Autor: Benito, Ángel. 
   Estatuto para todos     
 
 Diario 16.    28/12/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

Estatuto para todos

Ángel Benito

Catedrático de Teoría de la Información de la Universidad computense

El tema helando ya ha llegado casi a niveles constitucionales.

Ya no es algo que só^l se grita en la calle, que reclaman en sus programas los partidos todavía no legalizados o que .sueñan catalanes románticos. El tema de las autonomías regionales está ya bien vivo en los diversos pueblos españoles y ya no puede reducirse a lo que fue y sigue ¡siendo "la cuestión catalana". Quinientos años después de la unidad alcanzada por los Reyes Católicos, con su política matrimonial y sus armas en la mano, los españoles abocados al año dos mil piensan y quieren otro tipo de unidad, tan fuerte como la anterior en lo fundamental, pero agilizada cara a una nueva situación histórica do España y el mundo.

Tres hechos, en el espacio de cuarenta y ocho horas, han puesto sobre el tapete de la opinión pública y en el paquete de preocupaciones del actual Gobierno, el hecho incontrovertible de la realidad plurinacional del Estado español. En Barcelona, el presidente Suárez ha insinuado la posibilidad de que el futuro Consejo General de Cataluña, surgido con las primeras elecciones en 1977, habrá de elaborar un proyecto de Estatuto para aquel país español, En Madrid, y al día siguiente, un Ilustre político catalán, el señor Andreu i Abelló, figura destacada del Partido Socialista de Cataluña (Congress), ha pedido al Rey y al Jefe del Gobierno que, "sin más esperas, se anule la Ley de 5 de abril de 1938, dada en Burgos, que abolió el Estatuto de Autonomía. Esta Ley, por su contenido, es una ofensa a Cataluña y a la concepción del derecho y de la democracia". El mismo día que el señor Suárez hablaba en Barcelona, con motivo de la Asamblea Provincial del Piulido Socialista de Andalucía en Granada —un partido de masas que cuenta ya en Andalucía con un fuerte arraigo popular—, Luis Uruñuela, miembro de la Secretaría General del PSA, abogaba por la cristalización de un bloque andaluz en las próximas elecciones, "para conseguir una Constitución en la que queden salvaguardados los intereses políticos de la región".

El tema de Andalucía, como el del resto de los pueblos españoles, tiene mucho que ver con la ya acelerada petición de autonomía por parte de Cataluña. Un Estatuto que regule las peculiaridades catalanas sólo puede articularse teniendo en cuenta, no solamente lo que Cataluña ha .sido, es y quiere ser, sino atendiendo también —como condición sine qua non— a lo que ese Estatuto va a suponer en el contexto de los demás pueblos españoles, que, por otra parte, tanto han contribuido al específico desarrollo y engrandecimiento de la propia Cataluña, con una emigración, que por !o que toca a los andaluces, se eleva a varios centenares de miles. Un error, de rango incluso constitucional además de político, sería pensar que el estatuto catalán, como en su dia el del País Vasco o el de Galicia, puede hacerse mediante un acuerdo de Cataluña con e] Gobierno Central de Madrid y nada más. Dar a este acuerdo el simple carácter de pacto bilateral al arrastre de una presión coyuntural, sería tanto un caso de olvido de la historia pasada como de evidente injusticia política en el presente.

La autodeterminación de los diferentes pueblos españoles

ha de hacerse sobre dos presupuestos: la identidad de cada una de las Españas como antes se decía y respecto a. todas y cada una de las demás unidades diferenciadas que componen el conjunto de lo español. Quiere esto decir que cualquier Estatuto de autonomía no puede establecerse si no es con respecto a los demás. Y ello, por dos razones: por la exigencia histórica de largos siglos de vida en común que han generado toda suerte de dependencias e intereses entrecruzados y por las exigencias que ofrece el presente, en el que una continua y sangrante corriente emigratoria sur-norte, ha generado unos desequilibrios económicos, sociales y culturales, que no pueden consagrarse políticamente sin incurrir en un verdadero crimen histórico: el de condenar a las regiones más infradesarrolladas a una insalvable situación de explotación por parte de las regiones más prósperas, sobre las que se acumula el capital sin otro objetivo que el de multiplicar sus dividendos.

Por eso hoy, antes que el Estado español cuente con un Parlamento en el que estén verdadera y equilibradamente representados los intereses y deseos de todos los pueblas españoles, se hace muy peligrosa una política de concesión de autonomías sólo a aquellos que más alzan la voz, que más tienen o a los que más se teme desde Madrid. El reconocimiento y establecimiento constitucional de Estatutos de autonomía, que han de reforzar aún más la unidad en la diversidad que es España, sólo será viable desde la base de un pacto nacional, surgido desde la base democrática de todos los españoles.

Si de verdad, si después de los cuarenta años de la segunda dictadura, estamos dispuestos a la construcción de una democracia plena, ésta será posible, solamente, sobra la base de la igualdad de todas las tierras de España. Una democracia sin igualdad social, política, económica y cultural, no será nunca una democracia. Y eso, ni lo quiere el país, ni Jo quieren los autonomistas catalanes, no lo quiere el presidente Suárez.

 

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