Autor: JOVELLANOS. 
   La política agraria, sin definir     
 
 ABC.    14/08/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

ABC. DOMI INGO, 14 DE AGOSTO DE 1977.

LA POLITICA AGRARIA, SIN DEFINIR

Por JOVELLANOS

EL verano, especialmente en su última mitad, es época conflictiva. Resulta lógico que de haber

conflictos en el campo sea en esta época. Han terminado las labores y hay tiempo de sobra.

En estos momentos los hay en abundancia: el planteado por lo cerealistas de la Rioja, quienes no han

encontrado en otras provincias (excepto quizá en Zaragoza, donde se ha hecho una declaración de

identidad en las reivindicaciones que a poco compromete) el apoyo que pensaron obtener: hay otro, el

mismo de cada año, planteado en Badajoz a la hora de recogida del tomate; en Toledo se anuncian

tractores en la carretera a causa de las patatas: los olivareros se adelantan a la recogida de la aceituna para

pedir, exigir sería la palabra adecuada, comprensión por parte de la Administración del Estado.

En realidad todos ellos constituyen muy poco dentro de un conjunto de las magnitudes, humanas y

espaciales, del agro español; pero el hecho de que sean brotes localizados y esporádicos no permite

minimizar el problema. Este existe, sus brotes visibles quizá no den la medida que tiene la parte

sumergida de ese iceberg de inquietudes que es el agro español.

EL SECTOR AGRARIO ES DISTIN-TO. - Los conflictos que el sector agrario plantea tienen un punto

común con los que se producen dentro de los demás sectores, industria o servicios; pero ahí acaba la

similitud, en los tres sectores el origen nace de la necesidad de una mayor remuneración: pero si en los

sectores secundario y terciario se manifiesta a través de la exteriorización de un desacuerdo entre

trabajadores asalariados y las empresas, en el campo los problemas se plantean entre empresarios -

pequeños o grandes; a veces, pequeños y grandes - y la Administración pública. Es raro, aunque a veces

se produce, el conflicto entre la empresa agraria y sus trabajadores.

Esta peculiaridad del sector agrario de considerarse en conflicto con la Administración del Estado, con el

Gobierno, no es privativa de España. En todos los países de la Europa occidental, excepto tal vez en

Inglaterra, ha sucedido lo mismo. Los conflictos entre agricultores y Gobiernos tuvieron manifestaciones

exteriores de extremada violencia tanto en Francia como en Bélgica, Alemania e Italia: sobre todo durante

el tiempo que tardó en" concretarse la política agraria de la Comunidad Económica Europea. Aún hoy se

producen periódicamente incidentes locales en las zonas meridionales de Francia e Italia, zonas cuyas

características agrarias propias han quedado desdibujadas en el conjunto de la política agraria de la

Comunidad, debido al mayor peso específico de las agriculturas situada más al norte.

EL ESTADO PATRÓN. - En realidad lo que sucede, tanto en los países de la Comunidad Económica

Europea, como en España, salvando las naturales diferencias, es que, al asumir de hecho la facultad de

fijar los precios de los productos agrarios, precios de los que dependen fundamentalmente los ingresos de

los agricultores y ganaderos, los Gobiernos se han constituido en algo muy similar a los derentes de una

magna empresa: la agricultura de cada país. Empresa en donde cada agricultor es un trabajador que cobra

en especies, pero cuya contrapartida en dinero depende del valor que se le otorgue a los productos que el

campesino vende. Y este valor, teóricamente concertado entre las partes, en realidad está fijado por los

Gobiernos de forma casi unilateral.

De aquí que la lucha de los empresarios del campo para lograr una mayor remuneración por su trabajo lo

lleven a enfrentarse necesariamente con la Administración.

LA FALTA DE UNA POLÍTICA AGRARIA. - Es un hecho que en los países del Mercado

Común la conflictividad campesina ha ido disminuyendo a medida que la política agraria de la

Comunidad ha ido concretándose.

En España, y desde hace muchos años, los gestores de la política agraria vienen insistiendo en que la sola

política de precios es incapaz de resolver los problemas agrarios. Es verdad, pero también es verdad el

hecho de que la mayor parte del inmenso cúmulo de normas jurídicas aparecidas en los últimos cuarenta

años son disposiciones conyun-turales sobre precios y subvenciones, que viene a ser lo mismo.

No existe en toda la numerosa legislación agraria española una normativa orgánica clara que señale unas

metas lo suficientemente atractivas para el campesino, ni un camino practicable para alcanzar dichas

metas.

De aquí que sea el tema de los precios el campo en que el sector agrario tenga que dar la batalla. De aquí

también el que esporádicos brotes conflictivos, localizados en el tiempo y en el espacio, sean tan sólo

afloraciones visibles de un tremendo mar de fondo que existe, aunque esté soterrado. - J.

 

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