Autor: Medina Cruz, Ismael. 
   Todo, incluso la gracia, se tiñe de rojo     
 
 El Alcázar.    28/01/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

AQUÍ Y AHORA

TODO, INCLUSO LA GRACIA, SE UÑE DE ROJO

Por Ismael Medina

LA presencia de Santiago Carrillo en la sala de togas de las Salesas, es todo un símbolo. El genocida de

Paracuellos, el "asesino" de cantaradas", ha entrado con desenvoltura y cinismo en el sagrado de la

Justicia. Claro es que también ayer el orden en el recinto del Colegio de Abogados y en su contorno, es

decir, en el habitat de la Justicia, lo guardaron milicianos de seguridad de un partido ilegal, el comunista,

sólo vigilados a distancia por las Fuerzas del Orden Público.

Bien le han venido a Santiago Carrillo y al PCE, una vez más, los muertos propios, los muertos útiles,

sacrificados sañudamente, con fría determinación criminal, por manos todavía desconocidas, pero

inequívocamente al servicio de intereses internacionales, contrarios a la soberanía nacional. ¿Cuales?

Acaso no se sepa nunca. Acaso convenga el silencio al Este y el Oeste. Pero hoy por hoy, con los datos de

que disponemos, un periodista serio puede señalar con igual índice de sospecha a la W o a la M.

Provindencialmente, si se da la vuelta al papel, las dos iniciales capitalinas de los dos grandes poderes

mundiales, siguen diciéndonos lo mismo ¡Inmutable juego de poderes!

Mientras no se descubra a los asesinos de la calle de Atocha, tan familiarizados con el sitio en que debían

cumplir su misión macabra, tan sin dificultades en el acceso a un lugar y a unas personas de inequívoca

importancia en el Partido, podrá seguir la campaña de acusación contra el extremismo de derechas. Y

habrá coartada suficiente para hacer lo que la pervivencia del secuestro de Oriol no pudo conseguir: la

amnistía. Los abogados laboralistas asesinados en la calle de Atocha han hecho un último e impagable

servicio al PCE. Han taponado con su sangre la justa y legítima irritación de las Fuerzas Armadas ante el

espectáculo de anarquía y desmantelamiento de la imagen del Estado, estimulado desde el frente liberal-

socialista. Han desviado la atención pública de la verdadera entidad poli-tica del problema angustioso de

falta de autoridad a que asistimos para todo lo que no sea el desorden. Han creado una sospecha de mayor

entidad que en ocasiones anteriores sobre la culpabilidad de la derecha. Han permitido a la izquierda,

contrabalancear con estas pocas y horrendas muertes la lista de las muchas víctimas que ella ha causado

en las Filas de las Fuerzas del Orden Público y de españoles de diversa significación, desde el humilde

taxista al presidente de la Diputación de Vizcaya. E incluso las ocasionadas en sus propias huestes, solo

circunstancialmente atribuibles a la "extrema derecha" por una cierta prensa y sus partidos sostenedores.

Después del entierro de ayer, con todos sus aditamentos visibles subterráneos podemos esperar en

cualquier momento el regreso del señor Oriol desde su presunto asilo en territorio extranjero, así como la

del teniente general Villaescusa. Además, la declaración del Gobierno se acerca sutilmente a las

pretensiones de los secuestradores.

Dice la declaración: "Estos sucesos se producen cuando el Gobierno estudia detenidamente unos

proyectos de máxima aplicación del derecho de gracia, que permitan llegar a las elecciones generales en

un clima político y social superador de discordias pasadas".

El alcance de esos proyectos del Gobierno Suárez, las precisa en "El País" don Joaquín Ruiz Giménez,

que es a la política española lo mismo que a la cocina la gelatina. Dice así: "Creo que el Gobierno no

piensa en una amnistía total, a juzgar por los informes que nos han dado los miembros de la comisión

negociadora de la Oposición, sino en la libertad de los presos políticos existentes antes de las elecciones.

Esto se haría por medio de sobreseimientos cuando el proceso judicial aún no hubiera llegado a

desembocar en una sentencia: con indultos totales cuando ya existiera condena firme, o bien casos más

difíciles, por ejemplo, al tratarse de asesinatos de miembros de las fuerzas de orden público, mediante

revisión de esos procesos o sustitución de las penas por las de extrañamiento. Estas medidas concernerían

a todos los casos anteriores, pero no a los de los últimos días".

Dicho en lenguaje habitual, "la máxima aplicación del derecho de gracia", según lo explicado por el

Gobierno a la oposición marxista y paramarxista, consistiría en poner en la calle a todos los asesinos de

miembros de las Fuerzas de Orden Público y de españoles que sirvieron al Estado o servían un código

cristiano de conducta, mientras serán castigados implacablemente los posibles asesinos de militantes

marxistas o paramarxistas.

Esta ideología de la amnistía, sostenida por la "oposición", publicada por Ruiz Giménez y, sin duda,

aceptada por el Gobierno, la redondea con perfiles inequívocos, también en "El País", ¡pues no faltaba

más!, un señor "abogado del País Vasco", llamado Juan María Bandrés: "Entre la violencia

revolucionaria, es decir, de izquierda, y el crimen fascista, existe una diferencia cualitativa de carácter

fundamental". Por consiguiente "no cabe el mismo tratamiento en ambos géneros de violencia. En todo

caso, el pueblo tiene la palabra, y yo espero que no se convertirá en clamor ía petición de amnistía para

los crímenes fascistas, siendo en cambio una exigencia unánime —al menos de mi pueblo vasco— la

inmediata libertad de los condenados por delitos de intencionalidad política, de la que podríamos llamar

izquierda, a quienes el pueblo ya ha absuelto de modo que a mi me parece inapelable".

Después que sus explicaciones a la "comisión negociadora de la Oposición" coinciden en lo esencial con

estas actitudes, la imagen del Gobierno no es precisamente ejemplar. Por el contrario quedan

absolutamente en entredicho su pretendido neutralismo, su vocación democrática y sus pretensiones de

reconciliación. Neutralismo, democracia y reconciliación, son valores irreconciliables con lo que de

verdad emerge de los anteriores planteamientos y los sucesos en que se justifican. A este tenor, de otra

parte, las restantes cláusulas de la declaración del Gobierno adquieren una dimensión inquietante.

Aquellos con quienes más dialoga, es decir, los enemigos más consistentes del Estado y de la soberanía

nacional, dibujan ante los españoles atónitos un perfil del´ Gobierno muy poco propicio a creer en sus

promesas democratizadoras. A través de tales comportamientos, no desmentidos, las fuerzas políticas en

que parece apoyarse ahora con más énfasis, presentan al Gobierno mucho más como administrador del

desorden que como administrador del orden.

Si es así, pocas esperanzas caben al pueblo español.

EL ALCÁZAR

 

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