Cataluña y el proceso de las autonomías     
 
 El País.    25/10/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

OPINIÓN

EL PAÍS, martes 25 de octubre de 1977

Cataluña y el proceso de las autonomías

EL NOMBRAMIENTO por decreto del señor Tarradellas como presidente de la Generalitat, la conclusión de las diferencias entre el depositario de la legitimidad histórica y los representantes de la soberanía popular en las elecciones del 1,5 de junio, la multitudinaria acogida del pueblo de Barcelona el domingo por la tarde y la toma de posesión con asistencia del presidente del Gobierno han culminado el proceso que devuelve provisionalmente sus instituciones de autogobierno a Cataluña

En su discurso, el señor Suárez ha puesto de relieve que la solución democrática de los conflictos pasa por el diálogo y el pacto. Por su parte, el señor Tarradellas ha subrayado que la autonomía de Cataluña y el arraigo de la democracia en toda España son dos momentos indisociables de un mismo proyecto histórico; y-, con gran sentido de la responsabilidad, ha indicado que Cataluña debe contribuir con su esfuerzo a las profundas transformaciones sociales y económicas que permitan la consolidación en nuestro país del sistema pluralista. Sin un equilibrio en el desarrollo y una nueva política de ordenación del territorio, las ya enormes desigualdades de renta, educación y empleo entre las zonas industrializadas del Norte y el Noroeste y las regiones agrarias azotadas por el paro y despobladas por la emigración, podrían convertirse en un polvorín cuya mecha no dudaría en encender la derecha autoritaria española.

La súbita conversión de los neódemócratas —tanto en UCD Como en AP— al autonomismo indiscriminado no deja de producir recelo entre quienes recuerdan cómo se aferraban, en un pasado cercano, al más rígido centralismo.

La agilidad y buen sentido demostrados por el Gobierno para el restablecimiento de la Generalitat en Cataluña han sido la correcta respuesta a una situación llena de urgencias y peligros. El plebiscito electoral de junio en favor de la autonomía hacía indispensable la negociación de un modus vivendi durante la etapa de elaboración de la Constitución que descartara cualquier riesgo de que una frustración colectiva desembocase en situaciones de conflicto e incluso violencia. Pero, a la vez, la negociación deparó al Gobierno, que había salido malparado de las urnas en Cataluña, la posibilidad de reforzar las posiciones de su partido en ese territorio mediante el pacto directo del Poder con el señor Tarradellas y el protagonismo de UCD en un proceso en el que, hasta junio pasado, estaba ausente.

Tal vez el fracaso de las tentativas de repetir la misma operación en el País Vasco con el lendakari Leizaola explique la inaceptable lentitud con la que se están llevando las negociaciones para el establecimiento de un régimen provisional de autogobierno para Euskadi. La situación en el País Vasco es muy peligrosa y necesita una solución urgente. Sería lamentable que los intereses de partido —del partido del Gobierno— prevalecieran sobre los intereses nacionales. La estrecha alianza entre el PSOEy el PN V, unida a la cesión del Gobierno vasco en el exilio de sus derechos históricos en favor de la Asamblea de Parlamentarios, hacen que UCD, minoritaria en el conjunto de las tres provincias acogidas al Estatuto de 1936, no tenga margen de maniobra para capitalizar el éxito del futuro estatuto provisional. Esa primacía de los intereses de partido sobre los intereses generales queda confirmada por las resistencias de UCD en Navarra, donde ha sido ganadora, a incorporarse a unas negociaciones a las que ha sido convocada.

En el resto de España las autonomías son una necesidad para la futura estructuración del Estado: no sólo para el buen funcionamiento de esas comunidades, sino también para dotar de contenido y funciones al Senado. Sin embargo, el régimen provisional de esas autonomías, que cubrirá el período que transcurra hasta la aprobación de la Constitución, sólo se justifica allí donde sea una exigencia popular mayoritaria y la solución de una situación potencialmente explosiva. Tal vez Canarias sea, fuera de Cataluña y Euskadi, la zona más conflictiva y más necesitada de, una fórmula provisional de urgencia. La celebración de la Diada en el País Valenciano mostró el apoyo popular de la reivindicación de autonomía. Por su parte, Galicia es una de las tres «nacionalidades históricas» que recibió de la República un Estatuto, que nunca llegó a aplicarse.

En cualquier caso, la provisionalidad de los regímenes autonómicos sólo está justificada hasta que la Constitución se promulgue y las Cortes establezcan los definitivos estatutos, por lo que no se debe abusar del sistema. Tal vez en el frenesí de autonomismo provisional del Gobierno operen, además de la furia del converso, dos motivaciones igualmente criticables: el deseo de protagonizar, directamente o a través de UCD, esas negociaciones, y la convicción última de que las autonomías son nombres a la moda para simples medidas de descentralización administrativa. O incluso una tercera razón que sería aún más lamentable: la voluntad de negar a Cataluña y Euskadi la singularidad de sus reivindicaciones mediante la proliferación de instituciones de Gobierno de igual con tenido en el resto de las regiones. Cuando el ministro de las Regiones comienza a plantear el tema autonómico por toda la geografía española, habría que decirle que no disperse sus actividades sin haber resuelto antes el problema más decisivo, en estos momentos, para la consolidación de la democracia española: la negociación de un régimen provisional de autogobierno para el País Vasco.

 

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