Autonomía y democracia     
 
 El País.    03/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

OPINIÓN

EL PAÍS, domingo 3 de julio de 1977

Autonomía y democracia

COMO ERA de prever —el partido del Gobierno había comprometido excesivamente su imagen para no amarrar el resultado—, el viaje del señor Tarradellas a Madrid ha terminado con un acuerdo entre el presidente de la Generalitat en el exilio y el señor Suárez.

No cabe sino congratularse del acontecimiento. El obstáculo que la legitimidad histórica enarbolada por el señor Tarradellas suponía para la negociación de la autonomía ha quedado, al parecer, definitivamente orillado. El reconocimiento de la Monarquía y de las instituciones refrendadas por sufragio universal el pasado 15 de junio entierra el talante rupturista de quien, como Tarradellas, había recibido sus títulos de una institución republicana en el exilio. Por otro lado, la creación de una instancia de autogobierno que sirva de puente entre el centralismo franquista y el necesario estatuto de autonomía que promulgarán en su día las nuevas Cortes, puede dar satisfacción a las reivindicaciones del pueblo catalán, que exige una prenda o un adelanto de lo que sólo el Congreso y el Senado pueden acordar.

Nunca se insistirá lo bastante en que en España no habrá democracia sin autonomía para Cataluña y Euskadi; y es conveniente no demorar formas provisionales de autogobierno. Por añadidura, el presumible nombramiento del señor Tarradellas como presidente de la Mancomunidad de entes territoriales, y la designación de ésta como «Generalitat» contentará la voluntad de continuismo histórico, tantas veces proclamada.

Pero el comentario no puede quedar circunscrito al reconocimiento de los aspectos altamente positivos del acuerdo. Porque en esta negociación no ha jugado sólo la razón de Estado, sino también la política de partido. Y porque las fechas escogidas para alcanzar esta solución, que hubiera sido perfectamente oportuna antes de las elecciones del 15 de junio, dan lugar a contradicciones demasiado flagrantes entre los derechos de los representantes elegidos por la soberanía popular y los procedimientos puestos en práctica por el Gobierno dimitido del señor Suárez y el presidente de la Generalitat en el exilio para llevar adelante su negociación. Resulta insólito que, clausuradas las últimas Cortes franquistas, y todavía no proclamadas las Cortes ya elegidas por el pueblo, el Poder Ejecutivo del Estado y la sombra de un Poder Ejecutivo ya extinto tomen decisivos acuerdos, que merecen no sólo el refrendo, ya obtenido, de los parlamentarios catalanes, sino también el asentimiento de los diputados y senadores del resto de España.

Pese al sigilo y a la cortina de desmentidos a que se han dedicado tanto el Gobierno como las fuerzas de la Oposición catalanas durante los últimos meses, es un hecho cierto que la solución ahora puesta en práctica por el Gobierno estuvo a punto de aplicarse hace ya unos meses; y que fue abandonada ante la perspectiva de un arrollador triunfo electoral del Pacte Democratic para Catalunya, que hubiera situado al señor Pujo! en condiciones óptimas para presidir esa Mancomunidad que recibiría el nombre de Generalitat. Pero los modestos resultados obtenidos por esta coalición y la espectacular victoria del PSC-PSOE, no sólo hicieron ilusoria esa posibilidad, sino que ha colocado a la izquierda como la fuerza hegemónica de Cataluña.

En esta nueva situación, se ha producido la extraña carambola de tres trayectorias movidas por impulsos diferentes. El señor Tarradellas es una personalidad ciertamente singular que está seguro de encarnar la idea de Cataluña, al igual que el general De Gaulle era el portador físico de la idea de Francia. El protagonismo que ha desempeñado durante esta agitada semana colma, seguramente, sus expectativas políticas, sus ambiciones históricas y sus emociones patrióticas. Por su parte, el presidente del Gobierno lo es, a su vez, de un partido de muy reciente fundación, y que ha obtenido escasos votos en Cataluña; el acuerdo, por arriba, con el presidente de la Generalitat en el exilio, le permitía —además de objetivos generales dignos de elogio— desplazar a la izquierda del protagonismo en una zona clave del país y fortalecer la pobre ejecutoria de su propia formación política. La presencia del señor Sentís como introductor del señor Tarradellas, en sí misma innecesaria, queda plenamente justificada en tanto en cuanto es el cabeza de lista de la candidatura de la UCD en Barcelona. ¿Y el apoyo de la Asamblea de Parlamentarios?

Para quienes no conocen en profundidad la vida política catalana, resulta sorprendente que dicha Asamblea haya respaldado devotamente la misión negociadora del señor Tarradellas, que no ha actuado como mandatario suyo, revocable y sujeto a control, sino como titular de una misión histórica, personal e intransferible, de la que responde sólo ante Cataluña. Una Cataluña forzosamente mística y ahistórica, pues la Cataluña concreta de 1977 se ha dado ya un órgano representativo en esa Asamblea. Desde el punto de vista del desarrollo democrático, pocas dudas caben de que son los diputados y senadores, elegidos por votación popular, los únicos legitimados para negociar por sí, o por delegación siempre sujeta a control parlamentario, la cuestión de la autonomía. En este sentido es demasiado estridente la antinomia entre la naturaleza de la representación que asumen los parlamentarios, emanada de la soberanía popular en Cataluña, y la entrega incondicional de los poderes recibidos de las urnas a quien fundamenta sus derechos como negociador en otros títulos. Subrayemos que los diputados y senadores catalanes se enteraron por la prensa del viaje del señor Tarradellas a Madrid. No es fácil admitir la coherencia entre esa posición y la lucha general por la democracia, y contra cualquier tipo de poder personal, que han librado, en posiciones de vanguardia, los propios catalanes.

Por lo demás, cabe la sospecha de que en esta negociación el señor Tarradellas, explicablemente obsesionado por aliviar los problemas que a corto plazo afronta Cataluña y por obtener un resultado concreto de su viaje, haya caído en un doble error, a largo plazo; el de aceptar estas Mancomunidades como solución provisional de las autonomías, por una parte, y el de equiparar, después, el problema planteado por las «nacionalidades históricas» con la descentralización administrativa.

Pues esta Mancomunidad, si bien en Cataluña puede asumir las funciones, de hecho, de la antigua Generalitat, es un método pensado como pieza clave de la futura ley General de Regiones y puede interferir seriamente la discusión de los futuros Estatutos de Autonomía. Y es evidente que las instituciones de autogobierno en Cataluña y Euskadi no pueden limitarse a ser mecanismos de una reforma regional generalizada.

 

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