Elecciones: Balance de una legislatura. 
 Tropiezos autonómicos     
 
 El País.    10/06/1986.  Página: 12. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

OPINIÓN

ELECCIONES: BALANCE DE UNA LEGISLATURA

Tropiezos autonómicos

Los SOCIALISTAS han logrado durante la legislatura completar el mapa autonómico y reducir tensiones

entre las comunidades autónomas y el poder central, si bien la existencia de diversos problemas, y en

primer lugar el de la financiación, impiden dar por ultimado el diseño del Estado consagrado por la

Constitución. El PSOE, que al comienzo de la legislatura vio desautorizada por el Tribunal Constitucional

la política plasmada en la LO APA (ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), buscó en la

institucionalización de instrumentos de negociación o en la conclusión de pactos políticos, como el

firmado en Euskadi con el Gobierno Vasco, vías alternativas que resolvieran los contenciosos

autonómicos. De todas maneras, puede decirse que, diez años después de muerto el dictador y casi ocho

de ser aprobada la Constitución, los dos principales problemas autonómicos, Cataluña y Euskadi, siguen

sin resolverse y se ven enmarcados en una dinámica de permanente inestabilidad. Responsabilidad

esencial en todo ello cabe atribuir al PSOE. La estrategia de acoso al Gobierno de UCD fue decisiva en la

posición de los socialistas en relación al referéndum andaluz de 1980. El desconcierto de Suárez ante un

proceso que había escapado a su control fue aprovechado por el PSOE para lanzar una carga de

profundidad que supuso a la larga el principio del fin de UCD. Sin parar mientes en los efectos que

desataba, el PSOE descubrió en el fondo de su alma una insospechada vocación nacionalista —al menos,

nacionalista andaluza—, que si, por una parte, resultó altamente eficaz para consagrarle como alternativa

de poder, determinó por otra la paralización del proceso autonómico por largo tiempo. Los pactos

autonómicos suscritos en julio de 1981, en la resaca del 23-F, por centristas y socialistas vinieron a poner

fin a esa paralización. El PSOE tomó conciencia del caos que podría derivarse de la dinámica abierta —

con su concurso— por el referéndum andaluz y aceptó entrar en la vía de la racionalización del proceso

autonómico. UCD y PSOE, partidos mayoritarios en los Gobiernos preautonómicos que todavía no

contaban con un estatuto propio, se pusieron de acuerdo para canalizar esos estatutos por la vía lenta del

artículo 143 de la Constitución. Por otra parte, ambos partidos aceptaron la solución administrativista

propuesta por una comisión de expertos —presidida por el profesor García de Entema— como fórmula

para poner orden en la maraña legislativa que podría resultar de la existencia de 17 parlamentos

autonómicos. El resultado de esa orientación fue la citada LOAPA, que consagraba la prevalencia

automática de la legislación central sobre la autonómica, incluso para aquellas comunidades que ya

contaban con estatuto propio. Al asumir hasta el final dicha lógica, el PSOE cargó con una pesada

hipoteca de futuro en Euskadi y Cataluña, donde el sentimiento nacionalista es social y políticamente

mayoritario. La declaración de inconstitucionalidad de partes sustanciales de la LOAPA, en agosto de

1983, obligó al Gobierno de González a volver al planteamiento de la negociación política, con el

Tribunal Constitucional como arbitro en caso de conflicto, a la hora de delimitar las competencias. Ésa ha

sido la vía seguida desde entonces. Muchos de los contenidos de la LOAPA fueron indirectamente

recuperados luego en virtud de acuerdos negociados por las partes. Ello ha permitido que, en general, la

conflictividad entre el Estado y los órganos territoriales haya disminuido en los últimos tres años. El

positivo resultado de la negociación de las leyes de Régimen Local y de las de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad y de la Función Pública con nacionalistas vascos y catalanes demuestra hasta qué punto era

absurda la pretensión anterior de otorgar al poder central la capacidad de definir unilateralmente el marco

de actuación de los poderes autonómicos. En el haber del Gobierno socialista figura la casi culminación

de! proceso de transferencia de servicios. Pero todavía en el País Vasco y Cataluña el 10% de los mismos

está pendiente de acuerdo. En cuanto a la financiación, el Gobierno llegó a un pacto con la Generalitat de

Cataluña para resolver las transferencias presupuestarias realizadas en los tiempos de UCD, coincidiendo

con los apoyos parlamentarios de Minoría Catalana al partido entonces en el poder. De todas formas, el

sistema sigue siendo provisional, quedando pendiente para la próxima legislatura la fijación definitiva. Lo

mismo cabe decir del cupo vasco, que se negocia cada año también con carácter provisional, revisándose

la liquidación definitiva cada quinquenio. La fijación de un sistema definitivo de financiación para

aquellas comunidades que no disfrutan de concierto económico es, por lo demás, la principal cuestión

pendiente. Junto a ello, la estructuración del Senado como cámara de las autonomías, según la previsión

constitucional, y la adaptación del sistema a la nueva configuración resultante de la integración en la

Europa comunitaria, son retos a que habrá de hacer frente el próximo Gobierno. Pero si desde el punto de

vista administrativo son de valorar los logros señalados, desde el político difícilmente puede decirse que

la gestión socialista haya dado grandes pasos en los contenciosos autonómicos. Por un lado, el Estado de

las autonomías no logra enraizar se en la conciencia ciudadana, salvo en aquellas regiones o

nacionalidades históricas que ya tenían conciencia de su propia identidad. Por otro, la persistencia de]

terrorismo en el País Vasco y el victimísmo del que se sigue abusando por parte del nacionalismo catalán

enturbian el panorama, que se ve además cruzado de polémicas. La guerra de las banderas —que el

Gobierno tuvo que afrontar recién subido al poder— y los contenciosos lingüísticos son ejemplo de

algunas de ellas. La utilización por parte del actual gobierno de la Generalitat y de Convergencia del caso

de Banca Catalana como un pretendido agravio a Cataluña entera, y la timidez final de los socialistas en

torno a esta cuestión, sirven también para ilustrar las dificultades añadidas que ha sufrido la construcción

del Estado autonómico.

 

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