Autor: Meilán, José Luis. 
   Las autonomías en borrador     
 
 ABC.    31/01/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

LAS AUTONOMÍAS EN BORRADOR

QUE Estado, qué forma de Gobierno, qué sociedad, son las tres preguntas fundamentales a las que una Constitución debe responder. Interrogantes no ciertamente especulativos, sino inquietantes cuestiones vinculadas a momentos germinales de un Estado o de un período nuevo de su historia. Un análisis de lo que el anteproyecto de Constitución contesta resulta indispensable para emitir un juicio de valor sobre esa norma que aspira a regir duraderamente la convivencia de los españoles desde este año 1978.

¿Qué Estado? "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho*, son las palabras iniciales del anteproyecto. Definición, sin duda, correcta en cuanto al fondo; más aún: obligada a la altura del momento en que se formula. Pero, como es obvio, el tema no queda agotado. Hay que ir más allá, a aquellos artículos que se refieren a ese término popularizado de «las autonomías», para completar la respuesta.

El ejercicio es muy ilustrativo porque la impresión que deja la lectura del anteproyecto es de vacío. No se aprecia el patrón del Estado que se propugna. El Estado del anteproyecto no es, confesadamente. ni un Estado federal, ni un Estado unitario, ni un Estado regional. La Constitución de 1931 se arrancó con una expresión poco afortunada; aquella de Estado integral. Aquí, por si acaso, no se adelanta calificación alguna. El Estado que contempla el anteproyecto no pasa de ser, según exégesis oficiosa, «regionalizable».

Esta indefinición en un punto tan esencial me parece alarmante. ¿Cómo pueden los constituyentes desentenderse del destino final del barco que ahora está en gradas a punto de ser botado? La estructura fundamental del Estado no parece que deba construirse al modo de una figura de plastilina. Pero se trata de una indiferencia solo aparente, como veremos. Lo que sucede es que el tratamiento constitucional de esta materia está penetrada de contradicciones, de oscuridad. Si se me permite, diría que el espíritu objetivo al que haya de atribuirse la autoría parece mostrar síntomas de dicotomía entre lo que desea y lo que teme, con vacilaciones y paradas a medio camino psicológicamente significativas.

El artículo 60 del anteproyecto, al decir que «el Senado se compone de los representantes de los distintos Territorios ´Autónomos que integran España*, parece inclinarse, por la fórmula de Estado regional, del tipo italiano. El régimen de los territorios autónomos, con su Consejo de Gobierno y su Asamblea, se orientan, aunque pudibundamente en cuanto a los nombres, en esa dirección. El anteproyecto, sin embargo, no apura sus consecuencias. Adoptar este modelo supone decir con toda claridad cuáles son las regiones. Así lo hace la Constitución italiana. El anteproyecto elude esa enumeración, por razones comprensibles

El resultado es que esa concepción brillante del Senado como Cámara de las Regiones a que parece responder el anteproyecto queda sin sentido porque requeriría la minucia de determinar precisamente de qué regiones se trata.

Tampoco en la Constitución de 1931 se incluía un mapa regional. Cierto. El constituyente republicano —con muy buen criterio, a mi juicio—ante tas dificultades que el tema suscitaba, optó por la libertad frente a la generalización por imperio de la Ley. El preconstituyente de 1978 parece seguir este rumbo al dejar la iniciativa del proceso autonómico a sus protagonistas. Pero es también sólo apariencia. Porque se liga autonomías y Senado —que no existía en la Constitución republicana— y de una manera beligerante.

El preconstituyente de 1978 no respeta realmente esa libertad de iniciativa; fuerza a que las actuales provincias —sin excepción— se agrupen en diversos territorios autónomos.

¿Qué provincia va a quedar al margen de esa elección forzosa si ello le supone verse privada de representación en el Senado?

Evidentemente, el actual preconstituyente no es neutral; quiere un Estado regional, pero con un punto de precaución o de cuquería, no lo declara. El constituyente republicano del 31 resulta más sincero y más prudente. No impuso la autonomía a nadie, ni la reconoció sólo a unos pocos, ni impidió que cualquiera que aspirase a ella (a obtuviese. El anteproyecto, por el contrario, generaliza oblicuamente la fórmula, la impone sutilmente, siguiendo el impulso de la carrera hacia las «preautonomías» que estamos presenciando. Parece como si con esta generalización del fenómeno autonómico se pretendiese diluir la intensidad de unos casos singulares cuyo tratamiento diferenciado corriese el riesgo de ser presentado como privilegio.

El anteproyecto acuña la expresión territorios autónomos, como única categoría jurídico constitucional con régimen propio. Podrán diferir unos y otros de acuerdo con tos estatutos que se aprueben: pero, en todo caso, serán diferencias cuantitativas, relativas a unas competencias de más o de menos. Tan es así que esas diferencias verosímilmente van a provenir más de la potencia económica del territorio en cuestión que de la fuerza de los vínculos que existan en una comunidad y de la profundidad de su autoconciencía colectiva.

¿Cuál es, entonces, la significación de ese polémico par terminológico —nacionalidades y regiones— que ha aterrizado en el anteproyecto sin el mínimo equipaje de precisiones jurídicas? Si se opta por la solución generalizada de une categoría única —territorio autónomo— ¿por qué esas concesiones a la semántica? Si, por el contrario, se quiere aludir a dos realidades sociológicas diferentes, es menester explicitar sus con secuencias, como sucede en la Constitución italiana, que distingue y enumere las regiones de estatuto extraordinario —únicas que existieron durante casi vete te años— y la de estatuto ordinario.

El anteproyecto se debate en un clima de presiones contradictorias y me temo que la vía elegida no contribuya a disminuir los problemas. En unos casos va a resultar insuficiente y en otros va a propiciar creaciones artificiales de territorios autónomos; porque unos demandan autogobierno y poder legislativo y judicial en sentido estricto y otros reclaman primariamente una lucha eficaz contra los desequilibrios y las injustas desigualdades entre las distintas partes de ese todo común que es España, un ejercicio más racional y más próximo y —en definitiva— más democrático de los poderes locales y de la Administración del Estado.

Son muchas las piezas de este rompecabezas autonómico, que es preciso recomponer con sumo cuidado. Pienso que el Senado, si existe, no debería enlazarse exclusivamente con los territorios autónomos, sino contar como base de su representación territorial, por regla general con las provincias —mucho mayores que las italianas y que los Departamentos franceses— y eventualmente con los territorios autónomos que se constituyan; que la iniciativa de cada comunidad para escoger su régimen de autonomía debe estar libre de presiones indirectas; que quizá fuese más ajustado a la realidad reservar la categoría de territorio autónomo a aquellas comunidades que por la autoconciencia de sus peculiaridades justificase además de autogobierno, órganos legislativos y judicíales; que, en definitiva, la elección de modelo de Estado regional es una decisión precipitada y artificiosa a la que no anima precisamente la experiencia que recuerda.

¿Qué Estado? Son demasiadas las incertidumbres que arroja la regulación de las autonomías para el trascendental papel que han de jugar. Aquí, el anteproyecto no pasa de borrador.

José Luis MEILAN GIL

 

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