Orden público y educación en las autonomías     
 
 ABC.    14/03/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

ORDEN PUBLICO Y EDUCACIÓN EN LAS AUTONOMÍAS

Según la propuesta constitucional de Unión de Centro Democrático, el Estado tendrá todas las competencias no atribuidas expresamente a los entes económicos. En ella también se declaran, entre otros propósitos, el de mantener una lógica igualdad de derechos para todos los españoles.

Viene este preámbulo a cuento de determinadas particularidades que cabe prever en cuanto las autonomías cristalicen en la estructura formal de nuestro país, tras el espaldarazo de la Constitución. Tratábamos días atrás, en estas mismas columnas, a modo de introducción, sobre la especial interrogante que plantea ja significación práctica de las autonomías, en relación con el contexto nacional, y anunciábamos nuevas insistencias acerca de otros asuntos —en principio aludíamos a la Sanidad y & la Planificación Energética—de índole, asimismo, nacional en su planteamiento concreto, en el ámbito de cada región. Así abordamos hoy, en primera aproximación, los relativos al Orden Público y a la Educación, conscientes de que él arsenal de obligadas interrogantes no se acaba tampoco aquí y ahora.

En países de estructura federal, caso por ejemplo de los Estados Unidos, conviven varios organismos dedicados a velar por el mantenimiento del orden público, con la diferencia de su jurisdicción. Unos exclusivamente limitados al territorio de cada Estado y otros de carácter federal con autonomía en todos y cada uno de los territorios de la nación.

¿Cómo se articulará aquí esa estructura de orden? Contamos en estos momentos con un Cuerpo General de Policía y con una Guardia Civil, de carácter nacional, que no cabe imaginar minimizados en sus atribuciones ni reducidos en su ámbito: Puede pensarse en una Guardia Regional, donde estarían integradas las fuerzas correspondientes a cada Municipio, cada provincia, pero no parece conveniente dejar en el aire la formulación de atribuciones y competencias. Urge una definición y una ordenación absolutamente meridianas. Con el orden no puede jugarse, ni caben ambivalencias engañosas ni oscuridades.

¿Y en la esfera educativa? ¿Habrá distinciones en cuanto se refiere a planes de estudio o política de enseñanza entre las regiones, aparte del lógico aprendizaje del otro idioma oficial, en aquellas que lo tengan, caso de Cataluña, de Vasconia o de Galicia, por ejemplo? ¿Servirán unos textos similares, unos programas parecidos en todo el territorio nacional? ¿Se crearán equipos regionales de maestros, profesores y catedráticos, o seguirá vigente la actual estructura que concede un nivel nacional al estamento docente?

No estamos en condiciones sino de Imaginar las respuestas. Pero éstas, que corresponden Indiscutiblemente en sus planteamientos y formulación al Gobierno en primera Instancia y al partido en que se apoya, y al Parlamento en cuanto a discusión de unas propuestas concretas, deben ser contestadas cuanto fin tea.

 

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