Autor: Abellán, José Luis. 
   La década democrática     
 
 El País.    12/06/1986.  Página: 13-14. Páginas: 2. Párrafos: 11. 

La distancia que me proporciona estar al otro lado del océano quizá sea suficiente para garantizar un

mínimo de objetividad en el análisis de una situación que cumple durante 1986 la primera década de su

andadura. En 1980, encontrándome también en Estados Unidos, una estudiante de Harvard me preguntaba

si ya había terminado en España el proceso de transición a la democracia que tanta atención había

provocado en el mundo; le contesté que no, y que ese proceso no podría darse por terminado hasta que no

se cumpliesen dos condiciones:

1. La subida, al poder de una alternativa de izquierda, condición necesaria para que se produjese en

nuestro país la característica esencial de todo sistema democrático: alternancia en el poder.

2. La culminación del Estado de las autonomías, puesto que, si

La década democrática ése sera el modelo propuesto por la Constitución de 1978, no podría darse por

cumplido el proceso democrático mientras dicho Estado no estuviese funcionando con un margen

aceptable de satisfacción.

En 1986 ambas condiciones se han cumplido: el partido socialista, como alternativa de izquierdas, está a

punto de terminar su primera legislatura, y el Estado de las autonomías funciona ya con el mínimo

exigible, puesto que se han aprobado ya todos los estatutos de las respectivas comunidades autónomas y

los Parlamentos de las mismas están funcionando regularmente. El hecho de que existan algunos

contenciosos pendientes —como

JOSÉ LUIS ABELLÁN

la persistencia de ciertas autonomías uniprovinciales o la realización de determinadas transferencias— me

parece que es algo de menor importancia comparado con la realidad de un mapa autonómico terminado y

a falta de pequeños retoques. La transición, pues, ha terminado, y quizá la fecha del 12 de marzo —con la

celebración del referéndum sobre la OTAN— puede considerarse el hito final de la transición y el

comienzo de otra etapa, a la que podemos llamar de consolidación.

Los problemas de la nueva etapa exigen para su identificación positiva que hagamos un análisis de lo

ocurrido durante la legislatura socialista, cuya situación puede caracterizarse por tres rasgos: el primero

sería el intento no declarado de reproducir la situación canovista de la restauración borbónica, donde dos

líderes —Felipe González y Manuel Fraga— controlarían la situación desde el poder o la oposición,

respectivamente. La tentación de implantar el bipartidismo parece clara ante hechos tan elocuentes:

declaración oficial de Manuel Fraga como jefe de la leal oposición al Gobierno de Su Majestad;

aprobación consensuada de una ley Electoral favorecedora del bipartidismo; consideración privilegiada

del jefe de la oposición en la participación de los secretos de Estado; monopolio de la televisión en el

reparto de espacios durante los períodos electorales.

La actuación de hecho —segundo rasgo—, como si ese bipartidismo estuviese ya definitivamente

asentado, implementando la tendencia a perpetuar al PSOE en el poder mediante una simplificación de la

realidad: equiparar fraguismo con franquismo y socialismo con antifranquismo, convirtiendo así al

partido socialista en el monopolizador del antifranquismo latente en la sociedad española y beneficiario

del impulso histórico producido a raíz de la muerte de Franco. Se puede discutir si este antifranquismo es

también franquismo, aunque se disfrace de oposición al mismo; de hecho, se habla ya de neofranquismo o

de franquismo sociológico. En cualquier caso, si ello es así, se podría decir que el socialismo es un

franquismo que recoge del anti-

La década democrática

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gao lo suficiente como para defenderse de él. Sólo desde esa definición se podría explicar el énfasis en la

acción pragmática que vacía de contenido los planteameintos —éticos y de cambio profundo de . la

sociedad— con que los socialistas subieron al poder, así como el presidencialismo personalista de

determinadas actitudes de Felipe González, que han llevado a un líder de la derecha liberal a decir:

"Estamos instalados en la peligrosa frontera de las servidumbres caudillistas... Estamos en un esquema

personalista y empobrece-dor que sustituye y anula el debate ideológico, que sucumbe en los brazos de un

renacido cesarismo y que se adorna con el intento de monopolizar la idea de progreso". La tendencia —

tercer rasgo— a producir el vaciamiento ideológico del socialismo como consecuencia obligada de buscar

el apoyo de los poderes fácticos heredados del régimen franquista: la banca, mediante acuerdos con las

compañías multinacionales y connivencia con los grupos financieros internacionales; la Iglesia, a través

de una premeditada no-intervención en las esferas de su competencia y favoreciendo la presencia

socialista en procesiones y actos religiosos, y el Ejército, en una acción premeditada, de halago, con el fin

de lograr su subordinación legal y jurídica al poder civil. Gracias a ello se han podido conseguir algunas

concesiones: aprobación de la ley del aborto y seria limitación de las subvenciones a la enseñanza privada

(centros religiosos), así como parece en trance de aprobación inmediata la ley que conseguirá eliminar la

autonomía jurídica del poder militar. Estos tres rasgos parecen ser la consecuencia de algo más general y

relativamente inédito en nuestra historia: la implantación de una nueva mentalidad, caracterizada por

dosis de pragmatismo y eficacia desconocida en una tradición española con secular tendencia al

quijotismo y al utopismo. Es precisamente a esta mentalidad a la que habrá que atribuir las conquistas

históricas de la democracia española: el haber conseguido implantar un liberalismo con democracia, en un

país donde ésta había estado alterada por la "corrupción del voto" (canovismo) o la "vigilancia del

Ejército" (maurismo), materializándose en un Estado liberal sin democracia real; el haber logrado el

sometimiento del Ejército al poder civil mediante la ley orgánica de la Defensa Nacional, que supongo

estará aprobada a la hora de redactar estas líneas, realizándose con ella en la práctica la unidad

jurisdiccional para todos los cuerpos del Estado, y la definitiva ruptura de un aislamiento histórico

prolongado durante casi cuatro siglos, mediante el ingreso en el Mercado Común y en la OTAN.

El análisis del referéndum del 12 de marzo muestra, sin embargo, que esta ruptura histórica no está nada

clara. El Gobierno que lo convocó y que decía defender los intereses de España se dejó llevar por

apetencias electoralistas de partido; en realidad, el interés del Estado estaba garantizado con la

permanencia de España en la OTAN, lo cual era ya un hecho consumado, por lo que desde el punto de

vista del interés de Estado —que decían defender— lo pertinente era no convocar el referéndum. Si, a

pesar de todo, se hizo, es proque prevalecieron los intereses del partido socialista frente a los del Estado,

electoralismo que provocó a su vez el de la oposición. La paradoja de que quienes decían no propugnasen

el sí provocó la paradoja inversa de que los que decían sí pidiesen después la abstención. Se convirtió de

este modo en interés partidista lo que era una cuestión de Estado y se planteó con caracteres electoralistas

internos lo que constituía un problema de política exterior. En otras palabras, triunfó la actitud

aislacionista en un momento en que se invocaba la ruptura histórica y secular de la endogamia involutiva.

He aquí la razón por la que antes decíamos que la ruptura histórica del aislamiento no parece clara, a

pesar de la declaración del Gobierno y de los importantes hechos que la favorecen. Éstas son las

consecuencias de un bipartidismo que se quiere defender artificialmente. Al terminar de escribir estas

líneas, me llega la noticia de la convocatoria para junio de elecciones legislativas. Parece indudable que

una vez más los sondeos y las expectativas de triunfo electoral han primado sobre cualquier otra

consideración. Es seguro que el partido socialista volverá a ganar en esta ocasión, y es posible que el

asentamiento de la democracia requiera ese nuevo mandato suyo de cuatro años. Pero es también nuestra

convicción que la consolidación de la democracia en España no se alcanzará hasta que el bipartidismo

electoral deje paso a un Parlamento donde la rica, compleja y plural sociedad española de hoy tenga

verdadera representación. Sin duda, el objetivo de los próximos años deberá ir dirigido en esa dirección,

de modo que el Parlamento refleje el conjunto de la opinión pública con mayor fidelidad de la que ahora

lo hace. Como demostraron los resultados del referéndum, hay una parte importante de la opinión

española que carece de representación parlamentaria. Sólo si se consigue acercar Parlamento y opinión

pública podrá consolidarse definitivamente la democracia en nuestro país, lo cual exige algo más de dos

partidos con representación nacional. Ésa es posiblemente la tarea de la nueva década que ahora se inicia.

 

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