Autor: Azaola, José Miguel de. 
 En torno a las autonomías. 
 Del escollo al marasmo     
 
 El País.    19/11/1977.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

EL PAÍS, sábado 19 de noviembre de 1977

OPINIÓN

TRIBUNA LIBRE En torno a las autonomías

Del escollo al marasmo

Cuando escribo las presentes líneas los trabajos de la ponencia constitucional del Congreso de los Diputados han encallado en el escollo de las autonomías. Esperemos que cuando este artículo vea la luz hayan desencallado ya. Y que no vuelvan a tropezar en el mismo escollo cuando lleguen a él tos trabajos del Pleno de la comisión, y los del pleno del Congreso, y los de la comisión del Senado, y los del Pleno del Senado..., y no sigo la retahila, pese a que no terminarán aquí las cosas si es que, entre el Congreso y el Senado, hay divergencias sobre el particular.

Hacia un compromiso

A juzgar por las referencias que permite filtrar la consigna de silencio impuesta a los trabajos de La ponencia, el tema de las autonomías —del que con razón dicen todos los comentaristas autorizados que es el más conflictivo de cuantos comprende la labor constituyente— suscita una serie de actitudes divergentes que pueden reducirse, en lo fundamental, a cuatro: la de quienes, como el PSOE, propugnan un sistema federativo con una delimitación minuciosa, en el texto constitucional, de la competencia de la autoridad central y de la competencia de las autoridades autónomas y con la posibilidad de que ésta varíe de una entidad autónoma a otra; la de quienes, como los catalanistas (y quizá también los nacionalistas vascos, representados en la ponencia por el diputado Roca, pero no coincidentes con él en todos los puntos), quieren asegurar un régimen de autonomía muy amplia para ciertos países o regiones (Cataluña, por supuesto, y además Vasconia, Galicia y quizá algún otro) y les es indiferente el que los demás la tengan o no más reducida; la de quienes, como los representantes de UCD (o, al menos, la mayoría de ellos), abogan por un Estado unitario compatible con las autonomías y desean otorgar una especie de «autonomía a la carta», de modo que a cada entidad se le atribuya una esfera de competencia a la medida de sus necesidades, suponiendo que éstas difieren mucho de una entidad a otra, y la de quienes, como el representante de Alianza Popular (que en esa ponencia es Fraga Iribarne) no quieren ir más allá de una descentralización administrativa que, en rigor, ni siquiera haría falta que estuviese regulada en la Constitución.

De esta disparidad de criterios habrá de salir un compromiso, pero ¿cuál? Mucho me temo que, para tratar de conseguir el mayor número posible de votos favorables en las Cortes se acabe adoptando una fórmula que mantenga —aunque sólo sea de nombre— el carácter unitario del Estado; que reconozca la posibilidad de ser autónomos a todos los países o regiones, permitiendo al mismo tiempo la ampliación de la esfera de competencia de las autoridades locales en ciertos casos (desde luego, Cataluña y Vasconia teóricamente, los demás que la quieran; prácticamente, Dios dirá), y que reserve a las Cortes la facultad de determinar en qué ha de consistir ese «servicio autonómico a la carta» o «traje autonómico a la medida», elaborando un estatuto exprofeso para cada entidad autónoma.

Los años del empantanamiento

Con lo cual, y tras de haber encallado en el escollo de las autonomías, los trabajos constitucionales de la ponencia del Congreso, y correr el riesgo de encallar en él los de las comisiones y los plenos arriba incompletamente enumerados, se meterán las Cortes por el marasmo de los estatutos autonómicos, con el gravísimo peligro de que se empantanen en él sus trabajos legislativos. Y, mientras éstos se encuentren empantanados, no solamente quedarán sin hacer muchas tareas parlamentarias, sino que bramarán de impaciencia los pueblos que aspiran a ser autónomos, a quienes parecerán siglos tos años que se tarde en satisfacer esa aspiración, y más aún si, entre tanto, ven que se satisfacen las ajenas, aunque sea muy poco a poco.

¡ Y tan poco a poco si no se pone remedio al asunto! Como ya he predicho en otras ocasiones, las Cortes tardarían meses, varios meses, en aprobar cada estatuto; y dado que, además, tendrían una serie de cosas importantes y urgentes que hacer, y habrían de tomarse vacaciones de cuando en cuando, es de suponer que no llegarían a aprobar más de dos estatutos por año, lo que significa que, para cuando todas las futuras entidades autónomas tuviesen cada una su respectivo estatuto, habrían de transcurrir unos siete años—si es que no ochó o diez—, no ya a partir de hoy, sino a partir de la fecha de entrada en vigor de la Constitución, es decir, como muy pronto, desde mayo de 1978 (si es que no desde julio o desde octubre...). Total, que para cuando nuestros legisladores (que, entre tanto, habrán cambiado mucho porque en ese tiempo habrá habido por lo menos otras dos elecciones generales) lograsen salir del marasmo de los estatutos, en el que amenazan ir a empantanarse, el calendario se habría puesto en 1986 ó 1987, si es que no en 1990. ¿Y habrá quien espere hasta 1990, y aunque no sea más que hasta 1984 ó 1985, para conseguir una autonomía de segunda o de tercera clase, cuando los catalanes (porque podemos apostar que. en el Reino de España, que no es precisamente el de los cielos, los primeros seguirán siendo los primeros, y los últimos seguirán siendo los últimos) tendrán una de primera clase —aunque quizá no tanto como sería deseable; pero, eso sí, tan buena como la que más— ya desde fines de 1978 o, lo más tarde, en el curso del año 79?Pues sí: si las cosas se plantean en esa forma habrá quien espere siete, ocho

o diez años más que los catalanes, pues no le quedará otro remedio.

Triple monstruosidad

Aún están a tiempo nuestros constituyentes para evitar esa monstruosidad, que lo sería por partida triple: desde el punto de vista político, porque crearía una interinidad interminable en las normas, en las instituciones y en el funcionamiento de la Administración pública (si es que ésta funciona en vez de quedar colapsada); desde el punto de vista de la justicia, porque semejantes diferencias de trato son inicuas, y desde el punto de vista de la paz ciudadana, porque, precisamente por ser inicuas, tales diferencias engendran la animosidad (perfectamente explicable, aunque no sea justificable) de los que esperan largo tiempo contra los que no esperan, o esperan muy poco; y la animosidad —bien explotada por quienes sólo piden bicocas de esas para torpedear las autonomías, la democracia, las libertades públicas y hasta la Corona- engendra a su vez los peores y más dolorosos conflictos, cuando no las mayores catástrofes.

Pues sí: aún están a tiempo para evitarlo nuestros diputados y nuestros senadores; para evitar esa interinidad malsana, esa imcuidad escandalosa y esa animosidad preñada de conflictos y hasta de catástrofes. Y para que, si la naciente democracia española está llamada a estrellarse, no sea hoy contra el escollo de las autonomías en la Constitución; y si está destinada a hundirse no sea mañana en el marasmo de los estatutos. Hará falta, para ello, que la Constitución defina claramente —aunque haya de ser con todo el detalle necesario para dejar las cosas bien reglamentadas: que la meticulosidad no excluye la claridad— los límites de las competencias respectivas de la autoridad central y de las autoridades locales; y que sean luego estas últimas las que, poco a poco en unos sitios, más velozmente en otros, de golpe y desde el principio allí donde haya más prisa, se hagan cargo de las competencias correspondientes, sin esperar estatutos largamente discutidos por las Cortes, de modo que nadie haga cola porque otros pasan delante, sino que camine cada cual a su aire, al ritmo que, a su juicio, mejor le convenga. Y ojalá nadie se equivoque; pero, si alguno yerra, que sea por culpa suya y no porque le obligaron a retrasarse o a adelantarse más de lo que él quería. Y asi nadie tendrá envidia, ni celo, ni recelo, ni animosidad, ni querrá tomarse revanchas contra nadie.

Porque habrá habido equidad, no iniquidad. Y habrá habido sencillo sentido común, no complicada habilidad que, en su afán de hallar la solución más adecuada para cada caso, va a caer en la solución más inadecuada para el conjunto. Con lo que las partes, que son partes precisamente de ese conjunto, no podrán sino salir perjudicadas.

Esta receta no es solamente la que mejor contentará a los federalistas por ser la que más se ciñe a sus principios. Puede contentar también a quienes, sin ser federalistas, son autonomistas, con tal que no figure el término «fedérala, el cual no es en modo alguno indispensable. No tiene por qué disgustar a los particularistas periféricos, que han de lograr con ese régimen, para sus entidades respectivas, una esfera de competencia tan amplia como con cualquier otro de los que hoy pueden prosperar. En cuanto a quienes temen por la unidad de España, ojala sepan ver que su mejor y más eficaz argamasa es el abstenerse de suscitar entre los españoles disputas de prioridad y resentimientos causados por las diferencias de trato. Y a quienes van diciendo por ahí que la autonomía de este o del otro país o región debe ser distinta de la de los demás, contestémosles que, si es distinta, ha de serio por el uso que de ella haga, no por la posibilidad que de utilizarla se le ofrezca. De no ser así, ni salvaremos el escollo ahora ni evitaremos mañana el marasmo. Y de ser así, quizá el escollo no pueda salvarse, pero el marasmo se evitará.

JOSÉ MIGUEL DE AZAOLA

 

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