los tribunales de justicia correspondientes

Rafael RUBIO

Madrid — Miguel Boyer dio ayer, en el Pleno del Congreso de los Diputados, nuevos y contundentes datos sobre las causas que obligaron al Gobierno a decretar la expropiación det grupo Rumasa hace una semana.

Según el ministro de Economía, del total de impuestos que durante 1981 y 1982 retuvo Rumasa, tan sólo ingresó a las arcas del Estado un 5 por 100 y las cuotas tributarias no ingresadas durante esos dos años ascienden a 60.000 millones de pesetas. Boyer acusó, además, a los directivos de Rumasa de traspasar al capítulo de reservas, como si se tratara de beneficios, esas retenciones no ingresadas, y señaló que se daría información a los tribunales competentes de estos hechos por si consideraban oportuna su intervención.

Un amplio murmullo se extendió por el hemiciclo cuando se hicieron públicas estas cifras, que tendrían su continuación otros datos, no menos reveladores, sobre ¡a situación del holding en el momento de su intervención.

La intervención del ministro reveló también que, hasta septiembre de 1982, Rumasa ingresaba una parte mínima de las cuotas a la Seguridad Social y que a partir de esa fecha —coincidiendo con las elecciones generales en las que el PSOE resultó vencedor— tan sólo se dejó de ingresar la parte correspondiente a la cuota patronar en un intento, según Boyer, de no incurrir en el delito de apropiación indebida.

En la Central de Informática, S. A., empresa que el grupo posee en el madrileño barrio de Aluche y cuartel general de todos los datos de Rumasa, que el Gobierno controla muy estrechamente desde que se decretara la expropiación, se deben, por ejemplo, en los dos últimos años más da diecisiete millones de pesetas de cuotas a la Seguridad Social.

El ministro de Economía ¡lustró con un ejemplo la actitud de Rumasa ante el pago de las cuotas a la Seguridad Social: «Hasta el momento de su integración en el grupo de Ruiz-Mateos, las sociedades champaneras (Segura Viudas, Castelblanch y otras figuran en convenio por Seguridad Social Agraria, ingresando noventa y. tres millones de pesetas. Sin embargo, al integrarse en el grupo ingresa, mediante declaración-auto-liquidación, quince millones y medio de pesetas.»

Boyer, añadió que Galerías Preciados, que segur) los antiguos administradores del grupo había sido reflotada tras su llegada al grupo, tiene en estos momentos un descubierto de 4.1.67 millones de pesetas, por vía de apremio en concepto de deuda a la Seguridad Social.

En su esperada intervención de ayer, el ministro volvió a recordar, cronológicamente, las desaveniencias entre los responsables de Rumasa y el Banco de España, y que se iniciaron en 1967 cuando, tras la compra del Banco de Siero por parte del grupo de Ruiz-Mateos, el Banco de España decidió vigilar estrechamente al ya emprendedor «holding» de la abejita. Desde aquel año hasta ahora, el Banco de España tuvo que imponer, previa la inccoación del correspondiente expediente, 27 amonestaciones privadas, 16 advertencias, 23 -multas, por importe global de 128 millones de pesetas y 18 casos de pérdidas de la capacidad de expansión.

Pese a que desde el mismo día de la expropiación, un buen número de inspectores del Banco de España han tenido acceso directo a las cuentas de Rumasa, el ministro de Economía dijo no poseer todavía una información completa, dado el complejo entramado de empresas e intereses que constituyen el grupo. Sin embargo, la investigación (Sigue en página 5) Más información en págs. 6, 7, 8 y última de los últimos días ha permitido detectar 88 sociedades, que constituían una Rumasa paralela, además de las 212 empresas que el grupo tenía declaradas. Estas sociedades conseguían créditos de los bancos de Rumasa sin aparentar formar parte del grupo. Esos créditos, según Boyer, suponen decenas de miles de millones.

TRAS CONOCER LOS NUEVOS DATOS, LA OPOSICIÓN DECIDIÓ NO CUESTIONAR LA CONVENIENCIA DE EXPROPIAR RUMASA

LAS NUEVAS EMPRESAS EXPROPIADAS PODRÍAN SUPERAR EL CENTENAR

Más expropiaciones

El Ministerio de Economía no hizo público la lista de esas nuevas sociedades detectadas, que presumiblemente serán expropiadas, ya que se espera al Consejo de Ministros de hoy y a qué terminen de llegar los últimos datos, que podrían hacer que el número de empresas detectadas y a expropiar superará el centenar.

El trabajo de los inspectores del Banco de España y de la Dirección General de! Patrimonio han detectado también la existencia de una Caja B, a través de la cual se habían pagado 3.000 millones de pesetas de gastos financieros y no financieros (por extratipos y gastos de personal) que no se incluyeron en la cuenta de resultados de 1982. Por otra parte, la red bancaria había captado 67.000 millones de pesetas, que rio pasaron por el balance de los bancos y se destinaron directamente á financiar a las empresas del grupo.

Respecto a los bancos de Rumasa, Boyer declaró que todos menos el Atlántico operaban con pérdidas y que la sociedad propietaria de todos ellos decidía la concesión de créditos a empresas del grupo al margen de las propias entidades financieras.

Riesgos

El ministro de Economía insistió en que una de las prácticas más habituales sobre las que estaba montado Rumasa era decir que se tenía beneficios poniendo un valor superior al real de los activos del grupo. Por ejemplo, Rumasina compró en diciembre de 1976 la sociedad propietaria de las Torres de Jerez por 1.989 millones de pesetas con el pago aplazado de las acciones a Osinalde, S." A. Cuando en septiembre, de 1979 se disolvió Osinalde, las Torres se valoraron en 3.510 millones de pesetas.

Miguel Boyer denunció también la existencia de compraventa en el propio seno del grupo, que dieron lugar a una sobre-valoración de 3.000 millones de pesetas y amplió a 275.000 millones de pesetas —en lugar de los 226:000 millones de los que informó en su última rueda de prensa— los riesgos de los bancos con las empresas del grupo.

La profusión de datos aportada por Miguel Boyer hizo que ni siquiera el grupo de la aposición intentara entrar a discutir la necesidad o no de expropiar Rumasa. Incluso Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, portavoz del grupo popular, se permitió sugerir al ministro de Economía que, con los datos que habla dado debería haber denunciado determinados hechos, basándose en el artículo 259 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ni Rumasa ni Ruiz-Mateos encontraron ayer algún valedor en el hemiciclo. Incluso un grupo como el CDS de Suárez, cuyas conexiones con Ruiz-Mateos a través de su asesoría jurídica está comprobada, manifestó en boca de Agustín Rodríguez Sahagún que la intervención del grupo de Rumasa parecía inevitable.

A falta de un debate sobre Rumasa, la oposición decidió llevar la discusión por los senderos de la jurisprudencia en un intento de probar la inconstitucionalidad del decreto-ley que expropió las empresas del grupo de Rumasa. Y Boyer cayó en la trampa.

Tras su detallada y contundente intervención, en la que no faltaron descalificaciones generales

contra la política seguida por Rumasa, como lo de que «su expansión se asentaba en el desprecio absoluto a las reglas económicas sin atender a las normas más elementales de la prudencia empresarial y financiera», el ministro de Economía se introdujo por los difíciles vericuetos del mundo jurídico en un intento de salir al paso de las posibles acusaciones de inconstitucionalidad del decreto expropiador.

Cansado, nervioso y poco dominador del tema, Miguel Boyer cometió el error de dar cancha a la oposición para que a partir de entonces no volviera a hablarse de Rumasa.

 

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