Autonomías regionales y democracia municipal     
 
 Arriba.    19/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

Autonomías regionales y democracia municipal

A reciente declaración programática del Gobierno aborda el problema de la descentralización en dos frentes básicos: las autonomías regionales y la elevación del papel y atribuciones que habrán de corresponder a las corporaciones de ámbito local.

La región y el municipio son unidades humanas de convivencia, órganos imprescindibles para el buen funcionamiento de la democracia, y basados, además, como la propia declaración reconoce, en «la realidad histórica, social, económica y cultural de los pueblos que constituyen España».

De la lectura del texto de intenciones formuladas por el Gobierno, no puede inferirse que se pretenda abrir el tema de las autonomías regionales con posturas preconcebidas o márgenes artificiales y estrictos para la negociación y el debate. En efecto:

a] Si la posibilidad de las autonomías debe alcanzar a todas las regiones, ello no excluye que su tratamiento sea específico y proporcionado a las diferentes circunstancias.

b) Si reclama que, al dé autonomía, se una el principio de solidaridad ínteregional, recoge con ello un sentimiento de justicia que comparten todas las fuerzas progresistas del país, a fin de corregir el tuerte desequilibrio que padecemos en el reparto de la riqueza entre anas y otras áreas de España. Además, en nuestro país, a diferencia de otros europeos, es más fuerte en las regiones más ricas.

En cuanto a la utilización transitoria de mancomunidades, Diputaciones y Cabildos, que la declaración propone, se entiende por «el mínimo período de tiempo necesario para determinar el marco legal de las regiones». Se trata, pues, de un paso conciliador y, desde luego, en gran medida simbólico; pero sin afán alguno de retrasar el normal curso del proceso autonómico, cosa que no sería posible con un Parlamento democrático en pleno funcionamiento y donde, además, varias regiones cuentan con representaciones muy importantes, incluso a nivel numérico.

Asunto de no menor envergadura es el que se refiere a la reforma organizativa y al incremento de competencias de las corporaciones locales, a lo que seguirá la renovación —por vía de sufragio universal— de todos los cargos municipales. Los graves problemas de convivencia derivados de la sociedad tecnológica y de la masificación —sanidad, ocio, cultura, protección del medio ambiente, dignidad de la vivienda, etc.—, han redoblado la importancia de la ciudad y el barrio, niveles a los que es posible ejercer una eficaz democracia de base, mediante la potenciación del pluriasociacionismo y del movimiento ciudadano.

Al igual que en el programa de transición política felizmente culminado, el Presidente Suárez rehuye los términos vagos o las declaraciones imprecisas o descomprometidas: sin ambages, el Gobierno anuncia su propósito de impulsar de inmediato la democratización de la vida local y concreta que las elecciones municipales serán convocadas dentro del presente año, por lo que, presumiblemente, tendrán lugar en los primeros meses de 1978. En ningún momento se ha planteado la cuestión de si ello interesa o no al partido mayoritario UCD o si, como muchos comentaristas suponen, beneficiará a los partidos de la oposición. Lo que se pretende es culmínar el cambio democrático a base de juego limpio, y que ganen los que el pueblo considere mejores.

Una política de tales características merece, sin duda, un respeto solidario de todas las fuerzas políticas. Merece también actitudes ponderadas y que la inquietud ceda un punto a la moderación y a la pacificación de los espíritus. Cuando, de manera abierta, se traza un calendario de trabajo razonable y ágil, no queda otra vía sensata que la del trabajo, la negociación, el debate y el acuerdo.

 

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