La campaña electoral. Cuatro años de gestión socialista / 8. Educación. 
 La ley más polémica     
 
 El País.    09/06/1986.  Página: 18. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

La ley más polémica

EL PAÍS, Madrid

Los presupuestos dedicados a la enseñanza privada aumentaron ocho veces por encima de los

presupuestos globales de educación en los años inmediatamente anteriores a la Administración socialista.

Con el acceso del Partido Socialista al Gobierno cambia radicalmente esa política. El ministro de

Educación, José María Maravall, ha repetido que "al Estado no le corresponde un papel subsidiario en la

enseñanza" y ha dedicado generosas partidas a mejorar la situación de los colegios públicos y dotar de

centros rurales a aquellas zonas donde no existían escuelas. Sin embargo, al haberse incrementado

espectacularmente los presupuestos dedicados a la educación, el conjunto de colegios privados

concertados también ha recibido, con los socialistas, más subvenciones que con los Gobiernos anteriores,

aunque a cambio se han visto obligados a acatar la ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación

(LODE). La política de racionalización del sector privado de la enseñanza se inició con la LODE, una ley

cuya definitiva entrada en vigor costó al Gobierno más de la mitad de la legislatura y concitó las protestas

callejeras más multitudinarias que cualquier otra acción del Gabinete de Felipe González. Miles de

enmiendas de la oposición, tensiones con la Iglesia y un fallido recurso de inconstitucionalidad marcaron

una larga y polémica tramitación parlamentaria. Según la LODE, para seguir siendo financiados por el

Estado, los colegios concertados deben renunciar al carácter lucrativo de sus actividades extraescolares o

complementarias, ajustarse al mismo sistema de admisión de alumnos que los centros públicos y su

gestión debe estar controlada por profesores, padres y alumnos a través de los llamados consejos

escolares. El propietario jurídico del centro, por tanto, no puede decidir por sí mismo la marcha interna

del colegio ni puede contratar o despedir profesores. Estas tareas corresponden al consejo escolar.

Tampoco puede distribuir según su criterio la subvención que recibe del Estado, puesto que es la

Administración pública la que paga directamente el salario de los profesores, aunque trabajen en centros

privados. Todas estas circunstancias, unidas al hecho de que a partir de la LODE estos colegios no pueden

seleccionar a los alumnos según sus deseos, sino que deben ajustarse a los criterios de la LODE en

materia de admisión, han suscitado tremendas resistencias por parte del sector privado de la enseñanza,

cuyos máximos representantes decidieron agruparse en la Coordinadora pro Libertad de Enseñanza pocos

meses después de la toma de posesión del ministro José María Maravall. Esta entidad ha defendido los

intereses de los empresarios del sector (CECE), la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza

(FERE), las asociaciones católicas de padres (Concapa) y un sindicato de implantación minoritaria, FSIE.

Durante estos cuatro años, desde manifestaciones hasta cierres generalizados de colegios han sido

promovidos por estas organizaciones, en su mayoría de carácter confesional, pero que no han gozado

siempre del apoyo de la jerarquía de la Iglesia. El secretario general de la FERE, Santiago Martín, ha

repetido durante esta legislatura que "el PSOE no ha renunciado a los objetivos educativos que tenía en el

año 1931", y busca "reducir la enseñanza privada a un ámbito puramente testimoniar. A pesar de estas

resistencias, al final del proceso prácticamente todos ellos se han visto obligados, hace apenas un mes, a

firmar los conciertos, aún en contra de su voluntad, pues de lo contrario no hubieran recibido la

subvención estatal. Maravall, por su parte, no ha ocultado su enfrentamiento con la Coordinadora Pro

Libertad de Enseñanza. Al hacer balance de su gestión, ha señalado que ha tenido que luchar contra

"resistencias tenaces que han hecho de la educación un caballo de batalla y bunkers de privilegios, a veces

financiados con dinero público". Este sector, que acoge al 37% de los alumnos de enseñanza general

básica de nuestro país, un 22% de los cuales está en centros religiosos, y el 15% restante en centros

seglares, afirma que sufre un déficit por aula y año de 700.000 pesetas. Sin embargo, el Ministerio de

Educación asegura , que durante los últimos cuatro años todos los incrementos en el módulo de las

subvenciones han sido siempre por encima del índice de precios al consumo (IPC) y de los incrementos

salariales de los profesores. Durante 1986 el Estado ha destinado para financiar este sector 135.399

millones. Entre 1982 y 1985 el número de centros privados de EGB subvencionados ha pasado del 88% al

91%, y un 10% más de ellos ha obtenido la financiación plena.

 

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