La semana política     
 
 Informaciones.    07/04/1973.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

EL Consejo de ministros se ha ocupado principalmente de la convocatoria de becas y ayudas, para el próximo curso académico, de la incorporación al régimen especial de la Seguridad Social de los agentes de seguros y de informes sobre materia turística.

El ministro de Industria presentó en las Cortes el proyecto de ley de Minas, que está siendo debatido y que sustituirá a la regulación de 1944 La ley obedece al cambio registrada en nuestra balanza comercial minera, que en los últimos años ha pasado de un superávit de 1.000 millones de pesetas en 1960 a un déficit de 13.000 millones en 1972. Esta desfavorable evolución obliga a un mejor conocimiento y aprovechamiento de nuestro subsuelo. La nueva regulación es, según el ministro, «pieza básica para la puesta en marcha de la política minera, parte, a su ves, importante de la política industrial en su conjunto».

Don Antonio Pedrosa Latas ha dirigido un ruego al Gobierno pidiendo que los procuradores queden al margen de la ley de Secretos Oficiales. El señor Pedrosa estima que «la publicidad de un documento es cosa distinta a la de su conocimiento» y que tías cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas de todos, y de ahí que los órganos del Estado vengan sometidos en su actuación al principio de publicidad, de acuerdo con lo previsto en la ley Reguladora de Secretos Oficiales, de 5 de abril de 1968, sin perjuicio, claro está, de las limitaciones legales al efecto establecidas, a fin de evitar que el conocimiento de ciertas materias por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad del Estado o los intereses fundamentales de la nación. Esta preservación no parece que haya de afectar a los procuradores en Cortes».

Por su parte, don Eduardo Tarragona pide al Gobierno «medidas oportunas para prestar ayuda o asistencia social a quienes perdieron parte de su integridad física o intelectual, quedando incapacitados como consecuencia de heridas recibidas en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939 y no se encuentren acogidos a otro régimen especial de protección o ayuda».

El procurador «familiar» por Madrid don Julio Llantada ha sido condenado por el Tribunal Supremo a un mes y seis días de arresto, más una multa de 5.000 pesetas e indemnización a un agente municipal de 3.000 pesetas por un delito de desobediencia grave a la autoridad y una falta de lesiones. La Comisión Permanente de las Cortes tendrá que decidir si esta condena afecta a la dignidad del procurador, ya que si así fuera éste quedaría automáticamente separado de su cargo y habrían de convocarse nuevas elecciones para cubrir su escaño.

Los procuradores «familiares» mantuvieron en la Cámara una sustanciosa reunión sobre cuestiones que preocupan especialmente a este grupo parlamentario. Los procuradores se esforzaron por unificar criterios sobre temas como la atención a tos mutilados del Ejército republicano, el funcionamiento del Consejo Nacional y la hipotética alteración de la representación «familiar» en la Cámara.

Está reunido —ayer y hoy— el Pleno del Consejo General de la Abogacía Hoy se elegirán los doce puestos vacantes en el Consejo. En este Pleno deberá resolverse un recurso presentado contra la decisión de la «Junta de edad» que rige el Colegio de Abogados de Madrid de suspender todas las reuniones colegiales tras el incidente en el que fue agredido don Jaime Miralles.

Don José María Gil Robles plantea ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo pleito contra la resolución del Ministerio de Justicia de vetar a cinco candidatos a las pasadas (y no celebradas) elecciones del Colegio de Abogados de Madrid.

Desde hace aproximadamente un par de meses, la revista «Cruz Ibérica» estaba «predicando una guerra». Se trata —o se trataba— de una publicación «mesiánica», explícitamente antisemita y sembrada de incitaciones a la violencia. Su director, don Fernando Alcázar de Velasco, acaba de ser detenido como supuesto cerebro del atraco al Banco Atlántico de Madrid. Los cuatro jóvenes que cometieron físicamente el atraco y un empleado en prácticas del Banco que sirvió de enlace también han sido detenidos. Todos son seguidores de «Cruz Ibérica», en cuyas paginas pueden encontrarse sus firmas. Los grupos extremistas, como «Cruz Ibérica», por su nata carga de violencia social, deberían ser objeto de mayor atención «preventiva» por parte de los sistemas de seguridad.

 

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