Autor: Dávila, Carlos. 
 El debate Rumasa. 
 La oposición acusó al Gobierno de actuar al margen de la ley     
 
 Diario 16.    02/03/1983.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Diario 16/2 marzo-83

EL DEBATE RUMASA

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En un fuego cruzado de réplicas y contrarréplicas Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón acusó al Gobierno de actuar ilegalmente y de vulnerar claramente la Constitución. «Yo les estoy acusando de

conculcar casi el Código Penal», afirmó el portavoz, que no quiso entrar en las razones financieras y técnicas que habían movido a la expropiación, término, que Herrero rechazó totalmente.

L A OPOSICIÓN ACUSO AL GOBIERNO DE ACTUAR AL MARGEN DE LA LEY

Carlos DAVILA. corresponsal político

El Gobierno se ha situado, él mismo, contra las cuerdas. Antes, incluso, de que la oposición parlamentaria, en una inteligente operación pilotada por Miguel Herrero, le dejara huérfano de razones jurídicas y escasamente apoyado por las constitucionales. El penoso y escandaloso «affaire» Rumasa, terminará así, mucho después de lo que el Gabinete de González hubiera querido. Ahora hablarán los tribunales. Todos.

Ya nadie duda, a estas alturas, que, de ser ciertos los argumentos y las denuncias de Miguel Boyer, ministro de Economía, Rumasa y sus ejecutivos están claramente fuera de ley. Muy fuera Boyer les acusó ante el foro parlamentario de estafadores, ocultadores, defraudadores y, en definitiva, de delincuentes. Por eso tenía razón Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón cuando, de entrada, y tras su primer sarcasmo, le aseguró al ministro que se había equivocado de instancia: «Usted —dijo— tenía que haber acudido al Juzgado de Guardia.» Otro parlamentario del grupo popular, el abogado Ruiz Gallardón, sugería en los pasillos del Congreso: «Además, tenía obligación de hacerlo.»

En vez de la denuncia pura y simple, el Gobierno escogió la vía del decreto-ley, un procedimiento ad-

ministrativo en el que parece haber errado. Y ahí, precisamente ahí, le esperó la oposición y específicamente Miguel Herrero que, en sucesivas intervenciones, demostró al Gobierno socialista que se había equivocado por una razón terminal: porque en este Estado de derecho, que es España, no se puede expropiar por decreto-ley, sin conculcar e! artículo 86 de la Constitución. Fue ayer, pues, un día malo para el sistema de libertades, porque el Gobierno ha actuado con precipitación, angustiado por el callejón sin salida, en el que le habían introducido unas imprecisas e imprudentes declaraciones del superministro de Economía. Es posible que la vía del consenso, utilizada por los negociadores y redactores de la Constitución, nos haya colocado ahora en la difícil tesitura de traspasar al Tribunal Constitucional un encargo envenenado: juzgar la propiedad o impropiedad de un camino, como el decreto-ley, usado por el Gobierno, por razones de urgencia, para expropiar los bancos y sociedades de Rumasa.

Tampoco en este punto Boyer ha acertado, porque no se puede, razonablemente, equivocar unos ataques que todavía no se habían producido, asegurando que las razones económicas justifican los posibles atropellos legales. Este es, en definitiva, el «gol» que cantó el parlamentario Herrero y Rodríguez de Miñón y la estúpida trampa en que ha caído un Gobierno precipitado que contaba, de antemano, con toda la razón, porque, de haber meditado el procedimiento, ningún ciudadano español hubiera criticado una expropiación, suficientemente justificada, al parecer, por la multitud de irregularidades —¿o delitos?— señalados ayer en el informe riguroso de Miguel Boyer.

Fórmula

El grupo popular se permitió ofrecer al Gobierno una fórmula transaccional que éste ya no podría aceptar porque le resultará muy difícil, quizá imposible, si no existe dictamen del Tribunal Constitucional, volverse atrás de su monumental error. Todo el empeño del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, expresado en unos términos de tedio incomparables, se pierde así ante la impresión extendida, incluso entre el grupo socialista, según me confesaba uno de sus miembros más conspicuos, de que habrá que imponer, en esta ocasión «razón mecánica» de la mayoría, a la «razón legal del derecho».

Podría decirse, gráfricamente, que la chapuza gubernamental ha impedido que la opinión recaiga en la magnitud de las irregularidades empresariales de un «holding», que nadie se ha atrevido a defender.

La oposición no quiso ayer, conocedora de las razones suficientes del Gobierno, entrar en su terreno, discutir con Boyer sobre la necesidad de un control de las interioridades —espectacularmente turbias— de Rumasa; de ello se quejaba Miguel Boyer, que había presentado documentación suficiente como para callar a cualquier abogado de la empresa.

Vicios

No es éste el lugar de comentar los vicios de esa «Rumasa paralela», que ha aparecido en una primera inspección, ni siquiera de las deudas tributarias del «holding», tampoco de sus cuentas pendientes con la Seguridad Social. Sí hay que decir que el Gobierno tampoco ha conseguido demostrar, sin embargo, que la vía desechada de la intervención hubiera resultado ineficaz, antes bien, parece que el método hubiera sido el más adecuado para terminar con el presunto fraude de Rumasa. Lo peligroso de este asunto, ya imparable, radica en que la elección del procedimiento del decreto-ley para afectar a un derecho trascendente como es el de la propiedad abre un trágico precedente, que puede ser resucitado para «castigar» una libertad o «multar» un derecho, cada vez que un Gobierno, no precisamente sensato, quiera y se atreva a hacerlo.

 

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