Autor: Ferreiro Lapatza, José Juan. 
   Hacienda pública y autonomía/2     
 
 El País.    20/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

Hacienda pública y autonomía 12

JOSÉ JUAN FERREIRO LAPAZTA

Naturalmente, la aceptación de este sistema presupone, en aras de la desaparición de desigualdades privilegiadas, la necesidad de que se acomoden a él las autonomías financieras ya existentes, por muy ancladas en la historia que se presenten. Presupone que todas las partes del territorio puedan, si así lo estiman conveniente, acogerse a él. Que lo hagan todas o sólo una parte de ellas es indiferente. Cualquiera de estas posibilidades es fácilmente encarable por el sistema, desde una perspectiva técnica.

Aceptada esta solución, queda el problema de fijar el porcentaje de participación de los territorios autónomos en las sumas totales ingresadas. No hay un óptimo económico objetivo. Depende de las tareas que se encomienden a cada una de las partes y éstas de la importancia que, políticamente, se le quiera dar a los territorios autónomos. Casi diría que la fijación del porcentaje es previa. Si se quiere que los territorios autónomos tengan mucha importancia se acordará para ellos, por ejemplo, el 40%. Si se quiere que tengan menos, el 10%: Se trata de una decisión política en su sentido más puro.

La Constitución puede, por otra parte, fijar un porcentaje para los primeros años que, a medida de la puesta en marcha del sistema, aumente hasta un tope máximo. Puede señalar un mínimo y un máximo dejando a la ley ordinaria el porcentaje exacto. O puede reconocer simplemente el derecho de los territorios a participar en las sumas recaudadas dejando, totalmente, a la ley ordinaria la tarea de fijar los porcentajes.

Una vez decidido este porcentaje se presenta un nuevo problema. Cómo repartir el fondo que corresponde a todos los entes autónomos fijando la cantidad que corresponde a cada uno de ellos.

A mi juicio pueden seguirse dos criterios no difíciles de aplicar.

De acuerdo con el primero de ellos, a cada territorio correspondería una suma proporcional a los impuestos que en él se recaudaran.

Los territorios más ricos, los de mayor concentración industrial y comercial, se verían así favorecidos. Pero esto no es totalmente injusto. Se trata de reconocer el esfuerzo creador y trabajador de estos territorios; se trata también de una prima a la honradez en el pago de los tributos. Sin embargo, tampoco es totalmente justo. Las actividades comerciales e industriales y las ganancias que de ellas se derivan, y que sirven de base al impuesto, se originarán, de hecho, en gran medida, no sólo donde radique la sede central de la empresa y, por tanto, donde ésta paga el impuesto, sino también en otras zonas

del territorio nacional. Por otra parte, seguir sólo este criterio supone un premio al egoísmo y a la insolidaridad.

Para corregir estos defectos se puede combinar con el anterior otro criterio, el del número de habitantes. Cada territorio recibiría una suma proporcional a sus habitantes, sin tener en cuenta la mayor o menor riqueza de los mismos. Aun así, las zonas más ricas y más pobladas se verían favorecidas.

La corrección de estos desequilibrios así como los otros problemas técnicos (participación en crédito público, tasas, contribuciones, etcétera) que presenta este segundo sistema no tienen, técnicamente hablando, difícil solución.

Claro está, cabe un tercer sistema que sea la mezcla de los dos anteriores. Dando al Estado central ciertos impuestos, a los territorios autónomos otros, y dando un tercer grupo de impuestos al Estado central y territorios autónomos conjuntamente. Creo que esto sería mezclar los defectos del primer sistema con las virtudes del segundo, sin ventaja para nadie.

El segundo sistema, puro y limpio, creo ofrece todas las ventajas de la autonomía, fundamentalmente la de acercar el ejercicio del poder a los ciudadanos, facilitando

el control y la participación. No puedo representarme, desde el punto de vista autonomista, ninguna desventaja:

Una vez que cada territorio disponga de los fondos que le corresponden según la Constitución, no que le han dado, puede ordenar su presupuesto en la forma que mejor le parezca. Claro está, exigencias de política económica hacen necesario un órgano en que representantes de todos los territorios autónomos y del Estado central fijen las medidas de política económica a seguir. Medidas que no se imponen por una a otra de las partes, sino que todos deben acordar e imponerse en aras de la necesaria unidad de acción de toda la economía pública sobre toda la economía nacional.

No pueden, por último, por obvias razones de espacio, figurar en este artículo ni todas las matizaciones que son necesarias en cada uno de sus puntos ni todas las razones que podrían aducirse a favor del sistema que he presentado como, a mi juicio, más racional para un país que decida ejercer el poder político a través del Estado y de territorios dotados de autonomía. Tampoco me pronuncio a favor o en contra de esta decisión. Corresponde a cada ciudadano y a cada uno de los representantes de todos ellos el tomarla. Yo sólo espero que, en cuestión tan trascendental, se use más la razón que el corazón.

 

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