Autor: Pinillos, Pedro José. 
   Las dimensiones óptimas agrícolas     
 
 Diario 16.    16/08/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Martes 16 - agosto 77 / DIARIO 16

Las dimensiones óptimas agrícolas

Pedro José Pinillos

Se dice que la dimensión óptima de una empresa depende muy principalmente del nivel de la técnica, de

las dimensiones del mercado, así como de la naturaleza y estructura de la demanda. Este concepto así

concebido entra más bien dentro de una panorámica industrial. La conceptuación del óptimo,

agrícolamente considerado, abarca el de aquella finca que es explotada a pleno rendimiento; es decir,

utilizando maquinaria, semillas selectas, fertilizantes, riego, etcétera, y con la máxima productividad.

En estas condiciones, parece mucho más normal que el concepto del óptimo agrícola se centre en las

grandes fincas, que permiten un mayor uso de la maquinaria, así como mejores perspectivas en la división

del trabajo.

Los latifundios

Ahora bien, una gran propiedad agrícola, por suerte, no es un latifundio. Es latifundio cuando la finca no

está debidamente cultivada, A juicio de la FAO, en España, hace escasos años, estimaba que existían

cerca de los doce millones de hectáreas susceptibles de ser consideradas como latifundios.

El problema del latifundio no radica, pues, en la extensión del terreno que comprenda la finca. En Estados

Unidos, por ejemplo, nuestros latifundios son simples parcelas comparadas con las enormes fincas que

forman parte de su territorio. El problema del latifundio está en el sistema capitalista de su explotación, en

la escasa rentabilidad que se saca al suelo.

La razón de ser primordial de la existencia actual de los latifundios en España está en que para una sola

familia propietaria del terreno, la rentabilidad, aunque ésta sea escasa, es suficiente. No hay que olvidar al

respecto que, según datos catastrales, un poco más del 0,85 por 100 del total de las personas propietarias

de terrenos poseen fincas superiores a las 100 hectáreas. De ellas, a su vez poco menos del 0,70 por 100

del total tienen fincas superiores a las 1.000 hectáreas, y por último, algo más del 0,65 por 100 poseen

fincas superiores a las 5.000 hectáreas. Es decir, que en el mejor de los casos, menos del 1 por 100 del

censo total de propietarios poseen terrenos superiores a las 100 hectáreas.

El latifundio constituye un auténtico atentado al desarrollo económico de una nación por cuanto

constituye un criterio extremadamente privado de "uso y abuso del terreno", sin ninguna consideración a

las características sociales que debe tener un moderno Estado.

Una posible solución

A nuestro juicio, una moderna reforma agraria debería estar fundada en la prospección de los citados

latifundios, empezando por un estudio edafológico del suelo, calidad del mismo, substancias fertilizantes

de las que carece, etcétera, para ver sus posibles capacidades de producción. Una vez realizada tal función

por parte de equipos del Gobierno, presentar a los propietarios dos opciones: o capitalizar la producción,

situando sus rendimientos agrícolas al mismo nivel que otros terrenos que estén en condiciones similares

en Europa o Norteamérica, o la expropiación, indemnizada, desde luego, por causas de tipo social,

poniendo en manos de cooperativas agrícolas o grupos comunales esos terrenos para una explotación

eficiente.

El problema está en la concesión posterior de créditos a las cooperativas agrícolas para la compra de tales

tierras, habida cuenta que, en el cómputo de los citados créditos deberían incluirse las inversiones

necesarias para la compra de tractores, maquinaria, fertilizantes, semillas selectas, etcétera, pues de ese

modo se posibilitaría el aumento de la productividad agrícola, de que tan necesario está hoy el campo.

El latifundio, caracterizado por una explotación acapitalista debe desaparecer, por cuanto significa de

técnica primitiva, escasa productividad, paro estacional y encubierto, emigración por escasez de salarios,

así como una reducción de la producción agraria, con subsiguientes elevaciones de precios en el mercado.

En una palabra, graves inconvenientes para toda la gran colectividad social que significa España.

Es evidente que se darán presiones de los grupos partícipes de los grandes latifundios, que se opondrán,

como siempre lo han hecho, a todo cambio en la propiedad del terreno, pero ante un ser o no ser de un

moderno Estado social, no caben fórmulas negativas. La prerrogativa de esos citados grupos tiene que

ceder. No cabe otra fórmula ante la fuerza de una institución gubernamental. A menos, claro es, que sin

tantos miramientos se proceda a una colectivización agraria, que creemos sería bastante más nefasta para

los intereses de los propios latifundistas. Deben pensar éstos que del mal, el menos, y pensar también que

España no puede seguir manteniendo fincas prácticamente improductivas por mucho que algunos

propietarios las tengan adjudicadas desde la primitiva Reconquista por parte del rey Don Pelayo hasta los

momentos actuales.

 

< Volver