Autor: García Iglesias, Gonzalo. 
   Autonomías y política económica     
 
 Informaciones.    02/03/1978.  Página: 5,7. Páginas: 2. Párrafos: 25. 

ECONOMÍA ESPAÑOLA

Autonomías y política económica

Las autonomías son consecuencia de un proceso de

reivindicación política en la que se entrecruzan factores culturales, históricos, étnicos y económicos.

En este último aspecto es presumible que la desaparición del hipercentralismo estatal, con la paralela creación de Gobiernos regionales, introducirá importantes modificaciones en la formulación de la política económica. Los poderes autonómicos representan nuevos centros de decisión que van a reclamar para sí altos niveles de competencia en materias económicas.

Por otro lado, es también presumible que el espacio económico nacional no va a desaparecer, como tal, fragmentándose en subespacios, separados por barreras económicas similares a las que existen entre las naciones. El límite insuperable de cualquier autonomía viene dado por la imposibilidad de que cada región establezca sus propios sistemas monetario y fiscal y lleguen a existir barreras aduaneras al comercio interregional, a los movimientos interregionales de capital y a las migraciones interregionales de mano de obra. Pretender esto supondría una tremenda aberración política y, sobre todo, económica.

Existen, sin embargo, conjuntos de materias económicas, tales como ordenación del territorio,

construcción de viviendas, medio ambiente, etc., en las que las transferencias de la capacidad de decisión, entendiendo por tal al poder legislativo y ejecutivo, a favor de los entes regionales resultarán muy amplias. En general, cuando los problemas económicos se manifiestan como vinculados en gran medida a un espacio regional concreto y limitado, es posible suponer que pueden ser más eficazmente resueltos en cuanto que la capacidad de decisión sobre ellos sea competencia del poder regional.

LA CONCENTRACIÓN REGIONAL DE LA RIQUEZA

Una de las cuestiones económicas que más atrae la atención de los planteamientos autonomistas, especialmente cuando éstos se refieren a las regiones más relativamente deprimidas, es la diferencia en los niveles macroeconómicos regionales de producción y rente, que se hace manifiesta mediante la comparación de las rentas «per capita» regionales.

Un proceso de crecimiento económico en muy poca medida controlado, y un poder político muy poco dispuesto a actuar en profundidad en este campo, no han contribuido, durante muchos años, sino a exacerbar estas diferencias. Puede, sin embargo, estimarse que las mismas no son sino consecuencia inevitable del propio acontecer económico. El crecimiento económico continuado tiende, por sí mismo, a la concentración locacional de sus sectores mas progresivos en determinadas áreas del espacio nacional, hacia, las que se mueven tanto los recursos de capital como los de mano de obra excedentes de las reglones más subdesarrolladas. Asi, en toda economía nacional, se provoca una profunda división interregional del trabajo, es decir, una determinada especialización productiva en el doble sentido sectorial y regional.

Las regiones más ricas de nuestro espacio económico nacional se caracterizan por su aglomeraciones industriales y de servicios. En contrapartida, en las regiones menos ricas la producción es fundamentalmente de origen primario, agricultura, pesca, minería. El drenaje de remases de capital y mano de obra que sufren estas últimas en favor de las primeras es, pues, continuo, va que estos recursos se mueven buscando su empleo más productivo y rentable, que sólo encuentran en la aglomeración industrial. En estos supuestos» la consecuencia última del crecimiento económico se traduce en acentuar la polarización de la riqueza: las regiones más ricas tienden a serlo cada vez más respecto a las menos ricas.

Por otro lado, también resulta observable que en las regiones más ricas las oportunidades de inversión decrecen más rápidamente que en las menos ricas, que, a este respecto, pueden, en algunos casos, presentar cierta virginidad en cuanto a inversiones rentables. Este hecho induce un movimiento de capitales de sentido contrario al anteriormente expuesto, pero no como movimiento de retorno, sino como movimientos cuyo origen hay que buscar en las clases empresariales de las regiones más ricas, cuyo ahorro se mueve también a la busca de inversiones más rentables, que, a su vez, sean capaces de generar una comente de beneficios hacia esas mismas regiones.

En todo caso, se puede estimar que el movimiento neto de capitales toma el sentido de las regiones menos ricas hacia las más ricas.

EL «DESPEGUE» ECONÓMICO REGIONAL

Partiendo de la consideración de que el sector industrial es el que más decididamente actúa como factor del crecimiento, es obvio el interés que muestran los autonomistas de las regiones más deprimidas por la industrialización. Sólo en la medida en que exista una industria regional de suficiente entidad tendrán estas regiones la posibilidad de provocar su crecimiento, o de acelerado si ya existe.

Al imponer trabas a la circulación interregional de capitales se supone que en alguna medida se está contribuyendo a ello. Sin embargo, no se pueden ignorar, al proceder así, ni los costes de oportunidad de las inversiones, que en algunos casos se podrían originar, ni los efectos distorsionantes que se introducirían desde la perspectiva nacional de una óptima asignación de recursos.

Los capitales de origen regional retenidos en su misma región, si dan lugar a la existencia de unos recursos financieros disponibles para la inversión en la misma, pueden significar una importante contribución al despegue industrial regional, pero

también pueden significar un exceso de ahorro que no encuentre oportunidades de inversión.

En el primer supuesto, las vías de inversión seran las empresas industriales ya instaladas, siempre que se encontrasen en fase de expansión, la creación de nueves empresas, dando origen a una pujante clase empresarial regional o a un «holking» de empresas públicas regionales o a ambas a la vez, o por la vía de atraer empresas localizadas en otras zonas ante las facilidades del crédito regional. Ahora bien, desde el punto de vista de una cierta racionalidad económica, las decisiones de localización empresarial aparecen íntimamente ligadas a las decisiones de dimensión, a su vez directamente influenciadas por la extensión e intensidad de la demanda de su mercado.

A partir de cierto nivel de producción, las empresas considerarán que su objetivo es atender una demanda nacional, ya que en otro caso podrían verse condenadas al raquitismo productivo y, consiguientemente, sus efectos expansivos sobre la renta regional serían muy bajos, cuando no prácticamente nulos si su exceso de capacidad productiva es considerable.

Podrían, en relación con lo anterior, introducirse matizaciones importantes respecto a algunos tipos de industria, para los que los supuestos que hemos visto no resultarían plenamente válidos.

No obstante, estas matizaciones no invalidarían totalmente las argumentaciones de fondo. Si partimos, pues, de considerar un mercado nacional, como determinante del dimensionamiento empresarial, cuanto menos significativos sean los costes financieros y las facilidades de crédito en relación con los costes de localización de determinada región, existirá una mayor tendencia, en el supuesto de retenciones obligatorias de capital, a que en esa región se origine un exceso de ahorro Improductivo, tanto más elevado cuanto más altos sean los costes de localización en ella.

Respecto a la reación de empresas públicas regionales, los argumentos expuestos pueden ser perfectamente válidos, si lo que se pretende es que estas empresas sean rentables.

EL GASTO PUBLICO

Podría también presumirse que mediante una adecuada distribución interregional del gasto público nacional, efectuada independientemente de la consideración del origen regional de los ingresos impositivos y tendente a reducir las diferencias interregionales en dotaciones infraestructurales, de tal manera que fuese posible reducir los costes de localización empresarial en determinadas regiones, se contribuye a elevar los niveles de producción y renta de éstas. Esto es cierto, pero nunca total y absolutamente.

Aun cuando el gasto público genera efectos multiplicadores importantes, éstos muy pocas veces serán de cuantía suficiente como para garantizar el despegue industrial. Por otro lado, su distribución regional tiende a seguir los movimientos de concentración de la riqueza, que suponen aglomeraciones industriales y poblacionales. Estas aglomeraciones originan una demanda de servicios públicos —educación, carreteras, sanidad, etc.—, que es siempre mayor, absoluta y relativamente, en las regiones más ricas que en las menos ricas.

En algunos planteamientos autonomistas esta distribución del gasto público se presenta como muy poco equitativa. Pero mediente ella, el Estado no sólo está contribuyendo a atender necesidades concretas de una región, sino que existen cuantiosas inversiones públicas que, localizadas regionalmente, atienden nenecidades supragegionales. Es también posible admitir que el gasto público funciona a veces como elemento, que contrarresta el movimiento, neto interregional de capitales que, tal como antes se apuntó, se mueve de las regiones pobres hacia las ricas, al realizar inversiones cuantiosas para la atención de problemas económicos específicos de las primeras o necesarias desde la perspectiva nacional.

LA AUTONOMÍA NO ES UNA PANACEA ECONÓMICA

Con lo hasta aquí expuesto, únicamente se trata de prevenir del peligro de nulificación de las autonomías como panacea para la resolución de males economices endémicos que sufren determinadas regiones. No se pretende negar, en absoluto, la posibilidad de que la capacidad de decisión regional en materia económica pueda contribuir a paliar aquéllos. De lo que se trata es de dirigir, la atención hacia la evidencia de que en economía todo depende de todo, y de que, en este sentido, incluso problemas económicos específicamente adscritos a una región concreta, pueden desbordar ampliamente la posibilidad de ser tratados y resueltos correctamente en un estrecho marco de miras circunscrito regionalmente.

Para llegar a esta conclusión hemos planteado un ejemplo concreto: las posibilidades de crecimiento regional en relación con las diferencias interregionales de producción y renta y la actuación sobre dos variables económicas fundamentales, la inversión y el gasto público, fijándonos más en señalar sus limites que en otra cosa.

En todo caso, es obvio que los planteamientos económicos autonomistas no deberán olvidar la doble perspectiva intrarregional e interregional, ya que los efectos consecuentes a cualquier decisión regional en materia

(Pasa a la pág. siguiente.)

2 de mayo de 1978

INFORMACIONES ECONÓMICAS

AUTONOMÍAS Y POLÍTICA ECONÓMICA

(Viene de la pág. anterior.)

económica se expanden a través de múltiples cauces hasta afectar a la economía nacional en su conjunto. En la medida en que de una decisión económica regional puedan deducirse efectos negativos sobré otra u otras economías regionales, cuya cuantía sea relativamente más importante que los efectos positivos que deriven para la región que toma esa decisión, aparecerá un claro limite a las facultades de decisión económica de los entes autonómicos.

Por su lado, las decisiones del poder central no podran suponer la concesión de especiales privilegios ni la causación de perjuicios específicos, para una o mas de cada una de las regiones, siempre unos y otros puedan ser conscientemente evitados.

Como primer resultado de estas consideraciones, cabe establecer que el reparto de competencias en materia económica, entre el Estado y los entes regionales, deberá efectuarse de manera que cada uno de estos últimos disponga de los mismos instrumentos de política económica que cada uno de todos los demás. A su vez, estos instrumentos deberán ser lo suficientemente consistentes y efectivos para que se pueda hablar

de la existencia cierta de una política económica del poder regional. Pero también deberán ser lo suficientemente limitados para que de su utilización por el poder regional no puedan derivarse efectos no deseados desde la óptica de la política económica nacional. En este sentido, el reparto de competencias en materia económica del anteproyecto constitucional parece obedecer a las anteriores consideraciones y puede calificarse de acertado.

LOS OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

En el supuesto de que se llegase a una situación de equilibrio en el reparto de competencias, subsistirían, no obstante, importantes problemas de coordinación entre la política económica formulada por el poder central y la formulada por el poder regional. Estos problemas de coordinación serán tanto más graves cuanto más recesiva sea la situación de la economía nacional en su conjunto.

Las condiciones actuales de la economía española son de sobra conocidas y los objetivos psimordiales de, política económica aparecen jerarquizados en: contención de la inflación, corrección del desequilibrio exterior y elevación del nivel de empleo.

En estas condiciones no resultaría ningún acierto gubernamental establecer, en su política económica, la prioridad en la corrección de las desigualdades regionales. En estas mismas condiciones, las medidas de política económica de los poderes regionales, tendentes a elevar la renta «per capita» regional, podrían resultar, con mucha probabilidad, totalmente ineficaces si ce tomasen a contrapelo de los objetivos de la política económica gubernamental.

Para corregir determinadas situaciones es posible que, sin embargo, la política económica gubernamental deba conceder prioridad a algunos problemas específicos de alguna región.

Esto es especialmente cierto en los casos de focos de desempleo con tasas superiores con mucho a la media nacional. Pero esta prioridad resultará más como derivación del coste político que estas situaciones pudieran comportar que como consecuencia de su consideración en términos estrictos del análisis económico del modelo de economía de mercado las medidas de política económica serán, pues, muy limitadas al respecto y en ningún caso van a suponer una reconversión jerárquica de objetivos.

Por otro lado —resulta pueril el decirlo—, en las épocas de auge económico todos estos problemas de la desigualdad regional son de más fácil solución. Los movimientos migratorios que acompañan a la expansión tienden a paliar los focos de paro. Asimismo es indudable que tanto la creación de empresas como sus cambios de localización son más fáciles en la expansión.

En la medida en que se consideren acertadas las argumentaciones anteriores se puede llegar a establecer que el contenido económico de algunos planteamientos autonomistas obedece más a motivaciones de captación del voto regionalista que a la consideración de los problemas económicos regionales desde el encuadre del análisis económico. El entonar cantos de sirena en la cuestión autonómica es fácil y puede ser rentable a corto plazo; ahora bien, el peligro que en este caso se corre es que una vez lograda la autonomía ésta se rompa en las manos de la política económica del poder regional. Prevenir de ese peligro es el único propósito de este articulo.

 

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