Autor: Sánchez Agesta, Luis. 
   El Estado autonómico     
 
 Diario 16.    01/09/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

1 septiembre-78/Diario 16

E1 Estado autonómico

Una vez que quede definitivamente aprobado el proyecto de Constitución, el artículo 2.°, que ya pasó por la aduana del Senado, definirá una nueva forma de Estado, que ya está anunciado en las preautonomías. Debemos tener plena conciencia de la novedad de ese hecho. Y quizá de su gravedad.

La división provincial significa algo más que una mera división administrativa. Realizada por Javier de Burgos sobre lo que Hauriou llamó la constitución administrativa de Francia, dividía el país como un tablero de damas en partes homogéneas, con una organización y una red de autoridades idénticas que eran en el fondo, más que una división territorial de poder, una articulación jerárquica de poder, instrumento de una centralización.

Esa nueva forma de organización del Estado no implica una descentralización administrativa, sino algo nuevo que responde en cierta manera a la forma histórica de constituirse la unidad de España, desde la Reconquista a la Edad Contemporánea, bajo el impulso nacionalizador de la Monarquía. Una cosa nueva parece que debe tener un nombre nuevo. No nos sirve llamarlo Estado federal, porque sin duda faltan caracteres sustanciales de esa forma de Estado. No tuvo fortuna la expresión integral que la República de 1931 adoptó, tomándola del profesor alemán Preuss. La misma expresión Estado regional, aceptada en Italia, tropieza en España con la resistencia de algunas comunidades a llamarse regiones. Podríamos llamarlo Estado autonómico, en cuanto es un Estado nacional que reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones sobre las que se ha constituido en la historia.

Una clara diferencia

La diferencia con el Estado federal es clara. El Estado federal » funda en un pacto de entidades preexistentes con un poder constituyente originario. La reforma de la Constitución exige una voluntad concorde de esas entidades soberanas que llegaron a un acuerdo para su vida en común.

El Estado español, como Estado autonómico, se identifica como un Estado nacional que reconoce una sola soberanía nacional, con un poder constituyente, que reconoce y garantiza el derecho á la autonomía de las nacionalidades culturales y las regiones históricas que contribuyeron a su formación en el decurso de siglos.

No se hace hoy España, sino que se asume su historia. Por eso las reconoce y no las constituye simplemente por un acto de soberanía. Atiende a una realidad histórica y a una voluntad actual, que se manifiesta bajo la forma de una petición de las entidades representativas de cada región o por la aprobación en referéndum de un estatuto.

Pero el estatuto es aprobado por las Cortes y por el Rey.

La unidad y la primacía de la nación española, como nación política genuina frente a las nacionalidades y regiones, queda subrayada por tres caracteres.

Indivisible.

Es ante todo indivisible o, como dice con desafortunada reiteración el artículo 2.°, indisoluble, lo que significa una negación del derecho de autodeterminación.

Es, además, una nación que ejerce su soberanía en un acto de poder constituyente y que reordena la distribución territorial de su poder, reconociendo el derecho a las autonomías.

Es también una instancia última de decisión que se reserva el derecho a resolver los conflictos en un sistema judicial que tiene sus vértices en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Por último, en cuanto garantiza la solidaridad de las nacionalidades y regiones reconoce un bien público común de todos los españoles.

Es, sin duda, una audacia. Y como todas las audacias, de un destino azaroso. Es quizá el tema crucial de la Constitución y por el que seremos juzgados. Por eso, el que firma estas líneas pretendió con una enmienda, al parecer sólo técnica, que quedaran bien claros los términos de ese nuevo planteamiento político.

Luis Sánchez Agesta

 

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